Más de dos meses después de las inundaciones que afectaron a numerosas familias en Talavera, la polémica sigue creciendo. El Grupo Municipal Socialista ha solicitado la creación de una Comisión de Investigación para esclarecer lo sucedido en febrero y depurar posibles responsabilidades, denunciando la falta de transparencia del Gobierno local encabezado por José Julián Gregorio.
Según han trasladado los socialistas, han pasado 61 días sin que el Ayuntamiento haya ofrecido explicaciones claras ni documentación oficial sobre las actuaciones realizadas antes, durante y después de las inundaciones. Una situación que califican de “oscurantismo” y que, aseguran, está generando una creciente preocupación entre los vecinos afectados.
El portavoz socialista, José Gutiérrez, ha sido especialmente crítico con la actitud del equipo de Gobierno. “La documentación la tienen, solo tienen que dar a una tecla para enviarla, y aun así siguen sin facilitarla”, ha denunciado, recordando que el Consistorio remitió en septiembre de 2025 un expediente al Ministerio para la Transición Ecológica para solicitar ayudas, concedidas posteriormente en enero de 2026.
Una Comisión “urgente” y abierta a la ciudadanía
Desde el PSOE consideran que la creación de esta Comisión de Investigación es imprescindible para aclarar qué ocurrió realmente durante las inundaciones y si existieron fallos en la gestión municipal. En este sentido, han instado al alcalde a convocarla de manera inmediata. “Si no tiene nada que esconder, está tardando en hacerlo”, han señalado.
En caso de que el regidor no dé el paso, los socialistas han avanzado que llevarán la propuesta al Pleno municipal, donde esperan que salga adelante con el respaldo de todos los grupos políticos, como ya ha ocurrido en otras ocasiones. Además, han reclamado que la Comisión sea abierta y transparente, permitiendo el acceso tanto a los medios de comunicación como a los propios vecinos afectados.
La propuesta del Grupo Socialista contempla la comparecencia de numerosos actores implicados en la gestión de la emergencia. Entre ellos, el alcalde, el concejal de Infraestructuras, Benedicto García González, los Bomberos del Consorcio Provincial de Toledo, el Infocam, la empresa de desatascos, Aqualia, el responsable de la presa de la Portiña, la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), la Confederación Hidrográfica del Tajo y el Colegio de Arquitectos.
Asimismo, los socialistas consideran que también deberían intervenir otros miembros del equipo de Gobierno, como el concejal de Medio Ambiente, David Moreno, y el concejal de Desarrollo Rural, Gerardo Sánchez, a quienes el propio alcalde señaló públicamente tras los hechos.
Otro de los puntos clave es la participación de los vecinos afectados, a quienes el PSOE quiere dar voz dentro de la Comisión para que puedan relatar lo ocurrido y dejar constancia de su situación en el acta oficial.
Dudas sobre el estado de las infraestructuras
Uno de los aspectos más preocupantes que han puesto sobre la mesa los socialistas es el estado de los colectores de la ciudad. En concreto, han señalado la memoria justificativa de una actuación prevista en el colector de la calle Carretas, en la que ya se advertía de su deterioro desde la DANA de 2023.
“Si el Gobierno local sabía desde hace tres años que existía un problema en los colectores y no hizo nada, estaríamos ante una irresponsabilidad política muy grave”, han advertido.
Para el Grupo Socialista, este dato refuerza la necesidad de investigar no solo la gestión de la emergencia, sino también la falta de actuaciones preventivas que podrían haber evitado o minimizado los daños.
Exigencia de transparencia y responsabilidades
Con esta iniciativa, el PSOE busca arrojar luz sobre unas inundaciones que causaron importantes perjuicios a numerosas familias de Talavera y que, a día de hoy, siguen sin una explicación clara por parte del Ayuntamiento.
Los socialistas insisten en que la ciudadanía merece conocer qué ocurrió y si hubo errores en la planificación, en la respuesta a la emergencia o en el mantenimiento de las infraestructuras. Por ello, reclaman transparencia, información y asunción de responsabilidades.
Mientras tanto, la presión política aumenta sobre el Gobierno local, que deberá decidir si da el paso de abrir una investigación o se enfrenta a una iniciativa impulsada desde la oposición y respaldada, previsiblemente, por el conjunto del Pleno.
