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El Gobierno de Castilla-La Mancha recurrirá ante la Justicia los trasvases de agua del Tajo al Segura que se autoricen fuera del plazo de tres meses previsto en la normativa. La consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, ha advertido de que el Ejecutivo autonómico estará pendiente de las decisiones que adopten el Estado y la Comisión de Explotación del Trasvase sobre los 97,94 hectómetros cúbicos pendientes de envío al Levante por la rotura del canal.
En una comparecencia ante los medios este martes, tras la reunión del Consejo de Gobierno, Gómez ha explicado que las actuales reglas de explotación permiten derivar 27 hectómetros cúbicos mensuales cuando el sistema se encuentra en nivel 2. Sin embargo, la avería de la infraestructura impide realizar los envíos con normalidad y obliga a tener en cuenta los plazos de reparación.
La legislación contempla un periodo de tres meses desde la aprobación del trasvase para que el agua autorizada pueda llegar a su destino. Ese plazo se cumple en diciembre, por lo que la posibilidad de efectuar las derivaciones pendientes más allá de esa fecha amenaza con abrir un nuevo conflicto jurídico entre las administraciones implicadas.
"Vamos a estar muy pendientes de lo que haga el Estado y la Comisión de Explotación del Trasvase con unos recursos que pertenecen a la cuenca cedente", ha señalado la consejera, que ha insistido en que la Junta recurrirá si se producen envíos que vulneren la normativa vigente.
La Junta cuestiona la necesidad de enviar más agua al Segura
Gómez también ha puesto en duda que las circunstancias actuales justifiquen trasladar al Levante los recursos que quedaron pendientes durante el anterior año hidrológico. Según ha explicado, las reservas disponibles en la cuenca del Segura son ahora superiores a las del ejercicio anterior, cuando la situación llevó a contemplar posibles escenarios de emergencia y necesidades de abastecimiento.
La responsable regional ha recordado que Castilla-La Mancha no ha negado el agua para los usos autorizados, pero ha defendido que las decisiones deben ajustarse tanto a la legislación como a la disponibilidad hídrica de cada cuenca.
"Este año tienen incluso más agua que en un momento dado estamos teniendo en la cuenca del Tajo", ha afirmado. En este sentido, ha apuntado a los recursos procedentes de la desalación como una alternativa para atender las necesidades del Levante.
La consejera ha añadido que durante el año hidrológico 2025-2026 se trasvasaron cerca de 600 hectómetros cúbicos, frente a una media habitual de unos 350. Por ello, ha defendido que no se envíen recursos que no sean necesarios y que, además, puedan quedar fuera de los plazos establecidos.
A la cuestión del calendario se suma otra posible controversia jurídica: la Junta considera que los 97,94 hectómetros cúbicos pendientes corresponden al año hidrológico anterior, mientras que el nuevo comenzó el pasado 1 de octubre. Gómez ha apuntado que este cambio podría afectar a la posibilidad de transferir la totalidad del volumen autorizado, incluso si los envíos se realizan dentro de los tres meses previstos.
Gómez tacha de "barbaridad" las acusaciones de López Miras
La consejera también ha respondido a las declaraciones del presidente de Murcia, Fernando López Miras, quien ha acusado al Ministerio para la Transición Ecológica de ralentizar deliberadamente las obras de reparación del canal para retrasar los envíos de agua al Segura.
Gómez ha rechazado esas afirmaciones y ha considerado que atribuir una intención política a las averías carece de fundamento. "Decir que es intencionado es una barbaridad que supone un riesgo muy grande", ha manifestado.
La titular de Desarrollo Sostenible ha explicado que las roturas se produjeron después de las intensas lluvias de la primavera, que habrían desplazado el terreno sobre el que descansan las losas de hormigón que sustentan el canal. También ha cuestionado que alguien pudiera provocar deliberadamente daños en una infraestructura de estas características.
"No creo que nadie atente contra una infraestructura de esta envergadura", ha afirmado, antes de defender que los plazos de reparación se han hecho públicos por tratarse de licitaciones públicas. En su opinión, no se están demorando las actuaciones de manera intencionada.
Sin avances en las negociaciones con el Ministerio
Por último, Gómez ha denunciado que la interlocución con el Ministerio para la Transición Ecológica continúa siendo "nula". Según ha explicado, el Gobierno regional sigue sin recibir respuesta a las propuestas presentadas para modificar las reglas de explotación del trasvase y adaptarlas a los compromisos recogidos en el Real Decreto de planificación hidrológica del Tajo.
Ante esta situación, la Junta mantiene la demanda presentada contra el Estado por los presuntos incumplimientos de esa normativa. "La situación sigue siendo grave, precisamente por los incumplimientos que tiene ese Real Decreto", ha señalado la consejera.
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