El principal objetivo de las reuniones entre el gobierno central y el de la Generalitat es poder celebrar otra sesión. Para evitar que diálogo languidezca antes de haber obtenido alguna concreción, están dispuestos a pagar, en el mejor de los casos, el peaje de la interpretación contradictoria de lo que se habla por parte de los mismos protagonistas, y en el peor, la versión malintencionada del pacto secreto contra la unidad de España, recurrente entre la oposición.
La realidad está por debajo de las expectativas de la buena fe y muy alejadas de las insinuaciones apocalípticas. La única novedad tras la reunión entre Carmen Calvo y Meritxell Batet con Pere Aragonés y Elsa Artadi es, además de volverse a ver pronto, que los gobiernos van a dar entrada a los partidos, aunque de momento no saben ni cómo, ni cuales, lo único que intuyen es que una mesa de partidos tiene mayor libertad para hablar tentativamente sobre lo posible y lo improbable que un encuentro gubernamental, cuyas decisiones siempre estarán circunscritas al ordenamiento jurídico. Intentan ganar aire para no ahogarse en el diálogo administrativo.
Al margen de los adversarios políticos reconocidos, cada parte tiene sus propios talibanes siempre dispuestos a provocar los accidentes necesarios para truncar cualquier perspectiva positiva, sean belgas de adopción, extremeños de pura cepa o servidores del Estado poco amigos de las formalidades judiciales. El mérito es que, a pesar de ellos, la noria siga dando vueltas; el premio, de momento, consiste en ganar el tiempo imprescindible para restablecer una mínima lealtad institucional que permita a las partes abordar el fondo de la cuestión, dejar que se vayan abriendo paso posiciones pragmáticas y, de paso, si puede ser, debatir como mínimo los presupuestos generales.
La mesa de partidos fue “valorada como una posibilidad” según la nota conjunta. Para el gobierno central, se trata de dar vida al espacio de diálogo de los grupos del Parlament, impulsado por el PSC y reunido en una ocasión sin más resultado que haberse saludado en ausencia de Ciudadanos, el PP y la CUP. Para Elsa Artadi, debería ser un grupo de trabajo con PSOE, PSC, Podemos, Comunes, PDeCat y ERC, dando por supuesto que PP y Ciudadanos no van a transigir en sentarse con los secesionistas. Para no desairar más de la cuenta a Puigdemont, se insinúa que Podemos-Comunes cumplirían con la exigencia del ex presidente de negociar bilateralmente con una mediación, aunque no vaya a ser internacional sino doméstica y con una visión propia de la salida al conflicto.
Todo esto debe concretarse en un contexto muy difícil. En el parlamento de Extremadura, el PSOE se suma a una moción preventiva (poco elegante, en palabras de Miquel Iceta) pidiendo la aplicación del 155 en Cataluña en cuanto se pueda; en Girona, unas detenciones policiales, sin encargo judicial, de independentistas radicales acusados de alteración del orden público en un episodio ocurrido hace más de tres meses ponen en pie de guerra al entorno soberanista; en el Parlament, JxCat, reabre la reforma del reglamento de la cámara para intentar investir telemáticamente a Carles Puigdemont, por tercera vez, con todas las implicaciones de esta decisión respecto del TC y de sus propios aliados de ERC, totalmente en contra de tomar cualquier riesgo legal con desobediencias inútiles.
También es verdad que el paso del tiempo abre brechas al posibilismo. Javier Melero, abogado de Joaquim Forn, se desmarca de la teoría general de la causa democrática contra el Estado, anunciando una defensa técnica para desmontar las acusaciones del ministerio fiscal, afirmando que él no representa a ningún pueblo ni a ningún gobierno contra nadie, solo a su cliente y que no duda del carácter democrático de España, elogiando incluso al Tribunal Supremo.
Por su parte, Joan Tardà incorpora a su discurso, de forma permanente, un cambio relevante respecto del discurso oficial del independentismo: no habrá solución en Cataluña que no integre a todos los catalanes, rechazando la imposición de un 50% contra el otro 50%. En el Debate en la 1 de TVE, en catalán, admitió que la negociación implica la búsqueda del punto intermedio, lo que supone el rechazo frontal a la idea expresada por Quim Torra y Carles Puigdemont de que lo único de lo que hay que hablar con Madrid es de la implementación de la república catalana. Está por ver, cuanto tiempo necesita el análisis de Tardà en imponerse oficialmente en el Palau de la Generalitat. En el supuesto de que vaya a imponerse.
