El alcalde de Ciudad Real, el popular Francisco Cañizares, ha enfriado este miércoles la posibilidad de recurrir ante el Tribunal Supremo la sentencia que obliga al Ayuntamiento a recuperar cinco antiguas denominaciones del callejero vinculadas, en varios casos, con Falange y con las estructuras políticas de la dictadura franquista.
Aunque ha asegurado que serán los servicios jurídicos municipales quienes determinen finalmente si existe margen para presentar un recurso de casación, el regidor ha insistido en las dificultades legales y económicas de seguir adelante con el procedimiento. “No se puede ir todas las veces al Tribunal Supremo”, ha afirmado a preguntas de los periodistas.
La resolución del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJCM) todavía no es firme y permite al Ayuntamiento preparar un recurso de casación. Sin embargo, las palabras del alcalde apuntan a que el Gobierno municipal del Partido Popular no parece dispuesto a agotar esa posibilidad, pese a las peticiones formuladas por el PSOE y por el Gobierno de Castilla-La Mancha.
Cañizares ha explicado que el fallo se apoya en sentencias anteriores del propio Tribunal Supremo sobre la aplicación de la Ley de Memoria Histórica, lo que, a su juicio, podría reducir las posibilidades de que prosperase una nueva impugnación. También ha advertido de que recurrir tendría un coste para las arcas municipales, especialmente si el recurso fuera inadmitido o rechazado y el Ayuntamiento tuviera que hacer frente a las costas procesales.
“Serán los servicios jurídicos, como siempre en el Ayuntamiento, quienes decidan si prosperaría o no el recurso”, ha señalado el alcalde, quien ha sostenido que la decisión no se adoptará por razones “ideológicas ni sectarias”, sino atendiendo al interés municipal y a las posibilidades reales de éxito.
La prudencia económica defendida ahora por el alcalde contrasta, sin embargo, con las molestias y gastos que la ejecución del fallo puede provocar tanto al propio Consistorio como a los vecinos y negocios afectados. El Ayuntamiento tendrá que sustituir nuevamente las placas, modificar registros y actualizar sus bases de datos, mientras que residentes y comerciantes podrían verse obligados a comunicar otra vez sus direcciones a bancos, compañías de suministros, aseguradoras y administraciones públicas.
Cinco calles volverían a sus anteriores nombres
La sentencia estima parcialmente el recurso presentado por Luis Blázquez, entonces concejal de Vox en Ciudad Real y actualmente diputado de la formación de extrema derecha en las Cortes regionales, contra el acuerdo aprobado por el Pleno municipal en mayo de 2021.
El fallo considera insuficiente la motivación aportada por el anterior Gobierno socialista para retirar cinco denominaciones dedicadas a personas concretas, aunque mantiene los cambios relativos a Belchite, Brunete, Simancas y Santa María de la Cabeza.
Si la resolución alcanza firmeza, el pasaje de la Pandorga volverá a llamarse pasaje José Gutiérrez Ortega; la calle Manuel Herrera Piña recuperará el nombre de José María Aparicio Arce; la plaza Gloria Fuertes volverá a denominarse plaza Fernando Merry del Val y García Zapata; la calle Irene Villa recuperará el nombre de Gregorio Sánchez-Puerta y el Grupo Adolfo Suárez volverá a ser el Grupo Vicente Galiana.
Entre los nombres que podrían regresar al callejero se encuentran dirigentes de Falange, procuradores en las Cortes de la dictadura y responsables del Movimiento. El tribunal no niega esas vinculaciones, pero sostiene que el expediente municipal no explicó con suficiente detalle por qué mantener aquellos nombres suponía una exaltación de la sublevación militar, la Guerra Civil o la represión franquista.
Cañizares acusa al PSOE de cuestionar a los jueces
Cañizares ha cargado contra las críticas del PSOE a la sentencia, que ha calificado de “desaforadas”, y ha reclamado respeto para las decisiones judiciales. “Ya está bien de criticar a los jueces, ya está bien de cuestionarlo todo”, ha afirmado.
El alcalde también ha tachado de “muy lamentables” las palabras del subdelegado del Gobierno, David Broceño, quien advirtió de que recuperar las antiguas denominaciones podía “hacer daño a la sociedad”.
Asimismo, ha acusado al anterior Gobierno de Pilar Zamora de utilizar las leyes de forma “sectaria” y causar perjuicios a los vecinos. El PP vuelve así a emplear el fallo para atacar al PSOE, mientras sigue sin confirmar si recurrirá para defender los nombres actuales del callejero.
El Gobierno de Page pide recurrir con la nueva Ley de Memoria
Por otro lado, el vicepresidente segundo del Gobierno de Castilla-La Mancha, José Manuel Caballero, ha instado al Ayuntamiento de Ciudad Real a recurrir la sentencia y ha defendido que todavía existe margen jurídico para hacerlo.
Caballero ha reconocido que el Ejecutivo regional no tiene competencias sobre el callejero de la capital, pero ha recordado que el fallo se basa en la Ley de Memoria Histórica de 2007, mientras que en 2022 entró en vigor una nueva Ley de Memoria Democrática.
A su juicio, la normativa posterior “favorece y aclara” determinados aspectos que podrían resultar relevantes para el caso. “Por supuesto, hay que cumplir siempre con las sentencias judiciales, pero al mismo tiempo existe margen para recurrirlas y para actuar de acuerdo con la nueva Ley de Memoria Democrática”, ha sostenido.
El vicepresidente segundo ha lamentado especialmente que puedan desaparecer del callejero los nombres de Adolfo Suárez, Irene Villa, Manuel Herrera Piña, Gloria Fuertes y la Pandorga.
Caballero ha apelado a que los demócratas, sean “de izquierdas, de derechas o de ninguno de los dos lados”, defiendan los valores constitucionales y el reconocimiento público a quienes han contribuido a construir la democracia.
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