La educación pública de Castilla-La Mancha que dejó María Dolores de Cospedal en 2015 poco o nada tiene que ver con la que afronta ahora el curso 2026-2027. La etapa de cuatro años del Gobierno del PP estuvo marcada por los recortes de gasto y plantilla y el retroceso de la red educativa rural. Desde la llegada de Emiliano García-Page a la Presidencia, la política educativa de la Junta ha seguido otra dirección, con más recursos, más docentes, ratios más bajas y una mayor cobertura de servicios para el alumnado y las familias.
El contraste resulta todavía más evidente al recuperar una de las afirmaciones que Cospedal hizo al final de aquella etapa. En su discurso de Navidad de diciembre de 2014, pocos meses antes de las elecciones autonómicas, la entonces presidenta aseguró que su Gobierno había conseguido “garantizar nuestra educación” y hacerlo “sin cerrar ni una escuela”. Una afirmación que choca con el balance de aquella legislatura, que terminó con 70 colegios rurales menos y un recorte cercano al 30% en el presupuesto de Educación.
La comparación puede medirse ahora en cifras. Más presupuesto, más profesionales, menos alumnos por aula y una red de servicios más amplia resumen buena parte de los cambios registrados en la educación pública castellanomanchega desde 2015.
Una plantilla más amplia y aulas con menos alumnos
El primer gran contraste está en los recursos destinados a la educación. El presupuesto del área alcanza en 2026 los 2.519 millones de euros, 1.059 millones más que en 2014, lo que supone un incremento del 72%. El gasto público por alumno se sitúa en 8.262 euros frente a los 4.591 de 2014, un 80% más.
La plantilla docente ofrece otra diferencia de peso. El curso 2026-2027 comienza con 34.539 profesionales, 876 más que el curso anterior y 6.310 por encima de los 28.229 que había en 2015-2016.
El ritmo de incorporación de profesorado es igualmente distinto. Desde 2016 se han convocado 8.449 plazas docentes, frente a las 548 correspondientes al periodo de Gobierno del PP.
El aumento de efectivos ha ido acompañado de una reducción de la carga lectiva. En Infantil y Primaria se ha pasado de 25 a 23 horas semanales y en Secundaria y Bachillerato, de 20 a 18. Las ratios han seguido la misma tendencia. En segundo de Primaria el máximo se sitúa este curso en 22 alumnos, mientras que en Secundaria es de 30 y en Bachillerato de 32, frente a máximos de hasta 40 alumnos hace una década.
El refuerzo se extiende a la atención a la diversidad. Los profesionales de apoyo estructural han aumentado un 70% desde 2015, hasta rozar los 3.920, mientras que el presupuesto destinado a inclusión educativa se ha triplicado y supera los 204 millones de euros.
La capacidad para detectar alumnado con altas capacidades ha crecido de forma paralela. Se ha pasado de 329 estudiantes identificados en 2015 a 3.447 en el curso 2025-2026.
Una escuela rural vinculada a la lucha contra la despoblación
La política educativa rural es uno de los ámbitos donde la comparación entre ambos periodos resulta más visible. Desde 2015 se han recuperado 40 centros, dentro de una estrategia que vincula la permanencia de estos servicios con la lucha contra la despoblación.
Actualmente hay 70 escuelas rurales con 11 alumnos o menos y nueve de ellas tienen menos de cuatro estudiantes. Mantener estos colegios permite garantizar la escolarización en municipios pequeños donde el centro educativo constituye uno de los principales servicios públicos y puede resultar decisivo para las familias.
El curso 2026-2027 incorpora nuevos ejemplos con la apertura de secciones rurales en Casas de Lázaro, en Albacete, y Zarzuela, en Cuenca. La estrategia para las zonas despobladas suma más de 384 millones de euros en políticas vinculadas al territorio.
Entre las medidas figuran el transporte gratuito para estudiantes de Bachillerato residentes en territorios escasamente poblados o en riesgo de despoblación y ayudas de hasta 12.000 euros para alumnado de enseñanzas no obligatorias que vive en estos municipios.
La política territorial incorpora además la digitalización. 410 aulas de zonas despobladas cuentan con equipamiento adicional, mientras diferentes programas han permitido ampliar la formación en competencias digitales entre estudiantes y familias.
Más ayudas y servicios para las familias
La diferencia entre ambas etapas no se aprecia únicamente dentro del aula. La red de servicios asociada a la escolarización se ha ampliado para facilitar el acceso a la educación y reducir el coste que supone para los hogares.
Castilla-La Mancha cuenta actualmente con 447 comedores escolares, un 40% más que en 2014, y más de 36.000 usuarios. Desde 2015 se han concedido 190.000 ayudas de comedor, con una inversión superior a los 97 millones de euros.
En los materiales escolares, el Banco de Libros alcanza ya a 122.499 alumnos y ha movilizado 32,2 millones de euros desde 2022. A esta iniciativa se suman las ayudas para libros y material escolar concedidas desde 2015, que superan las 703.000, con una inversión superior a los 43 millones de euros.
El transporte escolar gratuito supera los 28.000 usuarios, con 467 acompañantes, mientras la red de aulas matinales alcanza las 215, 62 más que en 2015.
La política de apoyo a las familias se extiende además a las edades más tempranas. La estrategia de escolarización de 0 a 3 años ha permitido avanzar en la gratuidad de esta etapa con la creación de 3.761 plazas públicas mediante 146 convenios. En el tramo de 2 a 3 años, más de 12.000 niños y niñas ya cuentan con plaza sin coste para sus familias, con una inversión superior a los 32 millones de euros.
Más FP y una universidad pública reforzada
La transformación educativa de estos años se extiende más allá de las etapas obligatorias. La Formación Profesional ha ampliado de forma notable su oferta y su conexión con las empresas, mientras la universidad pública ha ganado financiación, titulaciones, alumnado y capacidad investigadora.
Castilla-La Mancha cuenta actualmente con 968 ciclos formativos, alrededor de 200 más que en 2014, y 56.605 plazas. La matrícula supera los 38.000 estudiantes, frente a los 28.800 de 2015.
La expansión de la FP ha ido acompañada de una mayor vinculación con el tejido productivo. La inversión anual ronda los 230 millones de euros, unos 130 millones más que en 2014, mientras las empresas implicadas en la FP dual han pasado de unas 6.700 a 17.117. Los acuerdos para la realización de prácticas han aumentado de 12.000 a 31.357.
El siguiente paso llegará con la nueva regulación autonómica. El Gobierno de García-Page prepara una nueva Ley de Formación Profesional, cuyo anteproyecto fue anunciado para septiembre, con el objetivo de adaptar mejor la formación a las necesidades del mercado laboral y reforzar la colaboración entre los centros y las empresas.
En la universidad pública, la aportación de la Junta a la Universidad de Castilla-La Mancha ha pasado de 100 millones de euros en 2014 a 240 millones en 2026. Desde 2015 se han incorporado 15 grados, 32 másteres y tres programas de doctorado, mientras las tasas universitarias permanecen congeladas desde 2016.
La demanda refleja esa ampliación de la oferta. El curso 2026-2027 comienza con 6.677 estudiantes de nuevo ingreso, una cifra récord y cinco puntos superior a la del curso anterior.
A las medidas de acceso se suma este curso una nueva ventaja para los mejores expedientes. La Junta ampliará la matrícula universitaria gratuita al segundo curso para los estudiantes con expedientes de excelencia, dando continuidad a la gratuidad del primer año.
La apuesta por la universidad pública alcanza igualmente a la investigación. La financiación destinada a esta área llega a 59 millones de euros en 2026, un 120% más que en 2015, mientras el número de investigadores ronda los 4.000.
Once años de cambios en la educación pública
La fotografía de 2015 y la de 2026 muestra dos etapas educativas claramente diferenciadas. La primera estuvo marcada por la reducción del gasto, el ajuste de las plantillas y el retroceso de determinados servicios. Con Emiliano García-Page al frente de la Junta, la política educativa ha seguido otra dirección, con más recursos, más profesionales, una oferta más amplia y mayores servicios para el alumnado y las familias.
El cambio no significa que todos los retos estén resueltos. La educación pública sigue teniendo margen de mejora y nuevos desafíos por delante, pero el punto de partida actual es diferente al que quedó en 2015.
En este contexto, los resultados del informe de PISA 2025 ofrecen una fotografía reciente y muestran que Castilla-La Mancha resiste el batacazo registrado en el conjunto de España. La región supera la media nacional en las tres competencias evaluadas, con 485 puntos frente a 477 en Ciencias, 461 frente a 451 en Lectura y 462 frente a 457 en Matemáticas.
El resultado de PISA se suma así a un balance mucho más amplio. La evolución se aprecia en el presupuesto educativo, las plantillas, las ratios, la recuperación de la red rural, las ayudas a las familias, la Formación Profesional y el refuerzo de la universidad pública, ámbitos que permiten medir con mayor perspectiva la distancia entre la educación que dejó el Gobierno de Cospedal y la que afronta hoy Castilla-La Mancha.
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