El Gobierno de Castilla-La Mancha ha puesto cifras al rechazo de Emiliano García-Page al nuevo modelo de financiación autonómica impulsado por el Ejecutivo de Pedro Sánchez. Y los resultados de la simulación elaborada por la Consejería de Hacienda de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha golpean directamente el relato de Moncloa: aunque el sistema repartiría más dinero en términos globales, Castilla-La Mancha perdería peso, caería hasta la última posición entre las comunidades comparables del régimen común y quedaría todavía más alejada de la media nacional.
Los cálculos, a los que ha tenido acceso El Plural, han sido realizados sobre la última liquidación definitiva disponible del sistema de financiación autonómica, correspondiente al ejercicio 2023. A partir de esos datos oficiales, la Junta ha aplicado la metodología propuesta por el Gobierno central, tanto en lo relativo a la nueva población ajustada como a la capacidad tributaria de cada territorio.
La simulación no permite conocer todavía las cantidades definitivas que recibiría cada comunidad en 2027, ya que para ello sería necesario disponer de las previsiones de recaudación y liquidación de los ejercicios 2024, 2025, 2026 y 2027. Una información que, según la Consejería de Hacienda castellanomanchega, el Ministerio debe conocer, pero que no ha sido puesta a disposición de las comunidades autónomas.
Pese a esa falta de información, la aplicación de las nuevas reglas sobre los datos oficiales de 2023 permite comprobar quiénes serían los principales beneficiados y perjudicados por el sistema acordado entre el Gobierno de Sánchez y Esquerra Republicana.
El resultado coloca a Castilla-La Mancha en una posición especialmente delicada. Con el modelo vigente, la región presenta un índice de financiación del 97,3% respecto a la media nacional. Con la propuesta de Hacienda, ese porcentaje descendería hasta el 96,8%, lo que convertiría a la comunidad en la peor financiada entre los territorios del régimen común que pueden compararse en igualdad de condiciones.
Castilla-La Mancha recibiría más recursos en términos absolutos, pero el crecimiento sería inferior al experimentado por la media del sistema. En otras palabras, habría más dinero, pero la región perdería posiciones y dispondría de menos financiación relativa para pagar servicios públicos como la sanidad, la educación o la atención a la dependencia.
El informe regional advierte de que el modelo consagra en la práctica el principio de ordinalidad. Este criterio implica que las comunidades con mayor capacidad tributaria deben conservar también una posición superior después de que se repartan y nivelen los recursos.
La Junta rechaza esa filosofía porque considera que los servicios públicos que deben prestar las comunidades son esencialmente los mismos, con independencia de que un territorio tenga más riqueza, más empresas o una mayor capacidad para recaudar impuestos.
Los datos respaldan esa preocupación. Cataluña alcanzaría un índice del 104,9% respecto a la media, mientras Madrid se situaría en el 103,7% y Baleares en el 101,6%. También Cantabria permanecería por encima, con un 105%, aunque en este caso su posición respondería a los mecanismos destinados a proteger la financiación que ya recibía con el sistema anterior.
De este modo, solo cuatro comunidades quedarían por encima de la media: Cataluña, Madrid, Baleares y Cantabria. Tres de ellas se encuentran entre los territorios con mayor capacidad económica y tributaria de España.
En cambio, once autonomías quedarían por debajo. Galicia se situaría en el 97,6%, Andalucía en el 97,5%, Asturias en el 98,1%, La Rioja en el 97,4%, Murcia en el 97,3%, la Comunidad Valenciana en el 98,9%, Aragón en el 99%, Extremadura en el 99,8% y Castilla y León en el 97,9%.
Castilla-La Mancha cerraría esa clasificación con el 96,8%, sin contar la singularidad de Canarias, cuyo régimen fiscal propio impide realizar una comparación directa con el resto de comunidades.
El salto de Cataluña es uno de los elementos más llamativos de la simulación. Su financiación pasaría de 3.408 euros por habitante ajustado a cerca de 3.847 euros, una mejora próxima a los 439 euros. Su índice crecería desde el 100,5% hasta el 104,9%.
En Castilla-La Mancha, la financiación aumentaría desde los 3.298 hasta unos 3.552 euros por habitante ajustado. La subida rondaría los 254 euros, muy lejos del avance catalán y por debajo del crecimiento medio del sistema.
Esa diferencia explica que la región empeore pese a recibir nominalmente más dinero. La media nacional pasaría a situarse en unos 3.668 euros por habitante ajustado, dejando a Castilla-La Mancha más de cien euros por debajo.
La fotografía resulta especialmente incómoda para el Gobierno de Sánchez porque evidencia que el reparto de recursos adicionales no resuelve las desigualdades del actual sistema. En lugar de corregir la infrafinanciación de comunidades como Castilla-La Mancha, el modelo consolidaría la ventaja de territorios con mayor capacidad fiscal.
El rechazo de Page no se limita, además, al resultado económico. El Ejecutivo regional cuestiona que una reforma que afecta al conjunto de las comunidades autónomas haya sido negociada previamente con un solo partido, ERC, y con una única comunidad, Cataluña.
Para Castilla-La Mancha, el problema no es únicamente cuánto dinero incorpora el Estado al sistema, sino cómo se distribuye y qué criterios se utilizan. Una comunidad puede recibir más recursos y, al mismo tiempo, quedar peor financiada si las demás crecen a un ritmo superior.
Los cálculos de la Junta ponen así el foco en la distancia respecto a la media, un indicador que permite conocer la capacidad real de cada territorio para prestar servicios públicos en condiciones similares.
El documento regional sostiene que Castilla-La Mancha ya figura entre las comunidades peor tratadas por el sistema vigente. La propuesta de Hacienda no corregiría esa situación, sino que la agravaría, rebajando su índice del 97,3% al 96,8% mientras Cataluña, Madrid y Baleares superarían ampliamente el promedio nacional.
La negociación continuará pendiente de que el Ministerio facilite las previsiones completas para 2027 y detalle el efecto exacto de los fondos adicionales anunciados. Hasta entonces, las cifras aplicadas sobre la liquidación oficial de 2023 ofrecen una primera fotografía: los territorios con mayor capacidad tributaria conservarían las posiciones de cabeza y Castilla-La Mancha terminaría en el último puesto.
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