Los Letrados de las Cortes de Castilla y León han rechazado la demanda que formuló el Grupo Popular para que se vetaran las enmiendas de los grupos de la oposición a la proposición para modificar de la Ley de Publicidad Institucional. Sorprenden especialmente entre estas enmiendas las de Vox, que se enfrenta al otrora socio de Gobierno para protestar por el presupuesto que reciben los medios de comunicación en la región.
En el documento, dirigido a la Presidencia de las Cortes de Castilla y León, bajo el mando de Carlos Pollán (Vox), se niega que las enmiendas planteadas por las diferentes formaciones políticas incurran en la "inconstitucionalidad palmaria y evidente" que sería necesaria para dar el paso solicitado por el PP, cuyo recurso ha sido desestimado íntegramente.
La Ley de Publicidad Institucional es aquella que regula la forma en que la Junta de Castilla y León realiza campañas de difusión de información a los ciudadanos a través de los medios de comunicación. Esta base genera cierto recelo en la oposición, ya que consideran que es un sistema sin criterios objetivos de reparto que queda al libre albedrío del Gobierno. El informe recuerda que fue la Mesa de la Comisión de la Presidencia la que calificó las 38 enmiendas presentadas por los grupos parlamentarios del PSOE y Vox y las de los procuradores de la UPL, los de Soria Ya y el integrante del Grupo Mixto Francisco Igea. El PP quiso recurrir ocho de ellas, pero solo han recibido la desestimación de los Letrados.
Perspectiva de los Letrados
Los puntos en los que se han basado los Letrados para desestimar el recurso del PP han sido numerosos. El letrado firmante, Edmundo Matía, ha recordado al PP que "es obvio que la Mesa de las Cortes carece de facultades para controlar o para dejar sin efecto las decisiones adoptadas por el Pleno de la Cámara", en referencia a que la solicitud de reconsideración no aborda el contenido de las enmiendas en sí, sino el propio contenido de la proposición de ley de modificación de la Ley de Publicidad Institucional, tomada en consideración por el Pleno el 4 de diciembre.
En otro de sus puntos, el informe plantea que el argumento dado por el PP para pedir la inadmisión de la enmienda número 15 del PSOE, en el sentido de que los populares entienden que se crearía una especie de "procedimiento especial para el ejercicio del derecho de rectificación". A ojos de los autores del informe, la supuesta inconstitucionalidad no radicaría en la propia enmienda, sino en la propia Ley de Publicidad Institucionalidad actualmente vigente.
En el caso de la enmienda presentada por Francisco Igea, como procurador del Grupo Mixto, el informe es tajante al señalar que, al contrario de lo que argumenta el PP, su contenido es "plenamente conforme" con el ordenamiento constitucional, del mismo modo que las presentadas por UPL y Soria Ya.
Las enmiendas de Vox
En cuanto a las enmiendas de Vox, que fue socio de Gobierno del PP hasta que se produjo la ruptura del tándem Mañueco-Gallardo, pretenden que las limitaciones a la financiación pública de medios de comunicación por publicación de informaciones falsas de forma reiterada estén basadas en resoluciones judiciales, además de proponer un límite de flujo de fondos en concepto de publicidad institucional que sería equivalente al 33% de la cifra de negocio del medio.
La tercera de las enmiendas del partido ultraderechista se centra en plantear un nuevo modelo de financiación para la televisión autonómica, con la creación de un Consejo de Evaluación y Seguimiento de la Televisión Digital Terrestre que garantice su independencia y neutralidad editorial y establecer objetivos de audiencia para considerar satisfechas las funciones de servicio público, es decir, establecer un escrutinio mucho más severo sobre el mismo.
Dos de estas enmiendas de la ultraderecha son cuestionadas por el PP. En una de ellas, el informe reconoce que "es discutible" que el régimen jurídico del servicio público pueda ser exigido a una entidad privada concesionaria, pero añade que "de lo que no se puede dudar es de que la propia complejidad de la cuestión aleja que nos encontremos ante una propuesta que adolezca de una inconstitucionalidad palmaria y evidente que pudiera justificar su inadmisión a trámite por la Mesa de la Comisión de la Presidencia".
Matía concluye que, a la vista de todas las razones expuestas, "procede la desestimación íntegra de la solicitud" del PP "por no incurrir ninguna de ellas en una inconstitucionalidad palmaria y evidente".
"El PP va dopado a las elecciones por la publicidad"
Por su parte, el secretario general del PSOE de Castilla y León, Carlos Martínez, acusó hace unos días al PP de ir "dopado permanentemente" a los procesos electorales gracias a la publicidad institucional. "Necesitamos una ley de medios muy diferente cuando nos sometemos al escrutinio de la ciudadanía", argumentó.
A su vez, fuentes socialistas consultadas por este periódico aseguran que intentaron "impulsar esa misma Ley la pasada Legislatura, pero Mañueco disolvió las Cortes. Incluso impulsamos una comisión de investigación, pero no llegó a conclusiones por aquel adelanto electoral". "Es más, cuando el PP acudió a unas elecciones sin la muleta de la publicidad institucional, las perdió", han señalado también.