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La Comisión Europea (CE) estudiará la queja que Junts formuló sobre la regularización extraordinaria de personas migrantes del Gobierno para determinar si el proceso iniciado el pasado mes de abril respeta la normativa europea. Así lo han anunciado este miércoles los posconvergentes en un comunicado en el que explican que será la Dirección General de Migración y Asuntos de Interior la encargada de analizar la denuncia que presentaron a principios del mes de julio. La formación liderada por Carles Puigdemont ha indicado que obtuvieron respuesta de la CE el 23 de octubre mediante una carta en la que comunicaba que el escrito “ha sido registrado como reclamación” y que sus servicios la “examinarán a la luz de la legislación aplicable de la Unión Europea”.
Según los posconvergentes, la Comisión Europea realizará una primera valoración en los dos meses siguientes al registro de la queja, del cual todavía no consta la fecha exacta. Asimismo, está previsto que la institución de la UE decida en un plazo máximo de un año si requiere explicaciones a España o, por el contrario, opte por archivar la denuncia.
En la denuncia firmada el 1 de julio por la abogada Esther Padró Maristany, en representación de Junts, los posconvergentes reclaman que se estudien diversos puntos del Real Decreto 316/2026, de 14 de abril, por el que se modifica el reglamento de extranjería para abrir el proceso extraordinario de regularización. Entre ellos, que España no avisara a la Unión Europea y a los países miembros, argumentando que “esta medida los afecta porque un permiso de residencia español permite viajar por el espacio Schengen hasta 90 días de cada 180”.
Asimismo, en el escrito, los posconvergentes se quejan de que el real decreto “archiva los expedientes y revoca las órdenes de expulsión de las personas que obtienen el permiso sin distinguir caso por caso, incluidas las que habían confirmado los jueces”. También denuncian que en el proceso de regularización quienes pidieron asilo podían obtener un permiso ordinario si retiraban la solicitud “sin que nadie haya comprobado si necesitaba protección”.
Además, Junts acusa a la regularización extraordinaria de abril de no respetar la diversidad lingüística que se exige en el artículo 3.3 del Tratado de la Unión Europea y el artículo 22 de la Carta de Derechos Fundamentales de la UE. En este sentido, señala que “el real decreto solo menciona el aprendizaje de las lenguas oficiales ‘entre otros elementos’” y que, por lo tanto, “se puede vivir en Cataluña sin ningún tipo de vínculo con el catalán”.
Qué puede suceder si la Comisión Europea determina que se ha incumplido con la normativa europea
Como se recoge en el artículo 258 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), en caso de que la Comisión concluya que algún aspecto de la regularización supone el incumplimiento de alguna de las obligaciones de los Estados miembros para con las normas europeas, enviará una carta al Gobierno pidiendo explicaciones. Si las respuestas de España no le convencen, la CE podrá remitir un dictamen motivado con un plazo para que pueda corregir aquella cuestión en la que determine que no se respeta la normativa.
En tal supuesto, si España no realizase la corrección que le pidiese, la Comisión podría demandarla ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). El proceso judicial podría alargarse años hasta conocer una sentencia que, en caso de que se incumpliese, podría derivar en la petición de sanciones económicas por parte de la CE.
Hasta ahora la justicia no se ha pronunciado en contra del real decreto que ha permitido la regularización de personas migrantes, dado que el Tribunal Supremo rechazó el 8 de julio suspenderlo cautelarmente, como solicitaban la Comunidad Valenciana y Aragón en un recurso, y se opuso también a llevarlo al TJUE. La Sala Tercera del Alto Tribunal alegó que no resultaba “pertinente” el planteamiento de una cuestión prejudicial a los magistrados europeos en aquel momento procesal. Sin embargo, Junts cree que un hipotético requerimiento de la Comisión Europea al Gobierno “daría al Supremo un motivo más para llevar el asunto a Luxemburgo”.
Junts diferencia su denuncia de las de PP y Vox
Junts no ha sido el único partido político que ha presentado una denuncia en Bruselas por el proceso de regularización extraordinaria que se puso en marcha en abril. También lo hicieron en enero PP y Vox. No obstante, la respuesta que recibieron por parte del comisario europeo de Asuntos de Interior y Migración, Magnus Brunner, fue que la legalización de los ciudadanos migrantes era competencia del Estado y no de la Unión. “Las decisiones y políticas para regularizar el estatus de nacionales de terceros países residentes ilegalmente es una responsabilidad de los Estados miembros”, remarcó.
Los posconvergentes defienden que la queja de PP y Vox se diferencia de la suya porque “cuestionaron la misma decisión de regularizar”, mientras que ellos señalaron “normas europeas concretas” que, a su parecer, “el Gobierno no ha respetado”. “Junts reconoce que regularizar corresponde a España y critica la manera de hacerlo”, subrayan en el comunicado.
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