El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha redoblado este lunes su rechazo al nuevo modelo de financiación autonómica y ha respondido de forma directa a las críticas que ha recibido en los últimos días, incluso desde dentro de su propio espacio político, por mantener una posición frontal contra la ordinalidad. Desde Quintanar del Rey (Cuenca), García-Page ha recordado que el PSOE ya rechazó de manera expresa este principio en su último congreso y ha advertido de que defenderlo ahora supone hacerlo en contra de lo aprobado por el propio partido.
El presidente castellanomanchego ha subrayado que en el Congreso del PSOE celebrado en Sevilla en noviembre de 2024 se tumbaron dos enmiendas que apostaban por introducir la ordinalidad en el sistema de financiación autonómica, al considerarse un privilegio incompatible con la igualdad entre territorios. Según ha explicado, algunos de los dirigentes que hoy cuestionan su postura sostenían hace unos años exactamente la misma posición. García-Page ha insistido en que este antecedente no es menor, ya que demuestra que el debate no es nuevo y que la negativa a la ordinalidad formaba parte del consenso interno del partido.
En ese contexto, ha recordado también la reacción que provocó aquella decisión, cuando dirigentes independentistas protestaron abiertamente al considerar que el PSOE había cerrado la puerta a un modelo que beneficiaba de forma clara a determinados territorios. Para García-Page, ese episodio evidencia que el planteamiento actual no solo rompe con lo acordado en el seno del partido, sino que responde a una lógica de negociación bilateral que deja al margen al resto de comunidades autónomas.
Desconfianza hacia los argumentos de Montero
El presidente de Castilla-La Mancha ha defendido que, más allá de las cifras que se quieran poner sobre la mesa, lo fundamental es contar con un sistema "transparente, comprensible y justo". En este sentido, ha mostrado su desconfianza hacia los argumentos utilizados para presentar el nuevo modelo y ha ironizado con la comparecencia de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, del pasado viernes. A su juicio, fue una explicación en la que todo el mundo intuía el fondo del mensaje, pero que evitaba concretar los elementos más polémicos del acuerdo.
García-Page ha advertido de que el nuevo modelo se está presentando como una mejora generalizada porque incluye más recursos globales, algo que ha considerado lógico tras más de una década de retraso en la actualización del sistema. Sin embargo, ha alertado de que ese aumento de fondos sirve para encubrir la trampa de fondo, que no es otra que amparar un privilegio estructural para algunos territorios. En su opinión, ofrecer un menú del día mejorado a la mayoría mientras otros pueden elegir a la carta convierte el sistema, desde su origen, en injusto.
El presidente autonómico ha insistido en que mientras un modelo establezca diferencias de trato permanentes, "no puede ser bueno para el conjunto del país". Ha señalado que este planteamiento ya ha generado un fuerte impacto político, hasta el punto de que el debate sobre la financiación ha terminado por unir a toda la derecha y por fracturar a una parte importante de la izquierda, una situación que, a su juicio, demuestra la debilidad del planteamiento presentado.
"Ninguna posibilidad de salir adelante"
Durante su intervención, García-Page ha afirmado que este debate no tiene "ninguna posibilidad de salir adelante" tal y como está formulado. Ha criticado además que se estén haciendo previsiones económicas a varios años vista sin haber sido capaces de sacar adelante unos presupuestos generales durante la legislatura. Según ha denunciado, esas previsiones solo las han conocido quienes han participado directamente en las negociaciones, mientras el resto de territorios han quedado al margen.
El presidente castellanomanchego ha recalcado que no se somete a consignas ni a argumentarios y que su obligación es defender los intereses de Castilla-La Mancha. Frente a quienes aseguran que la región saldrá beneficiada en términos absolutos, ha advertido de que el problema no está solo en cuánto se recibe hoy, sino en cómo queda blindado el sistema para el futuro. Ha alertado de que, cuando lleguen épocas de crisis, algunos territorios tendrán su situación protegida mientras otros se verán obligados a recortar servicios esenciales como institutos, universidades o incluso hospitales.
Para García-Page, el debate sobre la financiación no es técnico ni coyuntural, sino "profundamente político" y con consecuencias directas sobre la igualdad de derechos de los ciudadanos. Ha insistido en que no caerá en una trampa que presenta como progreso lo que en realidad consolida privilegios y ha advertido de que el impacto de este modelo se medirá, sobre todo, cuando el contexto económico deje de ser favorable.
