Castilla-La Mancha ha presentado este martes en las Cortes regionales un presupuesto de 46 millones de euros para Igualdad y el Instituto de la Mujer en 2026, unas cuentas que la consejera Sara Simón ha defendido como “el mejor instrumento” para seguir ampliando la red de centros de la mujer, reforzar los recursos para víctimas de violencia machista y consolidar ayudas económicas en vivienda, formación y protección social.

Frente a esta planificación de largo recorrido, PP y Vox se han aferrado a su discurso habitual para cuestionar la eficacia de estas políticas, sin aportar alternativas y recurriendo, en el caso de Vox, a descalificaciones ya recurrentes hacia los servicios públicos de atención a víctimas.

A lo largo de su comparecencia en la Comisión de Presupuestos, la titular de Igualdad ha subrayado que estas cuentas mantienen una línea de continuidad “en contraste con otras administraciones donde estas políticas desaparecen o se ocultan”. Ha recordado que el presupuesto del área se ha incrementado 226% en los últimos diez años, lo que ha permitido consolidar recursos esenciales en todo el territorio castellano-manchego.

Actuaciones en materia de igualdad

En materia de violencia machista, Simón ha detallado una inversión de 24 millones dirigida a prevención, identificación y atención a víctimas, un 9% más que en 2025. Entre otras actuaciones, ha avanzado que en 2026 comenzarán a proyectarse nuevos centros en Tragacete, Cuenca y Brihuega, además de mantener la financiación de los centros de atención a mujeres víctimas de violencia sexual y la cobertura psicológica a menores.

Ha recordado también que la red específica contra la violencia sexual opera ya con 36 profesionales y supuso una inversión inicial de 9,5 millones con fondos europeos, mientras que a partir de 2026 tendrá un coste anual cercano a los dos millones.

Otra línea destacada corresponde a la campaña de sensibilización contra la violencia sexual prevista para 2026, dotada con 500.000 euros, que incluirá también la puesta en marcha de dos autobuses como extensión móvil de este servicio especializado. Además, ha explicado que se mantienen y amplían las ayudas directas a mujeres, con 683.500 euros para alquiler complementados con un millón adicional de la Consejería de Fomento, así como becas “Leonor Serrano” para Formación Profesional e idiomas. También nacerá una nueva ayuda al alquiler destinada a hijos e hijas víctimas.

La consejera ha detallado igualmente un presupuesto de un millón de euros para políticas LGTBI destinado a ampliar la atención integral, fortalecer dispositivos de urgencia y promover investigación y contenidos audiovisuales que fomenten la diversidad en Castilla-La Mancha.

Desde el PSOE, la diputada Charo García Saco ha defendido que se trata de “unas cuentas para avanzar en derechos”, consolidando lo conseguido “frente a quienes solo buscan retroceder en libertades”.

Ha subrayado que Castilla-La Mancha cuenta con 88 centros de la mujer, “la red más extensa de España”, y con 15 recursos de acogida que han atendido a 3.000 mujeres en la última década. Ha criticado que Vox llame “chiringuitos” a estos servicios, una descalificación que considera ofensiva para víctimas y profesionales, mientras el PP opta por “mirar hacia otro lado” para no incomodar a sus socios.

Críticas de PP y Vox

Por parte del PP, la diputada Tania Andicoberry ha insistido en que las políticas de igualdad del Gobierno regional “son igual que García-Page, mucho titular y poca eficacia”, mezclando críticas sobre cribados de cáncer o incidencias en sistemas de control de agresores para cuestionar la labor de la Consejería.

También ha puesto el foco en el desempleo femenino, en el emprendimiento en zonas rurales y en la conciliación, señalando que el Plan Corresponsables “carga el coste sobre ayuntamientos y diputaciones”.

La intervención más dura ha correspondido al diputado de Vox, Luis Blázquez, que ha vuelto a tildar al Instituto de la Mujer de “macrochiringuito ideológico” y ha presentado una batería de datos descontextualizados para cuestionar el trabajo de los profesionales.

Ha vinculado además inmigración y criminalidad con afirmaciones categóricas que no han sido respaldadas por ningún informe, una práctica habitual del partido ultra que, lejos de aportar soluciones, utiliza la problemática de la violencia sexual como arma política.