El Partido Popular de Castilla-La Mancha ha tratado de construir un nuevo frente político contra Emiliano García-Page difundiendo, a través de medios afines como OkDiario y Guadanews, una supuesta “exclusiva” que pretendía poner en duda la financiación del PSOE regional. Sin embargo, el intento de desgaste se ha vuelto en su contra: el informe oficial de fiscalización de las subvenciones a los grupos parlamentarios de las Cortes regionales, firmado el 20 de octubre de 2025 por el interventor Miguel Ángel Cabezas, demuestra que el PP hace exactamente lo mismo y, de hecho, transfiere más dinero a su partido que el grupo socialista.
La filtración, presentada como un supuesto “escándalo” sobre que el PSOE de Castilla-La Mancha comparte CIF con el PSOE nacional y que el grupo parlamentario socialista transfirió 415.979,35 euros a su partido, omite un detalle fundamental: el grupo parlamentario del PP también comparte el mismo CIF con su sede nacional, el PP de Génova, el mismo partido condenado por financiación irregular en el caso Bárcenas, y traspasó 425.000 euros durante el mismo ejercicio, 10.000 más que el PSOE.
El informe de fiscalización definitiva de 2024, emitido por la Intervención de las Cortes regionales, recoge con precisión que tanto el PSOE como el PP realizan aportaciones a sus respectivas formaciones políticas mediante convenios regulados, en cumplimiento de la Ley Orgánica 8/2007 sobre financiación de partidos políticos. Se trata de una práctica legal, fiscalizada y transparente, que permite que los partidos presten apoyo técnico, jurídico o contable a sus grupos parlamentarios.
En el caso del PSOE, el interventor explica que el grupo socialista “comparte, a efectos fiscales y de cotizaciones a la Seguridad Social, el CIF con el PSOE nacional” y que la transferencia de 415.979 euros se ampara en un convenio de colaboración firmado el 31 de diciembre de 2024. Dicho acuerdo incluye servicios de asistencia técnica, jurídica, contable y de infraestructuras, y el informe subraya que todos los gastos están debidamente justificados y auditados.
Por su parte, el Grupo Parlamentario Popular suscribió un convenio similar con el Partido Popular de Castilla-La Mancha, fechado el 25 de mayo de 2025, por el que transfirió 425.000 euros, 10.000 más que los socialistas. El documento refleja que el PP destinó el 60,9% de la subvención pública recibida al partido, incluyendo gastos de personal, alquileres, suministros, viajes, encuestas y actos públicos. También en este caso, el interventor concluye que la contabilidad se ajusta a la normativa y refleja la imagen fiel de la situación financiera del grupo.
En otras palabras, lo que el PP señala como una supuesta irregularidad en el PSOE es exactamente la misma práctica que realiza él mismo, y en mayor medida. El informe desmonta así una maniobra que pretendía desprestigiar a Page y confundir a la ciudadanía, insinuando un trato de favor inexistente entre el grupo parlamentario socialista y su partido.
El resultado ha sido el contrario al que buscaba el equipo de Paco Núñez: el documento oficial, público y firmado electrónicamente, muestra que PSOE y PP han utilizado parte de las subvenciones institucionales para financiar servicios de sus partidos, todos con convenios registrados y fiscalizados.
Tampoco existe ninguna observación de irregularidad o incumplimiento. La Intervención simplemente recomienda a todos los grupos acreditar mejor el motivo y número de asistentes en los gastos de restauración, sin cuestionar el fondo de las transferencias.
Polémica artificial
Pese a ello, el PP ha optado por alimentar una polémica artificial, recurriendo a medios afines para insinuar que el PSOE de Page actuaba de manera opaca, cuando la documentación demuestra justo lo contrario. La estrategia, más que revelar una irregularidad, evidencia una maniobra política orientada a generar ruido mediático en un contexto de desgaste, aunque sin base jurídica ni contable.
En definitiva, el informe que el PP ha querido utilizar contra García-Page retrata su propia práctica interna: transferencias idénticas a su partido, por una cuantía mayor, y bajo el mismo marco legal. Una jugada política que no ha servido para desacreditar al presidente regional, pero sí para dejar en evidencia la falta de coherencia del principal partido de la oposición.
