La celeridad del TSJC en inhabilitar a la consejera de Acción Exterior de la Generalitat Meritxell Serret por desobediencia al Tribunal Constitucional con motivo de la organización del 1-O permitirá las comparaciones del desenlace temporal de una inhabilitación según el cargo institucional que se ocupe. Serret podrá seguir muy probablemente al frente de su departamento hasta que la sentencia sea firme, mientras que la presidenta suspendida del Parlament, Laura Borràs, perderá seguramente su escaño antes que su sentencia sea confirmada por el Tribunal Supremo. Esta disparidad de exigencia aumentará las suspicacias entre ERC y Junts, aunque uno y otro caso se rigen por disposiciones diferentes y la naturaleza de los hechos atribuidos tampoco sea equiparable.

Meritxell Serret ha sido condenada a un año de inhabilitación y a 12.000 euros de multa por haber ignorado de “forma consciente y deliberada” la prohibición del TC al desarrollo de los acuerdos de desconexión y convocatoria de referéndum aprobados en su día por el Parlament de Cataluña. Ninguna sorpresa. Tampoco las ha habido en las reacciones a la sentencia que se han circunscrito a repetir que “votar no es delito” o a la “represión sigue”. Serret era consejera de Agricultura en el gobierno de Carles Puigdemont de 2017 y en primera instancia huyó a Bélgica, presentándose voluntariamente ante el juez Llarena en 2021.

La novedad es que por primera vez la inhabilitación para cargo público recae en un integrante del gobierno catalán en ejercicio que no ocupa escaño en el Parlament. Al no ser parlamentaria, su inhabilitación podría quedar aplazada hasta que el Tribunal Supremo dirima el recurso sobre la sentencia que la propia Serret ya ha anunciado. El cese de los consejeros corresponde al presidente de la Generalitat y todo parece indicar que Aragonés esperará a conocer la decisión del TS.

Al margen de la discusión académica sobre las consecuencias de una sentencia de “inhabilitación especial para el ejercicio de las funciones de gobierno”, hay que prever la correspondiente polémica política en cuanto a la exigencia que los grupos parlamentarios, con ERC al frente, requieren de Laura Borràs, recientemente condenada por corrupción. A la presidenta suspendida le piden la renuncia del escaño de forma inmediata, negándole haber sido víctima de una condena política y aplicándole el reglamento de la cámara. En última instancia, todos los grupos saben, especialmente ERC y la CUP, que la intervención (injerencia, en términos parlamentarios) de la JEC les permitirá lavarse las manos de la suspensión definitiva de Borràs, de confirmarse esta medida.

En el caso de Serret, no intervendrá la Junta Electoral Central al no serle aplicable la Ley Orgánica del Régimen Electoral General. Su situación, en todo caso, podrá ser utilizada por Junts en el inminente debate parlamentario sobre el futuro de Laura Borràs como argumento de la existencia de una doble vara de medir por parte de ERC con los “condenados por la justicia española”, sean republicanos o de Junts. Junts y la propia Borràs siguen defendiendo que la cámara catalana debería abstenerse de decidir sobre el escaño de la presidenta suspendida hasta que el TS resuelva su recurso. La solidaridad entre independentista estará nuevamente en juego y muy probablemente saldrá malparada, como viene sucediendo habitualmente.