La carrera profesional sanitaria continúa en el debate político de Castilla-La Mancha 14 años después de que el Gobierno de María Dolores de Cospedal la suprimiera en 2012 en plena aplicación de los recortes aplicados a diversos sectores fundamentales de la comunidad. Ahora ha sido el presidente regional del PP, Paco Núñez, quien ha reclamado “garantizar por ley” su recuperación.

Durante una comparecencia ante los medios antes de presidir el Comité de Dirección del partido, Núñez ha pedido al PSOE, que ostenta mayoría absoluta en las Cortes regionales, que apruebe su propuesta para blindar la carrera profesional sanitaria y también el modelo de concierto social para el Tercer Sector. El dirigente popular ha asegurado que se trata de dos de las principales reivindicaciones de la sociedad civil organizada en el ámbito sanitario y social.

La carrera profesional fue implantada en Castilla-La Mancha en 2006, bajo el mandato del socialista José María Barreda, como un sistema de reconocimiento progresivo vinculado a la formación, la experiencia y la evaluación del desempeño de los profesionales del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam). Sin embargo, en 2012, el Ejecutivo de Cospedal aprobó la suspensión del reconocimiento y del pago de nuevos grados, dentro de un paquete más amplio de medidas de ajuste que incluyó reducción de plantillas, cierre de camas hospitalarias y supresión de complementos retributivos. Aquella decisión dejó congelado el sistema y convirtió a la comunidad autónoma en la única del país que no ha reactivado plenamente este modelo.

Desde el PP se ha defendido ahora que la ausencia de carrera profesional “avergüenza” a la región y “lastra” la modernización de la Atención Primaria. Núñez ha vinculado la medida a la reducción de listas de espera y a la mejora de las condiciones laborales de médicos y enfermeros, asegurando que su propuesta cuenta con el respaldo de colegios profesionales y sindicatos sanitarios.

En paralelo, el portavoz de Vox en las Cortes regionales, Iván Sánchez, ha exigido la “inmediata reanudación” del sistema coincidiendo con el aniversario de su paralización. Desde esta formación han denunciado que la suspensión ha supuesto pérdidas económicas que, en algunos casos, podrían alcanzar hasta 1.200 euros mensuales para determinados profesionales, aunque estas cifras dependen del grado y la categoría.

Objetivo: reimplantar la carrera profesional

Por su parte, el Gobierno de Emiliano García-Page ha reiterado en distintas ocasiones su intención de recuperar la carrera profesional sanitaria. El PSOE la ha incluido en sus programas electorales y ha defendido que el objetivo es reimplantarla de forma progresiva y sostenible. No obstante, el Ejecutivo autonómico ha advertido de que su puesta en marcha requiere una mayor financiación por parte del Estado, dado el impacto presupuestario que tendría consolidar el sistema con carácter estructural.

La discusión no se limita al ámbito sanitario. Núñez también ha pedido el “blindaje legal” de los conciertos sociales con el Tercer Sector, argumentando que las entidades que trabajan con personas con discapacidad o en riesgo de exclusión necesitan estabilidad jurídica y económica. Sin embargo, desde el entorno socialista se recuerda que muchas de las dificultades actuales en financiación social y sanitaria tienen su origen en las políticas de ajuste aplicadas durante el mandato del PP entre 2011 y 2015.

Mientras el PP intenta situarse como defensor de una reivindicación histórica del sector, la hemeroteca vuelve a poner el foco en la etapa en la que fue precisamente un Gobierno popular el que decidió suspender el sistema. La recuperación de la carrera profesional sanitaria se ha convertido así en un campo de batalla político donde cada formación intenta redefinir su papel, con la financiación autonómica como telón de fondo y con los profesionales esperando una decisión que lleva más de una década pendiente.