La deuda pendiente de cobrar del Estado por parte de Cataluña, 7.607 millones de euros, se abre paso como cuestión central en el diálogo entre Pedro Sánchez y la Generalitat. Para salvar el intento de hablar; porque, aunque sea dinero autonómico, le vendría muy bien al Gobierno catalán y su liquidación reafirmaría la voluntad de los socialistas de no romper las relaciones con sus interlocutores. Un antídoto a los continuos altibajos de la relación institucional, atribuibles a la pretensión del independentismo de incluir en las conversaciones cuestiones que chocan frontalmente con los límites legales entre los que se mueve el Gobierno central.

El episodio de tensión parlamentaria protagonizado entre PDeCAT y ERC y entre los propios diputados del PDeCAT (los legitimistas y los pragmáticos) derrotó antes de ser votada en el Congreso una moción pactada con el PSOE por los neoconvergentes para instar al gobierno a un diálogo sin imposiciones y dentro del ordenamiento legal vigente. La tensión sigue viva. La moción llegó en un pésimo momento, a escasas horas de la manifestación del 11 de septiembre, de la que la hipótesis del diálogo salió malparada, pero su retirada no respondió únicamente a un criterio de oportunidad, sino a discrepancias de fondo entre Puigdemont y parte de su grupo parlamentario.

Lo sorprendente es que ERC jugara en esta ocasión a favor de las posiciones del expresidente Puigdemont, a las que habitualmente combate sin cuartel, siguiendo la doctrina dictada por Oriol Junqueras en sus múltiples intervenciones desde la cárcel. El presidente de ERC está en plena campaña de distanciamiento público y notorio del discurso más intransigente. El vicepresidente del gobierno de Torra, el republicano Pere Aragonés, ha sido el encargado de reactivar el interés por sentarse con el gobierno central, gesto que unas horas antes le parecía a Miriam Nogueras (diputada y vicepresidenta del PDeCAT encargada por Puigdemont de dinamitar la moción del diálogo legal), de enorme inutilidad sino era para tratar del derecho a la autodeterminación.

La diferencia substancial entre el republicano Aragonés y la legitimista Nogueras es que el primero es también consejero de Economía y Hacienda, y aunque seguramente comparte con sus socios de gobierno la reivindicación autodeterminista, tiene unas prioridades financieras algo más urgentes.  La deuda del Estado con la Generalitat va creciendo, según las actualizaciones del departamento; en poco tiempo ha pasado de 6.000 a 7.607 millones, una cifra relevante en relación al presupuesto autonómico consolidado y prorrogado para 2018 que asciende a 31.853, 9 millones y a la deuda pública de la Generalitat, por encima ya de los 70.000 millones, el 80% de la cual está en manos del propio Estado.

ERC jugará en esta ocasión a favor de las posiciones del expresidente Puigdemont, a las que habitualmente combate sin cuarte

En estos atrasos reclamados, se incluyen partidas correspondientes a Mossos, ley de Dependencia, cambios en IVA, incumplimientos de disposiciones adicionales que provienen, algunos, de 2008. Aragonés ha anunciado que esta reclamación será formalizada en la próxima reunión de la Comisión Mixta de Asuntos Económicos y Fiscales. La Generalitat mantiene su renuncia a participar en el Consejo de Política Fiscal y Financiera con el conjunto de CCAA por creerlo un mecanismo colapsado por la unilateralidad del Estado y por interpretar que la comisión mixta ofrece una apariencia de relación bilateral mucho más rentable políticamente ante los reticentes al diálogo con Madrid que la de participar en las sesiones del café para todos.

El interés (forzado por la urgencia financiera) de focalizar en la deuda las relaciones con el Gobierno Sánchez puede ser un factor de estabilidad del diálogo, al igual que lo será la retirada efectiva de recursos de la administración central ante el Tribunal Constitucional contra leyes de carácter social del Parlament. Las dos reclamaciones vienen de lejos, son altamente compartidas por grupos parlamentarios no independentistas como el del PSC y el de los Comunes; su cumplimiento ofrecería credibilidad al intento de normalización de unas relaciones institucionales totalmente rotas en los últimos meses.

Sin estos avances, quedaría muy poco de tangible, dado que la presunción de PDeCAT y ERC de poder tratar de un referéndum de autodeterminación en un diálogo legal (legalidad que ellos rechazan, pero a la que está sometido un gobierno constitucional) no pasará de su verbalización, salvo eventual reforma constitucional, un horizonte lejano en el mejor de los casos. Una ruptura formal del diálogo, daría alas a los partidarios de insistir en la unilateralidad en cuanto se pueda, en cuanto se produzca el momentum del que habla a menudo Torra.