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Defender a los agricultores en los discursos, pero cuestionar las medidas destinadas a proteger su rentabilidad. Esa es la contradicción que el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha reprochado este viernes al Partido Popular y Vox, después de que ambas formaciones hayan mostrado su rechazo a la decisión del Gobierno de retirar temporalmente del mercado el 12% de la producción de aceite de oliva durante la campaña 2026/2027.
Planas ha calificado de "terrible" la posición de los dos partidos, a los que ha acusado de actuar por "pura ignorancia" ante una iniciativa que busca evitar el desplome de los precios que reciben los agricultores por su producción.
"Me ha sorprendido que aquellos que se dicen defensores todos los días de nuestro medio rural, de nuestros agricultores y nuestros ganaderos", ha señalado el ministro durante una visita a la Sociedad Cooperativa de Piensos San Antón, en Pulgar (Toledo), donde ha estado acompañado por la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón.
El responsable de Agricultura ha insistido en que la defensa del campo se demuestra con "hechos y cifras", y no únicamente con declaraciones políticas. Por ello, ha lamentado que PP y Vox cuestionen una medida "muy pensada y muy calibrada" para proteger al sector agrario.
"No sé si por mala fe o simplemente por ignorancia", ha añadido Planas sobre la postura de ambas formaciones.
¿Por qué se retira el 12% del aceite de oliva?
Para entender la polémica hay que atender a las previsiones de producción. España espera obtener 1,6 millones de toneladas de aceite de oliva, un 23% más que en la campaña anterior. A esta cantidad se suman otras 357.040 toneladas almacenadas de la cosecha precedente.
Es decir, el mercado contará con cerca de dos millones de toneladas disponibles, una situación que podría provocar una caída de los precios en origen si la oferta supera ampliamente la demanda.
El funcionamiento del mercado resulta relativamente sencillo: cuando existe demasiado producto disponible, los compradores tienen mayor capacidad para presionar los precios a la baja. Y quienes pueden salir peor parados son precisamente los pequeños agricultores.
Pongamos un ejemplo. Si una almazara produce 100 toneladas de aceite, deberá mantener almacenadas 12 y podrá comercializar las otras 88. No se trata de destruir el producto ni de desperdiciar alimentos, sino de retrasar temporalmente su salida al mercado para evitar una acumulación excesiva.
La medida, publicada en el BOE el pasado 6 de noviembre, contempla la retirada de unas 188.000 toneladas hasta el 30 de septiembre de 2027, aunque podrá revisarse en función de la evolución del mercado.
El pequeño agricultor, el más vulnerable
El Gobierno pretende proteger especialmente al olivar tradicional, cuyos costes de producción son superiores a los de las grandes explotaciones intensivas y superintensivas.
Mientras una explotación mecanizada puede reducir considerablemente sus costes, un pequeño productor que trabaja en terrenos de difícil acceso necesita más mano de obra y soporta mayores gastos.
Por tanto, una caída brusca del precio del aceite puede convertir una buena cosecha en un problema económico para miles de familias que dependen del olivar.
Además, la medida responde a una reivindicación de organizaciones agrarias como Asaja, COAG y UPA, así como de Cooperativas Agro-alimentarias de España, que venían reclamando instrumentos para estabilizar el mercado.
Frente a ello, Vox ha denunciado que el almacenamiento obligatorio perjudica al productor nacional mientras continúa entrando aceite de países como Marruecos o Túnez. La formación ha defendido que las importaciones deberían someterse también a mayores controles.
La intervención, no obstante, también ha suscitado objeciones ajenas al debate partidista. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia ha advertido de posibles efectos sobre los precios que pagan los consumidores y ha reclamado evaluar cuidadosamente su impacto.
Las cooperativas piden ir más lejos
Planas también se ha referido a las críticas del sector cooperativo, que considera insuficiente retirar únicamente el 12% de la producción. El ministro ha recordado que las cooperativas disponen de otros mecanismos de almacenamiento previstos en la normativa europea.
Asimismo, ha defendido la flexibilidad de la regulación, que permite a las almazaras decidir qué categoría de aceite almacenan y utilizar instalaciones propias o ajenas.
El responsable de Agricultura ha aprovechado su visita a Toledo para recordar otras medidas económicas destinadas al sector, como la reducción general del 10% del rendimiento neto para las actividades agrarias que tributan por módulos.
Esta rebaja, que beneficiará a unos 800.000 agricultores y ganaderos, se acompaña de reducciones adicionales del 35% por la adquisición de gasóleo agrícola y del 15% por la compra de fertilizantes.
Según los cálculos del Gobierno, estas medidas fiscales supondrán una disminución de la base imponible de aproximadamente 860 millones de euros. Planas también ha destacado que el Ejecutivo ya ha abonado más de 500 millones en ayudas directas a más de 250.000 agricultores y ganaderos.
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