La relación entre Hazte Oír y Vox atraviesa uno de sus momentos más delicados, marcada por una desconfianza creciente que ha ido aflorando tras años de sintonía ideológica y colaboración en campañas y movilizaciones. Lo que durante mucho tiempo funcionó como una alianza tácita entre activismo ultracatólico y representación institucional de la derecha radical se ha ido resquebrajando en medio de reproches, silencios incómodos y estrategias divergentes sobre cómo disputar la agenda cultural y política en España. A las puertas de un nuevo ciclo electoral en Castilla y León, esa tensión se ha transformado en un pulso abierto: la asociación presidida por Ignacio Arsuaga ha lanzado un ultimátum a Santiago Abascal y advierte de que solo habrá colaboración si el partido se compromete formalmente y por escrito con medidas concretas contra el aborto.
La exigencia no solo eleva el tono del conflicto, sino que evidencia hasta qué punto la brecha entre ambas organizaciones se ha ensanchado en los últimos meses, convirtiendo una relación de afinidad casi automática en una negociación cargada de condiciones políticas e ideológicas.
El detonante más reciente de esta escalada ha sido un mensaje difundido por Arsuaga en redes sociales, en el que interpelaba directamente a los simpatizantes de Vox para que le ayudaran a obtener un compromiso escrito de Abascal. En concreto, el dirigente de Hazte Oír planteaba que el líder ultra exigiera al Partido Popular de Castilla y León la adopción de una medida provida concreta, poniendo como ejemplo el denominado protocolo del latido fetal. “Todos esos miembros de Vox que me seguís, ¿me ayudáis a conseguir que Santiago Abascal se comprometa por escrito a exigir al PP de CyL una medida provida concreta? Ejemplo: el protocolo del latido fetal. Si lo hace y se compromete por escrito, haremos campaña para que los castellano-leoneses se enteren. Pronto publicamos una petición”, ha escrito el siempre polémico Arsuaga en su cuenta de X.
Según su planteamiento, solo si ese compromiso se formaliza la organización activaría una campaña para difundirlo entre el electorado de la comunidad. El tono del mensaje, más cercano a la presión pública que a la coordinación discreta habitual en etapas anteriores, refleja el cambio de clima entre ambas estructuras.
El llamado protocolo del latido fetal se ha convertido en uno de los símbolos de la agenda antiabortista que promueven sectores ultraconservadores en distintos territorios. La propuesta —que gira en torno a ofrecer a las mujeres que solicitan una interrupción voluntaria del embarazo la posibilidad de escuchar el latido del feto o acceder a determinadas pruebas previas— ha generado intensos debates políticos, sanitarios y jurídicos. Para Hazte Oír, su implantación serviría como prueba tangible de que Vox mantiene intactas sus posiciones en materia de aborto; para sus críticos, en cambio, constituye una medida de presión ideológica sobre decisiones médicas amparadas por la legislación vigente. Que esta cuestión se sitúe ahora en el centro de la relación entre la asociación y el partido ilustra la dimensión cultural del conflicto.
Vox, Hazte Oír y la batalla por la agenda ideológica
Los desencuentros no son nuevos, pero sí han ganado visibilidad en los últimos meses. Dentro de Hazte Oír se ha extendido la idea de que Vox ha optado por una estrategia más pragmática en las instituciones, priorizando acuerdos y equilibrios parlamentarios frente a la confrontación frontal en asuntos considerados nucleares por el activismo ultracatólico. Ese giro táctico habría generado frustración en sectores que esperaban una traslación inmediata de sus postulados a la acción de gobierno allí donde la formación de Abascal tiene capacidad de influencia. La petición de garantías escritas en Castilla y León puede leerse, en este sentido, como un intento de recuperar capacidad de presión y de fijar líneas rojas públicas.
El episodio que evidenció con mayor claridad la fractura fue el de las recientes elecciones en Aragón. Durante esa campaña, Hazte Oír intensificó sus críticas a Vox por lo que interpretaba como cesiones ideológicas y falta de contundencia en cuestiones clave de su agenda. La organización llegó incluso a pedir el voto para la plataforma Se Acabó la Fiesta, situada en un espacio aún más radicalizado de la derecha, en un movimiento inédito que rompía la lógica de apoyo casi automático que había predominado en anteriores citas electorales. Aquella decisión no solo supuso un golpe simbólico para Vox, sino que abrió interrogantes sobre la cohesión del ecosistema político y social que gravita en torno a la extrema derecha española.
Desde el entorno del partido de Abascal se ha optado, por ahora, por la prudencia pública. Dirigentes de la formación suelen subrayar la autonomía de sus decisiones políticas y evitan responder de forma directa a las presiones de organizaciones externas, incluso cuando comparten parte de su base ideológica. Esa cautela busca proyectar una imagen de partido con vocación institucional y capacidad de gobierno, pero al mismo tiempo corre el riesgo de alimentar el malestar de los sectores más movilizados del activismo conservador, que reclaman gestos más contundentes.
Castilla y León se perfila así como un nuevo escenario de prueba para la relación entre ambas partes. La comunidad ya ha sido en el pasado un laboratorio de políticas impulsadas desde la derecha en materia social y cultural, y el eventual posicionamiento de Vox ante las exigencias de Hazte Oír podría tener consecuencias más allá del ámbito autonómico. Un acercamiento sellado con compromisos explícitos reforzaría la alianza entre activismo y representación política; una negativa, en cambio, podría profundizar la distancia y reproducir el escenario de fragmentación observado en Aragón.