El presidente del PP de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, parece seguir anclado en una realidad paralela y ha vuelto a dibujar una Castilla-La Mancha marcada por la asfixia fiscal, aunque los indicadores vuelvan a apuntar en la dirección contraria. Su relato sobre un supuesto "infierno fiscal" choca con una realidad en la que la comunidad autónoma figura entre las que menos IRPF soportan y donde se han activado deducciones dirigidas a aliviar la carga de las rentas medias y bajas.
Desde Talavera de la Reina, donde ha acompañado al vicesecretario nacional del PP, Elías Bendodo, Núñez ha denunciado que la recaudación de los gobiernos socialistas, tanto el de Pedro Sánchez como el de Emiliano García-Page, está castigando a las familias. Núñez ha llegado a afirmar que un castellanomanchego medio trabaja para pagar impuestos hasta el 19 de agosto, una idea que forma parte del argumentario habitual del PP pero que simplifica el sistema fiscal y omite el impacto de las políticas autonómicas.
El aumento de la recaudación al que alude el dirigente ‘popular’, vinculado en gran medida a la inflación, es el mismo que ha permitido sostener y ampliar un modelo fiscal que incluye 27 deducciones autonómicas, con un impacto estimado de 70 millones de euros y más de 215.000 contribuyentes beneficiados. Se trata de medidas dirigidas, en su mayoría, a familias, jóvenes y rentas medias y bajas, especialmente en ámbitos como la vivienda o la conciliación.
Frente a la imagen de presión fiscal creciente que describe Núñez, Castilla-La Mancha se ha consolidado como una de las comunidades autónomas donde menos IRPF se paga en términos globales. Además, cuenta con un número reducido de impuestos propios en comparación con otras regiones, incluidas algunas gobernadas por el propio Partido Popular, lo que cuestiona el relato de una supuesta carga impositiva desproporcionada.
Datos fiscales de Castilla-La Mancha frente al discurso del PP
Castilla-La Mancha se sitúa entre las comunidades autónomas con mayor número de beneficios fiscales en el tramo autonómico del IRPF. En concreto, forma parte de las seis regiones con más deducciones, con un total de 27, por encima de territorios gobernados por el Partido Popular como Andalucía (17), Madrid (23) o Extremadura (19).
A ello se suma que la comunidad autónoma es también la tercera con menos impuestos propios, con solo tres figuras tributarias, en línea con Comunidad Valenciana, Baleares o Cantabria. Una cifra que queda por debajo de otras regiones como Andalucía y Galicia, con ocho, o Aragón, con siete, todas ellas gobernadas por el PP.
Núñez pone el foco en la recaudación e ignora su efecto en los servicios públicos
Pese a ello, el líder del PP ha insistido en que la elevada recaudación no se traduce en mejores condiciones de vida y ha alertado de un empeoramiento de la situación económica de las familias. Un planteamiento que deja en segundo plano el destino de esos recursos públicos, que están permitiendo mantener y reforzar servicios públicos como la sanidad, la educación o las políticas sociales en un territorio marcado por la dispersión geográfica.
La estrategia del PP vuelve así a poner el foco exclusivamente en lo que se recauda, sin atender a cómo se redistribuye. Una línea discursiva que se repite en el tiempo y que choca con el modelo defendido por el Ejecutivo autonómico, basado en combinar estabilidad fiscal, menor esfuerzo impositivo y refuerzo de los servicios públicos.
Además, las críticas de Núñez se producen en un contexto en el que su partido mantiene posiciones diferentes en otras comunidades autónomas, donde las políticas fiscales no siempre han ido acompañadas de un aumento de deducciones o de una reducción efectiva de la carga para las rentas medias. Una contradicción en el discurso del PP que el Gobierno regional ha señalado en varias ocasiones para evidenciar las diferencias entre ambos enfoques.
En este escenario, el debate sobre la fiscalidad en Castilla-La Mancha vuelve a evidenciar dos modelos enfrentados: uno centrado en la denuncia de la recaudación y otro que reivindica el uso de esos ingresos para sostener servicios públicos y aplicar medidas fiscales selectivas. Mientras tanto, el discurso del "infierno fiscal" vuelve a ocupar el centro del argumentario del PP regional, pese a los datos que apuntan en sentido contrario.
