La Guardia Civil ha detenido en Cataluña a una mujer, integrante de los Comités de Defensa de la República (CDR) como presunta responsable de la coordinación de los cortes de carreteras y sabotajes en los peajes llevados a cabo por estos activistas en Semana Santa. Lo agentes están practicando registros en la localidad barcelonesa de Viladecans, según las mismas fuentes. La Fiscalía la acusa de los presuntos delitos de terrorismo rebelión y sedición. 

La detención de esta activista ha sido ordenada por el juez de refuerzo del Juzgado de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Diego de Egea, tras una denuncia presentada por la Fiscalía por los delitos, entre otros, de terrorismo y rebelión, según han informado a Efe fuentes del ministerio público.

La mujer difundió en las redes sociales un audio en el que explicaba las acciones y estrategias que iban a llevar a cabo distintos comités y en el que no descartaba extenderlas a los puertos y a Mercabarna. El audio incluía consignas y planes de acción de los CDR.

Campaña para reivindicar la república catalana

Durante la Semana Santa los CDR levantaron barreras en varios peajes de la red viaria catalana, cortaron carreteras y llevaron a cabo sabotajes para reivindicar la "república catalana" y pedir la liberación de los presos soberanistas.

Los CDR ya habían instado en Twitter a los conductores que retornaban de las vacaciones a que no pagaran los peajes. "Durante esta Operación Retorno de Semana Santa, vengas de donde vengas, no pagues ningún peaje" y "No tendrán a quién mandar si nosotros desobedecemos", fueron algunos de los mensajes publicados en esa red.

Durante la última semana de marzo la estación ferroviaria de Sants en Barcelona, la A-2, la N-340, la AP-7 y la Diagonal y la Meridiana, dos de las arterias más importantes de la Ciudad Condal, fueron objeto de cortes y acciones reivindicativas de estos comités.

"Banalización"

Todos los grupos parlamentarios, excepto el PP y Ciudadanos, han criticado que se califique de "terrorismo" las acciones de los CDR. Los independentistas han criticado la deriva autoritaria del Estado, mientras que Podemos ha calificado de "clara barbaridad" esta calificación de la investigación judicial. El PSC también ha visto exagerada esta calificación, aunque ha matizado que las acciones puedan ser condenadas políticamente.

Para Ciudadanos, sólo es condenable la violencia investigada judicialmente, según Fernando de Páramo.