El Gobierno de Page avisa de que el nuevo modelo de financiación de Sánchez puede quedarse sin votos en el Congreso

El Gobierno de Castilla-La Mancha mantiene su rechazo al nuevo modelo de financiación autonómica y trabaja para impedir que llegue al Congreso de los Diputados. La portavoz regional, Esther Padilla, ha asegurado este miércoles que considera que la reforma no cuenta con los apoyos suficientes para salir adelante y que el objetivo de la Junta es tratar de que ni siquiera llegue a ser votada.

“No solo espero, sino que creo que no va a llegar al Congreso porque no va a tener los votos suficientes”, ha afirmado Padilla durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno. La portavoz ha señalado que entre los partidos que ya han mostrado su oposición se encuentra Junts, que ha manifestado su rechazo al modelo planteado por el Ejecutivo central.

Pero el Gobierno autonómico no quiere esperar únicamente al resultado de una eventual votación. “Más allá de prever si llega o si no llega, es lo suficientemente grave y tan injusto el modelo que nuestra prioridad es que se cambie, que se retire y que no llegue ni siquiera a votarse”, ha defendido.

La portavoz ha explicado que el Ejecutivo de Emiliano García-Page está manteniendo conversaciones para intentar frenar la propuesta durante su tramitación. “Estamos esforzándonos en eso y haciendo un trabajo interno de conversación”, ha señalado, en referencia a los contactos que está llevando a cabo la Junta para sumar posiciones contrarias al nuevo sistema.

Los 1.248 millones adicionales no convencen a Castilla-La Mancha

Uno de los principales argumentos del Gobierno central para defender la reforma es el aumento de recursos para las comunidades autónomas. La propuesta contempla alrededor de 21.000 millones de euros adicionales, lo que supondría 1.248 millones más para Castilla-La Mancha respecto al sistema actualmente vigente.

Padilla considera, sin embargo, que ese incremento no puede analizarse al margen de cómo se distribuyen los fondos entre los distintos territorios. “Claro que vamos a recibir más dinero porque van a repartir 21.000 millones de euros más. Estaría bueno que no recibiera Castilla-La Mancha más dinero del que recibimos actualmente”, ha ironizado.

Para la Junta, el problema está en el reparto final y en la capacidad de cada comunidad para financiar servicios públicos como la sanidad, la educación o el bienestar social.

Padilla ha defendido que el nuevo modelo “no corrige la infrafinanciación que sufrimos”, sino que, a su juicio, puede consolidarla e incluso agravarla en determinados escenarios presupuestarios. El Ejecutivo regional reclama un sistema que permita garantizar servicios públicos de calidad en condiciones de igualdad, con independencia del territorio de residencia.

En esta línea, la portavoz ha puesto sobre la mesa las diferencias en financiación por habitante ajustado. Según las cifras manejadas por la Junta, Castilla-La Mancha continuaría por debajo de la media y recibiría 270 euros menos por habitante ajustado que Cataluña.

Además, ha sostenido que para situar a la región en la media del conjunto de comunidades serían necesarios 250 millones de euros adicionales al año. La brecha sería todavía mayor frente a las comunidades con mayor financiación: para alcanzar los niveles de Madrid y Cataluña, ha cifrado la diferencia en unos 600 millones anuales.

Para el Gobierno regional, recibir más recursos no significa necesariamente mejorar la posición de Castilla-La Mancha dentro del sistema si el reparto mantiene las diferencias actuales. En ese argumento sustenta Page su rechazo a la propuesta planteada por el Ejecutivo central.

El rechazo de la Junta no responde a un pulso con Sánchez

Las palabras de Padilla llegan después de las declaraciones del delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, José Pablo Sabrido, quien había vinculado el rechazo al modelo con la posición que podrían adoptar los diputados socialistas de la región en el Congreso. Sabrido había considerado que votar contra la propuesta supondría “satisfacer a la derecha y a la extrema derecha”.

La portavoz regional ha rechazado ese planteamiento y ha defendido que la posición de Castilla-La Mancha no responde a una cuestión de respaldo o rechazo personal a Pedro Sánchez, sino a la valoración que hace la Junta sobre el reparto de recursos.

“No se está decidiendo si se va en contra o no de una persona”, ha remarcado. La portavoz ha insistido en que lo que está en juego es “con cuánto dinero contamos las comunidades para educación, sanidad, bienestar social, para todas las políticas y servicios públicos que desarrollamos”.

Padilla ha situado así la igualdad en la calidad de los servicios públicos como uno de los argumentos centrales de su rechazo. “Este modelo defrauda a los ciudadanos de este país que creen que todos tenemos derecho a recibir la misma calidad en los servicios públicos”, ha afirmado.

También ha cuestionado el efecto territorial del reparto propuesto. “En los términos en los que habló ayer el delegado del Gobierno, y con los datos en la mano, beneficia a Ayuso, que es la comunidad autónoma que más presupuesto recibe por habitante ajustado”, ha asegurado, en referencia a la Comunidad de Madrid.

Padilla ha querido desvincular, en definitiva, la posición de la Junta de cualquier estrategia contra el presidente del Gobierno. “Defender los intereses de Castilla-La Mancha no es atacar a Pedro Sánchez ni ayudar a la extrema derecha”, ha sostenido.

Y ha concluido reivindicando que el Ejecutivo autonómico debe responder ante los intereses de la región y ha insistido en que “es cumplir con nuestra obligación, con los dos millones de habitantes que tiene esta región”.