Artur Mas deberá sentarse en el banquillo de los acusados por la consulta independentista del 9N del pasado 9 de noviembre de 2014. También deberán someterse a este juicio la exvicepresidenta del Govern, Joana Ortega, y la exconsellera de Enseñanza, Irene Rigau.
Los cuatro políticos de Convergencia están acusados de delitos de desobediencia, prevaricación y malversación de fondos públicos al haber ignorado la prohibición del Tribunal Constitucional de la celebración del referéndo independentista y cuestiona su argumento de que, a partir de ese momento, el proceso participativo quedó exclusivamente en manos de voluntarios.
El magistrado razona que, "bajo la cobertura formal de la actuación del voluntariado", el expresidente catalán Artur Mas y las exconselleras investigadas sí llevaron a cabo "actuaciones contrarias" a la providencia de suspensión dictada por el TC, y de forma "intencional y consciente" se negaron "abiertamente a dar cumplimiento al mandato" del Constitucional.
Cabe recurso
En un auto, contra el que cabe recurso, el magistrado del Tribunal Superior de Justicia Joan Manel Abril desestima los recursos presentados por las defensas para que se archivara el caso y da un plazo de días a la Fiscalía y a las acusaciones populares para que, si lo ven oportuno, presenten sus escritos de calificación contra los imputados.
Abril ha dado así por finalizada la instrucción del caso por la consulta del 9N, a los dos días de las elecciones generales y en vísperas de su cese como magistrado del TSJC, que abandonará el próximo 1 de julio para dedicarse a la docencia como catedrático de Derecho Civil en la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) y seguir de presidente del Tribunal Superior de Justicia del Principado de Andorra.
