El líder del Partido Popular en Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha dejado claro que, si tras las elecciones autonómicas de 2027 la aritmética parlamentaria se lo permite, aceptará un acuerdo de gobierno con Vox para acceder al Palacio de Fuensalida. Una posibilidad que, a día de hoy, se antoja compleja, teniendo en cuenta que Emiliano García-Page encabeza la inmensa mayoría de las encuestas publicadas hasta el momento y, según éstas, mantendría una mayoría absoluta sólida.

Durante un encuentro con los medios de comunicación, el dirigente popular ha afirmado que, si la ciudadanía castellanomanchega “pide cambio”, ese cambio se materializará en un Ejecutivo sustentado en la suma de PP y Vox. Una declaración que confirma sin matices que Núñez está dispuesto a asumir los postulados ideológicos de la ultraderecha con tal de ocupar el sillón del Palacio de Fuensalida, incluso cuando esos planteamientos chocan frontalmente con avances sociales y consensos democráticos consolidados en la región.

En ese escenario, el PP de Castilla-La Mancha ha aceptado ya como normal lo que en otras comunidades y ayuntamientos ha tenido consecuencias visibles: la negación de la violencia machista, el desmantelamiento de políticas LGTBI, la negación del cambio climático y los recortes en servicios básicos como la sanidad o la educación. Núñez ha defendido estos pactos señalando que su partido gobierna con Vox en “plazas importantes” y que está “razonablemente satisfecho” con esos acuerdos, pese a que allí donde se han aplicado han supuesto retrocesos.

El propio presidente regional del PP ha reconocido que esos acuerdos se han alcanzado “pactando líneas políticas” que en muchos casos son divergentes entre ambas formaciones, una forma edulcorada de admitir que el PP ha cedido terreno ideológico a una fuerza que cuestiona pilares esenciales del Estado social y democrático. Vox, liderado a nivel nacional por Santiago Abascal, ha convertido en bandera la eliminación de leyes contra la violencia machista y la recentralización del Estado, posiciones que Núñez estaría dispuesto a asumir sin reservas si los números le permiten gobernar.

Un pacto en contra del sistema autonómico

En el ámbito estrictamente castellanomanchego, la contradicción es aún mayor. Vox se ha manifestado abiertamente en contra del sistema autonómico y ha amenazado en numerosas ocasiones con derogar el Estatuto de Autonomía, recientemente reformado con amplio consenso político y social. Aun así, Núñez ha aceptado públicamente un eventual gobierno con una formación que rechaza el propio marco institucional que regula la Comunidad Autónoma que aspira a presidir, una paradoja que evidencia hasta qué punto el objetivo de llegar al poder se ha situado por encima de cualquier coherencia política.

Frente a este planteamiento, el líder del PP ha asegurado que, si gobierna, aplicará una “verdadera política de reindustrialización”, retendrá el talento joven y “modernizará el campo”, con la promesa de convertir a Castilla-La Mancha en “el eje de crecimiento del sur de Europa”. Sin embargo, estas afirmaciones chocan con los datos reales de la región, que ya se sitúa a la cabeza de numerosos indicadores económicos y de empleo gracias a la gestión del Ejecutivo de García-Page. Castilla-La Mancha ha liderado descensos del desempleo, ha atraído inversión industrial y ha reforzado servicios públicos en un contexto nacional e internacional complejo, logros que desmontan el relato de estancamiento que intenta construir el PP.

Mientras Núñez dibuja un futuro de cambio sustentado en un pacto con la ultraderecha, la realidad muestra una comunidad que ha avanzado en cohesión social, derechos y desarrollo económico bajo un gobierno que ha apostado por la autonomía, la igualdad y el fortalecimiento de lo público. La disposición del PP regional a gobernar con Vox pone sobre la mesa un debate de fondo sobre el precio político que está dispuesto a pagar Núñez por llegar al poder.