El Partido Popular de Castilla-La Mancha ha desplegado este martes una ofensiva política y mediática a las puertas de varios hospitales de la provincia de Ciudad Real, entre ellos los de Alcázar de San Juan, Valdepeñas y Manzanares, con una estrategia claramente orientada a desprestigiar la sanidad pública regional. Una tournée que ha coincidido en el tiempo con los elogios de su líder regional, Paco Núñez, al modelo sanitario privatizador impulsado por Isabel Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid.

Durante estas visitas, los dirigentes populares han acusado al sistema sanitario castellano-manchego de no funcionar, asegurando que “los ciudadanos lo sufren cada día” y señalando directamente al presidente regional, Emiliano García-Page, como responsable de una situación que, según el PP, sería insostenible. 

Desde el ámbito parlamentario regional, la portavoz socialista Ana Isabel Abengózar ha criticado con dureza esta campaña, denunciando que el PP está recorriendo municipios de la provincia para situarse ante las puertas de los hospitales y lanzar mensajes que "no se ajustan a la realidad", con el único objetivo de "generar ruido, confusión y alarma social". Una estrategia que, a su juicio, responde a una hoja de ruta reiterada y que demuestra el “desnorte y la desvergüenza” de un partido que utiliza espacios que deberían ser de respeto para profesionales y pacientes con fines puramente partidistas.

"Deberían pedir perdón"

Abengózar ha recordado que el PP "debería empezar pidiendo perdón" antes de situarse ante unos centros hospitalarios a los que "causó un grave daño durante su etapa de gobierno" de María Dolores de Cospedal. En ese periodo, se aplicaron recortes, se despidió a profesionales sanitarios y se paralizaron inversiones importantísimas.

La portavoz parlamentaria ha subrayado que fue el PP el responsable de los mayores recortes de la historia de la sanidad pública regional, un modelo que supuso el desmantelamiento de servicios, la pérdida de miles de profesionales y el bloqueo de infraestructuras sanitarias en toda Castilla-La Mancha. Tras diez años de reparación, avances y mejoras, resulta especialmente grave, según ha advertido, que quienes provocaron aquel daño vuelvan ahora para desacreditar el sistema público.

Paco Núñez amenaza con "ayusizar" la sanidad

El posicionamiento del líder regional del Partido Popular, Paco Núñez, ha terminado de perfilar el trasfondo de esta ofensiva sanitaria, al situar de forma explícita a la Comunidad de Madrid como modelo a seguir. Las referencias reiteradas de Núñez a una sanidad “sin fronteras” y a la necesidad de convenios con el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso han encendido las alarmas sobre una posible deriva hacia un sistema cada vez más privatizado, alejado del modelo público que rige en Castilla-La Mancha.

La apelación a la colaboración entre comunidades evita entrar en el fondo del debate, que no es otro que el tipo de sanidad que se quiere implantar. El modelo madrileño, defendido abiertamente por Núñez, se ha construido sobre la externalización de servicios, la gestión privada de hospitales y la derivación sistemática de pacientes a empresas concesionarias, un esquema que ha transformado profundamente la estructura del sistema público de salud en Madrid.

Este planteamiento contrasta con la estrategia desarrollada en Castilla-La Mancha, donde la sanidad pública ha ido recuperando capacidad tras años de debilitamiento. Sin embargo, el discurso del PP opta por cuestionar el sistema desde dentro, mientras mira hacia fuera en busca de referencias que priorizan el mercado sanitario frente a la red pública.

Lo que olvida el PP

En su ofensiva contra la sanidad pública regional, el Partido Popular omite sistemáticamente su etapa al frente del Gobierno de Castilla-La Mancha, marcada por los mayores recortes sanitarios aplicados en la historia de la comunidad autónoma. Entre 2011 y 2015, bajo la presidencia de María Dolores de Cospedal, la sanidad castellano-manchega sufrió un profundo proceso de debilitamiento estructural cuyas consecuencias se prolongaron durante años.

Durante ese periodo, se redujo de forma drástica la plantilla sanitaria, con la pérdida de miles de profesionales entre personal fijo y eventual, además de la congelación de ofertas públicas de empleo y concursos de traslados, lo que agravó la precariedad laboral y la falta de refuerzos en hospitales y centros de salud. A ello se sumó el cierre de cientos de camas hospitalarias, situando a Castilla-La Mancha entre las comunidades que más recursos asistenciales recortaron en plena crisis.

La política de ajustes también paralizó infraestructuras, dejando en suspenso ampliaciones hospitalarias ya previstas y bloqueando la construcción de nuevos centros sanitarios. Hospitales como el Mancha Centro vieron frenados proyectos estratégicos, lo que limitó durante años su capacidad de respuesta y generó situaciones de saturación asistencial que hoy el PP utiliza como argumento político, sin reconocer el origen de esos problemas.

El recorte presupuestario fue acompañado de reducciones salariales y pérdida de poder adquisitivo del personal sanitario, además de una merma notable en inversión en equipamiento, mantenimiento y tecnología. Todo ello deterioró el funcionamiento cotidiano del sistema público, afectando tanto a profesionales como a pacientes.

A este escenario se añadieron intentos de avanzar hacia fórmulas de privatización y externalización. Aunque algunas iniciativas no llegaron a implementarse plenamente, durante aquella etapa se propusieron y exploraron fórmulas de privatización de la gestión de hospitales (como en Almansa, Manzanares, Tomelloso o Villarrobledo), encuadradas en una lógica de concesión a empresas privadas, así como la firma de convenios con otras comunidades para derivar pacientes fuera de la región.