Barcelona suspende de empleo y sueldo a un agente de la Guardia Urbana por negarse a atender a una ciudadana en catalán

El Ayuntamiento de Barcelona ha suspendido de empleo y sueldo durante 24 días a un agente de la Guardia Urbana por negarse a atender a una ciudadana en catalán en una intervención y tildarla de “fascista” al reclamar que le hablase en el idioma cooficial de Cataluña. La sanción la ha dado a conocer este jueves la entidad Plataforma per la Llengua, que interpuso una denuncia formal por discriminación lingüística ante el Consistorio para que se investigaran los hechos ocurridos el 13 de julio de 2025 en la Rambla Prim cuando la mujer caminaba junto a dos amigos y el trabajador público le pidió la documentación debido a que supuestamente quería acceder a una zona cortada por el cuerpo de policía local.  

En la denuncia que presentó ante el Consistorio de la ciudad condal, Plataforma per la Llengua acusó al agente de haber “ignorado el derecho de la ciudadana a relacionarse con la administración en catalán, reconocido en el artículo 33 del Estatut”, así como de haber “incumplido el Reglamento del uso de la lengua catalana (RULC) del Ayuntamiento de Barcelona”. Además, la organización sconsideraba que “los hechos podían constituir una falta muy grave por discriminación por razón de lengua” y otra “por incumplimiento de los deberes inherentes a la función policial”. 

Desde la entidad se ha hecho público un vídeo que grabó la mujer multada durante el incidente, el cual fue crucial para que el Ayuntamiento abriera un expediente disciplinario, en el que se escucha al agente de la Guardia Urbana decirle que “es muy de fascistas obligar a la gente a hablar en lo que no quiere” y afirmar que en su “uso de la libertad lingüística” utiliza el idioma que le apetece. Por su parte, la ciudadana insiste en que le está pidiendo que hable en catalán y se queja de que no lo haga, pese a ser un empleado público que cobra de los impuestos que ella paga. “Estoy intentando hablar en catalán con la policía a la que le pago el sueldo y no podéis”, reprocha. 

Plataforma per la Llengua pide que se anule la multa que el agente impuso a la ciudadana

La disputa por la cual se ha impuesto una suspensión al guardia urbano derivó en una multa para la ciudadana por presuntamente “increpar y menospreciar a los agentes” al pedir que se le atendiese en catalán, que Plataforma per la Llengua reclama que se anule. La organización, que ha asumido la defensa jurídica de la mujer en lo que respecta a la sanción administrativa que se le impuso, asegura que “la denuncia policial expone unos hechos que no son ciertos” y que “la ciudadana tan solo pretendía defender sus derechos lingüísticos”. 

Una petición que Plataforma per la Llengua ha llevado a los tribunales por la vía contenciosa administrativa después de que el Consistorio desestimara las alegaciones que presentó. En un comunicado, la entidad ha señalado que confía en que “el reconocimiento administrativo de los hechos y la sanción impuesta al agente contribuyan a reforzar la defensa judicial de la ciudadana y favorezcan la retirada de la multa derivada de una actuación que el mismo Ayuntamiento de Barcelona ha acabado sancionando”. 

"El resultado de este caso debe servir de ejemplo para todos los cuerpos policiales"

Respecto a la sanción al agente de la Guardia Urbana, Plataforma per la Llengua ha valorado positivamente la resolución mediante la cual se ha impuesto. En este sentido, ha remarcado que lo más importante sobre la penalización es que se trata de “el reconocimiento institucional de una vulneración de los derechos lingüísticos”. 

“Esta resolución demuestra que las discriminaciones lingüísticas por parte de los cuerpos policiales no son una percepción subjetiva ni una cuestión menor”, ha apuntado el presidente de Plataforma per la Llengua, Òscar Escuder, que ha subrayado que este caso “pone de manifiesto que denunciar sirve y que documentar estas vulneraciones es clave para combatirlas”. “Cuando una ciudadana reclama ejercer su derecho a ser atendida en catalán por un servidor público, la Administración tiene la obligación de garantizarlo”, ha sostenido. 

Según Plataforma per la Llengua, la penalización al agente debería servir para consolidar como “criterio claro” que “cualquier actuación policial que vulnere los derechos lingüísticos de los ciudadanos tiene que ser investigada y, cuando corresponda, sancionada”. Asimismo, la organización en defensa de la lengua catalana ha reivindicado que “el resultado de este caso debe servir de ejemplo para todos los cuerpos policiales”.