Castilla-La Mancha ha comenzado la recta final de 2025 con los presupuestos de 2026 aprobados y publicados en el Diario Oficial, un hecho que ha vuelto a poner de manifiesto la estabilidad institucional del Gobierno autonómico frente al bloqueo que se vive en buena parte del país. Sin embargo, esta circunstancia no ha evitado que el grupo parlamentario de Vox haya vuelto a desplegar un discurso catastrofista y desconectado de los propios datos oficiales, cuestionando unas cuentas que entrarán en vigor el próximo 1 de enero y que ascienden a 12.903 millones de euros, un 1,5% más que en 2025.

La formación de extrema derecha ha asegurado que los presupuestos "desprotegen" a vecinos, familias, empresas y autónomos, y ha llegado a afirmar que abandonan pilares como la sanidad y la educación. Un mensaje que choca frontalmente con la estructura real de las cuentas, que destinan el 72% del gasto no financiero, unos 7.500 millones de euros, al Estado del Bienestar, consolidando la sanidad pública, la educación y los servicios sociales como eje central de la acción de gobierno.

Desde Vox se ha criticado que el Ejecutivo socialista priorice ámbitos como la transformación digital, la transición ecológica o el reto demográfico, conceptos que la formación ultras ha etiquetado de "ideológicos". Sin embargo, estos mismos ejes han sido reconocidos en los últimos años como palancas estratégicas para el desarrollo regional, la fijación de población y la modernización económica, especialmente en una comunidad con una fuerte dispersión territorial como Castilla-La Mancha. La crítica de Vox ha obviado que más de 2.100 millones de euros se destinan de manera transversal a políticas contra la despoblación y que la inversión en digitalización tiene un impacto directo en servicios públicos, empresas y empleo.

El discurso de Vox también ha puesto el foco en los autónomos y las familias, acusando al Gobierno regional de no reforzar suficientemente las ayudas. Una afirmación que ignora los más de 3.200 millones de euros destinados a la actividad empresarial y al empleo, así como el paquete de deducciones fiscales de carácter social que seguirá ampliándose en 2026 y que supondrá un ahorro estimado de 390 millones de euros para los contribuyentes. Un modelo fiscal progresivo que contrasta con la ausencia de propuestas concretas por parte de Vox más allá de la descalificación genérica.

En materia sanitaria, Vox ha insistido en vincular los presupuestos a las listas de espera, sin contextualizar ni aportar medidas alternativas. Las cuentas de 2026 mantienen el carácter inversor, con 1.560 millones de euros destinados a infraestructuras y servicios públicos, y se enmarcan en un escenario de estabilidad financiera que ha permitido a la región mejorar su calificación crediticia por parte de agencias internacionales como Moody’s y Fitch. Un reconocimiento que difícilmente encaja con el retrato de abandono que dibuja Vox.

Mezcla de datos por parte de Vox

La formación ultraderechista también ha recurrido a una acumulación de indicadores negativos para cuestionar el refuerzo del bienestar social, mezclando datos de pobreza, empleo o valoración sanitaria sin explicar su evolución ni el impacto de las políticas públicas desarrolladas desde 2015. En este sentido, el Ejecutivo autonómico recordó en sede parlamentaria que Castilla-La Mancha se sitúa entre las comunidades con mayor crecimiento del PIB desde la pandemia, que ha recuperado niveles de empleo previos a la crisis de 2008 y que ha sumado más de 25.000 empresas desde la llegada de Emiliano García-Page al Gobierno regional.

Especialmente llamativa ha sido la crítica de Vox a la falta de oportunidades para los jóvenes, obviando tanto las políticas activas de empleo como las nuevas deducciones fiscales y medidas en materia de vivienda incluidas en las cuentas de 2026. Una omisión que refuerza la percepción de que la formación ha optado por un discurso de confrontación permanente, sin entrar en el contenido real de unos presupuestos que ya han superado el trámite parlamentario en las Cortes de Castilla-La Mancha.

Vox también ha insinuado que la Junta podría incurrir en déficit público al no contemplar la totalidad de la subida salarial de los funcionarios, pese a que el presupuesto ha sido elaborado bajo criterios de equilibrio y sin necesidad de recurrir a nuevos préstamos. Un planteamiento que vuelve a situar a la formación en el terreno de la sospecha y la alarma, sin respaldo en la documentación oficial ni en los informes económicos que avalan las cuentas.

Mientras Vox insiste en un relato de abandono y fracaso, Castilla-La Mancha se prepara para iniciar 2026 con los presupuestos aprobados y en vigor, una situación que permitirá desplegar políticas públicas desde el primer día del año y que contrasta con la prórroga presupuestaria o el bloqueo institucional que afecta a numerosas comunidades autónomas, especialmente en aquellas que Vox tiene la llave para sacarlos adelante. Un escenario que vuelve a subrayar la distancia entre la estabilidad del Ejecutivo regional y la estrategia de oposición basada en el rechazo sistemático y la negación de los propios datos.