El Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha ha vuelto a convertirse en una herida abierta para el Partido Popular. Emiliano García-Page ha acusado este miércoles a los populares de haber faltado a su palabra con la reforma estatutaria pactada en la comunidad autónoma y posteriormente bloqueada en Madrid, en una maniobra que el presidente regional ha vinculado directamente con el viejo "atraco electoral" de María Dolores de Cospedal.
Durante un desayuno informativo organizado por Europa Press, el jefe del Ejecutivo castellanomanchego ha elevado el tono contra el PP y ha asegurado que la región se siente "engañada" por una formación que, según ha denunciado, sabía "desde el primer día" que no iba a respetar el acuerdo alcanzado en Castilla-La Mancha. "No sé si la culpa es del PP nacional o del de Castilla-La Mancha, pero no lo vamos a dejar así", ha advertido.
La reforma del Estatuto ha quedado encallada después de que el PP, que había respaldado el texto en las Cortes regionales, registrara en el Congreso enmiendas que alteraban uno de los puntos centrales del acuerdo, la horquilla de diputados de las Cortes de Castilla-La Mancha. El movimiento supuso un giro político de calado, porque el texto había sido presentado hasta entonces como un pacto entre PSOE y PP para modernizar el marco autonómico, reforzar derechos y corregir la infrarrepresentación parlamentaria que arrastra la comunidad autónoma desde la etapa de Cospedal.
Page ha recordado que este no ha sido el primer episodio en el que el PP ha mantenido una posición en Castilla-La Mancha y otra diferente en Madrid. Ya ocurrió, ha señalado, con el intento de reforma estatutaria durante la Presidencia de José María Barreda, cuando los populares "dijeron una cosa en Castilla-La Mancha y otra en el Congreso", lo que obligó a retirar el texto. A su juicio, el episodio actual resulta incluso "más triste", porque llega después de meses de conversaciones con colectivos sociales, agentes económicos y representantes institucionales.
El presidente regional ha defendido que el Estatuto pactado "no es conflictivo", "no se mete con nadie" y no plantea "ruptura con el país". Su objetivo, ha subrayado, es actualizar el autogobierno de Castilla-La Mancha y corregir una anomalía democrática que, a su juicio, nació con la reforma impulsada por Cospedal. "Hay miles y miles de votos en Castilla-La Mancha que se quedan sin representación", ha lamentado.
El reproche más duro ha llegado al recordar la etapa de Gobierno del PP entre 2011 y 2015. Page ha acusado a Cospedal de no limitarse a recortar en sanidad, educación o servicios públicos, sino también en democracia. "No fue nada pequeño el recorte que le hizo a la democracia", ha afirmado, antes de situar aquella reforma electoral como uno de los episodios más graves de manipulación institucional en la comunidad autónoma.
La secuencia política que ha descrito Page arranca con una primera reforma de Cospedal para aumentar el número de diputados cuando el PP se veía favorecido por la ola electoral de aquel momento. Después, según ha relatado, llegaron los recortes, el desgaste del Gobierno regional y el impacto del caso Bárcenas. Fue entonces cuando los populares, ha sostenido, dieron "el giro contrario" y promovieron una reducción drástica de la representación parlamentaria.
El resultado fue una Cámara autonómica de solo 33 diputados para más de dos millones de habitantes, una de las más reducidas de España en proporción a su población y su extensión territorial. Para Page, aquello no fue una simple reforma técnica, sino una operación política destinada a "amputar la representación democrática" y favorecer el bipartidismo en el momento que más convenía al Partido Popular.
El presidente castellanomanchego también ha cargado contra la supresión del sueldo de los diputados, una medida que el PP presentó en su momento como austeridad y que, según ha recordado, después los propios populares pidieron revertir cuando pasaron a la oposición. La crítica no es menor, porque entronca con una de las grandes contradicciones del discurso del PP y Vox sobre el Estatuto, convertir la representación política en un supuesto gasto superfluo mientras se benefician de ella allí donde gobiernan o aspiran a gobernar.
Page ha sido especialmente contundente al advertir de que no permitirá que el futuro Estatuto quede condicionado por una eventual mayoría de PP y Vox. El presidente regional ha acusado a los populares de haber asumido en Madrid una posición cada vez más próxima a la de la extrema derecha, que desde el inicio ha rechazado la reforma y ha convertido el debate sobre la representación parlamentaria en una campaña contra las instituciones autonómicas.
"Nos han engañado desde el primer momento y tienen que saber que lo van a terminar pagando en la opinión pública", ha sentenciado Page. Su mensaje llega después de semanas de presión política sobre Paco Núñez, atrapado entre el acuerdo que defendió en Castilla-La Mancha, el giro impuesto en el Congreso y la sombra de Vox, partido que necesitaría para intentar gobernar la comunidad autónoma.
El Estatuto, que nació como un pacto amplio para actualizar el autogobierno, se ha convertido así en una prueba de credibilidad para el PP castellano-manchego. Núñez lo defendió en la región, lo llevó al Congreso como parte de la delegación autonómica y después ha visto cómo su propio partido lo dejaba bloqueado en Madrid. Page, ahora, ha decidido convertir ese giro en una acusación política de fondo, la de un PP que vuelve a utilizar las reglas del juego institucional según le conviene electoralmente.
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