La Audiencia Nacional ha incorporado a la causa nuevos audios de las conversaciones entre María Dolores de Cospedal y el excomisario José Manuel Villarejo, junto a otras grabaciones que ya habían trascendido públicamente. El material llega al procedimiento a través de un informe de la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Nacional, que además ha cotejado las fechas y el contenido de las grabaciones con las agendas del antiguo agente.

El movimiento judicial ha provocado la reacción del Gobierno de Emiliano García-Page, que reclama que las nuevas diligencias permitan avanzar en la investigación sobre la que fuera presidenta de la región y secretaria general del PP.

En este contexto, el vicepresidente segundo de Castilla-La Mancha, José Manuel Caballero, ha valorado las últimas actuaciones policiales en torno a las grabaciones y ha puesto el siguiente paso en manos de los tribunales. “Tengo la confianza en que el Estado de Derecho actúe y que en esta ocasión la Justicia proceda a procesar a Cospedal”, ha afirmado.

Caballero ha destacado la relevancia de las nuevas conversaciones incorporadas a la causa, que se suman a las grabaciones que ya formaban parte del procedimiento. El informe elaborado por Asuntos Internos de la Policía Nacional identifica tres archivos de audio y coteja sus fechas y contenido con distintos apuntes de las agendas del excomisario. “Es muy grave lo que ya habíamos escuchado antes de sus tejemanejes con el comisario Villarejo y son todavía más graves los audios que hemos escuchado en el día de hoy”, ha señalado el dirigente socialista.

Los audios y la investigación sobre el caso Kitchen

Las grabaciones forman parte de las conversaciones que Cospedal mantuvo con Villarejo en 2014 y 2015, en el contexto de las actuaciones que posteriormente quedarían vinculadas al llamado caso Kitchen. Entre ellas se encuentra una conversación en la que la entonces número dos del PP habla con el excomisario sobre Luis Bárcenas y sobre la documentación que el extesorero de la formación conservaba.

En uno de los audios, Villarejo menciona documentación que se habría localizado sobre Bárcenas y Cospedal responde haciendo referencia a información que, según sus palabras, ya había sido encontrada y posteriormente “limpiada”. La conversación también contiene una referencia a Mariano Rajoy y a su supuesto conocimiento de esas actuaciones.

Las grabaciones fueron difundidas anteriormente y ya habían sido objeto de atención judicial. En julio, el juez de la Audiencia Nacional Antonio Piña ordenó a la Policía investigar si en el material intervenido a Villarejo existían elementos que pudieran aportar “indicios de criminalidad” en sus conversaciones con Cospedal o con su entonces marido, Ignacio López del Hierro. También reclamó los audios difundidos por RAC1.

El nuevo informe de Asuntos Internos, de 120 páginas, recoge la transcripción de tres audios aportados a la causa y establece correspondencias con las agendas de Villarejo. Una de las anotaciones hace referencia a un encuentro con Cospedal en la sede del PP, además de recoger otros detalles que los investigadores han cotejado con el contenido de la grabación.

La Policía, no obstante, también señala que no ha localizado en el material desencriptado otros audios con Cospedal, ni correos electrónicos o transferencias bancarias relacionados con esas conversaciones. El juez ha dado traslado del informe a la Fiscalía para que se pronuncie y, posteriormente, decidirá las actuaciones que correspondan.

Mucha confianza en la Justicia española

Ante este escenario, Caballero ha defendido que corresponde ahora a los tribunales determinar el alcance de las nuevas diligencias y las posibles responsabilidades que pudieran derivarse de las conversaciones. “Tengo mucha confianza en la Justicia española”, ha remarcado el vicepresidente segundo, antes de insistir en que espera que la antigua dirigente popular tenga que responder ante los tribunales.

En este sentido, ha asegurado que Cospedal “se ha estado escapando hasta ahora por los pelos” y ha confiado en que, en esta ocasión, “se someta al imperio de la ley y pague por lo que eran unas actuaciones que, ahora conocemos, eran, supuestamente, delitos evidentes y flagrantes para alterar pruebas sobre delitos cometidos por el Partido Popular y por su tesorero”.

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