Hablar de vandalismo y de trenes es hablar de más de seis millones de euros. Seis millones de euros que nos cuesta a todos los catalanes y catalanas cada año. Dinero que deja de destinarse a escuelas, hospitales o al mantenimiento de carreteras; en definitiva, recursos que no llegan a los servicios públicos que sostienen nuestro día a día.

La proposición de ley que se ha presentado al Parlament no va solo de trenes pintados. Va de algo más profundo: de civismo, de convivencia y de responsabilidad colectiva. No es únicamente una cuestión de imagen o de estética. Es, sobre todo, un problema que genera retrasos constantes. Retrasos para llegar al trabajo, a una cita médica o a la universidad. En resumen, afectaciones directas en la vida de cientos de miles de usuarios que dependen del transporte público para organizar su rutina diaria.

Estamos ante un problema real de calidad del servicio público. Porque proteger los trenes no es solo proteger infraestructuras físicas. Es proteger un servicio esencial que vertebra el territorio y garantiza la movilidad de miles de personas. Cada acto vandálico tiene consecuencias que van mucho más allá del daño material: implica trenes fuera de servicio, interrupciones, sobrecostes y una pérdida de confianza en el sistema.

Por todo esto es necesario actualizar una legislación que claramente se ha quedado atrás. La ley ferroviaria de 2006 pertenece a otro contexto, a otro momento en el que probablemente no se había dimensionado el impacto real de determinadas conductas. Hoy sí lo sabemos. Hoy tenemos datos, cifras y evidencias que muestran la magnitud del problema. Y cuando la realidad cambia, las normas deben acompañarla si quieren seguir siendo útiles.

La propuesta que se debate busca precisamente eso: tipificar mejor las conductas, adaptar las sanciones a la gravedad de los hechos y reconocer explícitamente que el material ferroviario forma parte de una infraestructura crítica. No parece una revolución ideológica ni una medida desproporcionada. Más bien responde a una lógica de sentido común institucional.

No es una propuesta ideológica; es una propuesta para defender un servicio esencial y garantizar que funcione en condiciones adecuadas. Es también una forma de proteger la inversión pública y asegurar que el esfuerzo colectivo no se vea erosionado por comportamientos incívicos.

Y, sin embargo, conviene no perder de vista el fondo del asunto. Ninguna ley, por dura que sea, sustituirá a una cultura de respeto por lo colectivo. Ninguna multa resolverá por sí sola lo que también es un problema de valores, de educación y de corresponsabilidad social.

Quizá por eso este debate es más importante de lo que parece. Porque habla de trenes, sí, pero en realidad habla de nosotros. De qué sociedad queremos ser. De si entendemos lo público como algo que cuidar o como algo que no tiene dueño y, por tanto, puede deteriorarse sin consecuencias.

Porque respetar lo que es público es, en el fondo, respetarnos entre nosotros.

Y vandalizar lo público no puede salir gratis.

Ivana Martínez, diputada del PSC en el Parlament de Catalunya