Este miércoles ha dimitido el presidente de la gestora provincial de Vox en Ávila, David Castrejón. Además, tres miembros más de los seis que componían el órgano, se han sumado a la decisión del presidente. Los abandonos han tenido lugar después de la publicación de las listas de la provincia para las Cortes de cara a las elecciones de Castilla y León que se celebrarán el próximo 15 de marzo, con las que se encuentran en descontento.
Según han informado fuentes del partido, la misma ejecutiva se había propuesto como la primera opción en la lista de procuradores; sin embargo, el nombre final que ocupara el puesto de procurador de Ávila es el José Antonio Palomo, lo cual supondría la disconformidad de la ejecutiva llevándola así a presentar su dimisión.
Castrejón estaba al frente de la presidencia de la gestora provincial de Vox en Ávila desde el pasado mes de octubre, momento en el que el anterior presidente de la gestora, Juan Saborido, abandonó la misa.
Tal como las mismas fuentes del partido han podido confirmar, estos ya se encuentran trabajando para formar una nueva gestora "cuanto antes", teniendo así el objetivo de que esté creada para finales de esta semana, además, de que han asegurado que las listas no cambiaran.
Las advertencias de Vox al PP
Vox ha aumentado la presión sobre los de Alberto Núñez Feijóo con una nueva condición para cerrar acuerdos de gobierno: recortar el número de diputados en los parlamentos autonómicos. Así lo anunció Santiago Abascal, quien dejó claro que esta exigencia se aplicará en todas las comunidades donde los populares necesiten el apoyo de su partido para gobernar.
“Para pactar, vamos a exigir la reducción de diputados en los parlamentos regionales”, afirmó Abascal. La advertencia afectaría a todos aquellos territorios donde los populares requieren de los de extrema derecha si no alcanzan la mayoría absoluta frente a las urnas, como puede llegar a ser el caso de Aragón, el próximo 8 de febrero, o el de Castilla y León, el próximo 15 de marzo.
Desde el Grupo Vox en las Cortes de Castilla y León señalaron que la medida se abordará una vez conocidos los resultados electorales y el reparto de escaños, según informó El Español. "Se están estudiando para cada comunidad las formas de reducir el gasto superfluo para poder destinar esos recursos a políticas de educación, vivienda o sanidad. Llegado el momento y con los resultados en la mano, se abordará esta cuestión de forma concreta", explicaron las fuentes cercanas al partido.
Y es que, en el caso de Castilla y León, reducir el número de procuradores sin reformar el Estatuto de Autonomía solo sería posible mediante una modificación muy limitada de la ley electoral autonómica, aprovechando los márgenes que el propio Estatuto deja al legislador.
Por lo tanto, llevado a la práctica, la única opción viable sería endurecer el criterio de reparto por población, elevando el número de habitantes necesarios para obtener un escaño adicional en cada provincia. Esta situación afectaría principalmente a las provincias más pobladas, que concentran los procuradores variables, y permitiría un recorte moderado del tamaño total de la Cámara.
Cabe destacar que esta idea derivaría a un camino delimitado ya que el propio estatuto establece un mínimo de tres procuradores por provincia, una cifra intocable sin una reforma estatutaria, por lo que las provincias menos pobladas no verían alterada su representación. Además, el ajuste perjudicaría a un número reducido de territorios, lo que podría generar tensiones políticas y territoriales.
