Page pone coto a las universidades privadas para proteger a la pública frente a las "factorías de títulos"

Durante 40 años, miles de jóvenes castellanomanchegos han encontrado en la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) una puerta que antes demasiadas veces se abría fuera de la región. Estudiar sin marcharse de casa, investigar desde la propia tierra o levantar campus donde no había tradición universitaria ha formado parte de una misma idea, que la educación superior debía ser un servicio público y no una carrera marcada por el bolsillo. Cuatro décadas después, Emiliano García-Page ha utilizado el aniversario de la UCLM para advertir de que ese modelo no puede quedar expuesto al avance de las "factorías de títulos".

El presidente de Castilla-La Mancha ha anunciado que el Gobierno regional regulará el entorno universitario ante la posible implantación de universidades privadas en la comunidad autónoma. Lo ha hecho durante su intervención en la gala del 40 aniversario de la UCLM, celebrada en el Teatro Quijano de Ciudad Real, donde ha defendido la necesidad de proteger a la universidad pública castellanomanchega frente a modelos que, a su juicio, no responden a lo que necesita la región.

García-Page ha recordado que Castilla-La Mancha es una de las pocas comunidades autónomas que no cuenta con universidades privadas. No lo ha planteado como una carencia, sino como una singularidad que ha permitido consolidar un sistema centrado en la universidad pública, con campus repartidos por el territorio y con una función que va mucho más allá de la expedición de títulos.

El anuncio llega en pleno debate sobre el crecimiento de la universidad privada en España y permite comparar dos modelos muy distintos. Mientras Castilla-La Mancha ha construido su sistema universitario alrededor de una universidad pública con implantación territorial, la Comunidad de Madrid de Isabel Díaz Ayuso ha seguido el camino contrario, seis universidades públicas cada vez más ahogadas económicamente y una presencia cada vez más amplia de universidades privadas.

García-Page ha querido marcar distancia con ese modelo. Aunque ha asegurado que no es contrario "por concepto" a las universidades privadas, sí ha advertido de que en los últimos años se han generalizado iniciativas que pueden acabar convirtiendo la educación superior en un negocio donde el dinero pese más que la igualdad de oportunidades. 

La universidad pública, ha defendido, no puede convertirse en una institución en la que "el bolsillo" de las familias determine si un joven puede o no titularse. Tampoco puede competir en desventaja con proyectos privados que funcionan bajo otras reglas y que, en algunos casos, han sido cuestionados por el riesgo de rebajar las exigencias académicas a cambio de ampliar mercado.

El presidente regional ha insistido en que Castilla-La Mancha "no va a poner puertas al campo", pero sí va a "regular este entorno" para evitar que el dinero distorsione el acceso a la formación universitaria. "Ya que hemos hecho un esfuerzo enorme para que el dinero de los padres no sea impedimento en un título, lo que no podemos hacer es que el dinero sea lo que nos engañe", ha señalado durante su intervención.

Esa advertencia se entiende también desde las medidas que el Gobierno castellanomanchego ha impulsado para facilitar el acceso a los estudios superiores, como la gratuidad del primer año universitario o del máster. García-Page ha defendido que no tendría sentido hacer un esfuerzo presupuestario para reducir barreras económicas en la universidad pública y, al mismo tiempo, permitir que la expansión privada genere un sistema paralelo en el que la capacidad de pago abra caminos diferentes hacia los títulos.

Durante su intervención, García-Page también ha anunciado que el Gobierno regional mantendrá su compromiso económico con la UCLM y que habrá un nuevo pacto con la institución para el próximo año, con un "compromiso renovado" a favor de la universidad pública castellanomanchega. El presidente ha reivindicado así la continuidad de una apuesta que, según ha recordado, "costó mucho" y fue una decisión estratégica para la consolidación de Castilla-La Mancha como comunidad autónoma.