El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha dejado claro que la estrategia de su Gobierno no pasa, al menos de momento, por la vía judicial para intentar frenar el nuevo modelo de financiación que propne el Ejecutivo de Pedro Sánchez, sino por intentar frenar políticamente una propuesta que considera lesiva para la igualdad entre ciudadanos.
Durante su visita a las obras de construcción del nuevo campus de la Universidad de Alcalá en Guadalajara, y posteriormente en declaraciones a los medios, García-Page ha insistido en que el modelo de financiación planteado por el Gobierno central "no debe salir adelante". Convencido de que la propuesta carece de recorrido, ha defendido que antes de acudir al Tribunal Constitucional es necesario “ganar la batalla política” y retirar lo que ha calificado como un "privilegio" y un intento de ruptura de la igualdad en España.
El presidente castellanomanchego ha reconocido que otras comunidades autónomas han optado de forma inmediata por el recurso de inconstitucionalidad, pero ha mostrado su discrepancia con esa estrategia. A su juicio, acudir de manera precipitada a los tribunales supone dar por asumido un escenario que todavía puede revertirse en el plano político. “Lo primero que hay que hacer es dar la batalla”, ha reiterado, subrayando que la financiación autonómica no es solo un asunto jurídico, sino una cuestión de principios y de modelo de Estado.
García-Page se ha mostrado convencido de que el planteamiento actual no va a salir adelante y ha insistido en que no debe hacerlo. En este sentido, ha dejado abierta la puerta a todas las vías, incluida la jurídica, pero solo una vez agotado el intento de frenar políticamente una reforma que, en su opinión, quiebra décadas de consenso en torno a la solidaridad interterritorial.
La prioridad de Page, defender los intereses de la región
En paralelo a las palabras del presidente regional, el Gobierno de Castilla-La Mancha ha reforzado su posición a través de otros miembros del Ejecutivo autonómico. La portavoz del Gobierno regional, Esther Padilla, ha señalado en rueda de prensa en Toledo que la postura de García-Page deja “muy en evidencia” que la prioridad del Ejecutivo es defender los intereses de la región. Según Padilla, Castilla-La Mancha tiene “muy clara” su posición frente a un modelo que no solo debe analizarse por el volumen de recursos que aporta, sino por si garantiza una financiación justa.
La portavoz ha recalcado que la defensa del Gobierno regional no se centra en recibir más dinero en términos absolutos, sino en recibir lo que corresponde para asegurar el acceso a los servicios públicos en condiciones de igualdad. En este sentido, ha subrayado que ese mensaje se traslada sin matices a todas las fuerzas políticas, con independencia de su color, cuando lo que está en juego es el principio de igualdad entre ciudadanos.
Los servicios públicos, más caros en las zonas rurales
También el vicepresidente primero del Gobierno regional, José Luis Martínez Guijarro, ha aprovechado la comparecencia pública para aportar datos que refuerzan la posición del Ejecutivo autonómico. Mientras hablaba sobre la Estrategia frente a la Despoblación, Martínez Guijarro ha recordado que en los territorios rurales y despoblados los servicios públicos son notablemente más caros que en las zonas urbanas, un factor que debe tenerse en cuenta en cualquier modelo de financiación.
El vicepresidente ha puesto cifras concretas sobre la mesa. Ha explicado que para garantizar la educación en las zonas afectadas por despoblación Castilla-La Mancha necesita 3.136 profesores más de los que serían necesarios si toda la población se concentrara en áreas urbanas. A ello se suma el coste del transporte escolar, que supera los 1.200 euros anuales por alumno en estas zonas para asegurar la igualdad de acceso a la educación.
En el ámbito sanitario, Martínez Guijarro ha señalado que la atención de emergencias en zonas como Molina de Aragón es hasta 37 veces más cara que en ciudades como Guadalajara capital, una diferencia que, a su juicio, evidencia que la financiación autonómica no puede diseñarse sin tener en cuenta las particularidades territoriales. Estos sobrecostes, ha insistido, deben ser asumidos por el conjunto del sistema si realmente se quiere garantizar la igualdad efectiva de derechos.
