Durante años, Castilla-La Mancha ha cargado con el lastre de un modelo que la situó entre las comunidades que más retrocedieron, con recortes, falta de planificación y una ausencia casi total de diálogo social que dejó huella en el tejido económico y en los servicios públicos. Ese escenario, marcado por la inestabilidad y la pérdida de oportunidades, ha dado paso a una etapa en la que la concertación, la previsibilidad y la estrategia a largo plazo han ido ganando terreno como señas de identidad del rumbo regional.
Diez años después, y con el objetivo de continuar la senda de crecimiento iniciada en 2015, el Gobierno de Castilla-La Mancha ha ratificado junto a los sindicatos y la patronal una alianza estratégica para situar a la comunidad autónoma entre las regiones que más crezcan de aquí a 2030, un objetivo que se ha concretado en la firma del pacto 'Castilla-La Mancha, Horizonte 2030', un acuerdo de gran alcance que movilizará más de 15.800 millones de euros, incorpora 531 medidas e implica a 158 entidades del ámbito institucional, económico y social.
El acuerdo ha sido presentado en Toledo en un acto en el que se ha visualizado un amplio consenso social en torno a un modelo de desarrollo basado en el diálogo, la estabilidad y la planificación a largo plazo. Una imagen que contrasta con etapas anteriores en las que Castilla-La Mancha llegó a figurar entre las comunidades que más retrocedieron en indicadores económicos y sociales, especialmente durante los años de los recortes y la falta de concertación institucional.
Durante la presentación, el presidente regional, Emiliano García-Page, ha subrayado que el principal reto del pacto es consolidar un crecimiento sostenido y compartido, apoyado en una economía que ha definido como “muy sana”, con unos servicios públicos consolidados y una estrategia que convoca a todos los actores implicados. En este sentido, ha defendido que el documento ofrece una respuesta clara y verificable a quienes se planteen invertir o desarrollar su actividad en la región, al aportar estabilidad, proyectos definidos y una hoja de ruta común “negro sobre blanco”.
Lejos de plantear un documento genérico o de intenciones, García-Page ha insistido en que se trata de un pacto "medible y evaluable", con mecanismos de seguimiento y comités específicos que permitirán comprobar el grado de cumplimiento de cada una de las 531 medidas incluidas. Una forma, ha señalado, de alejarse de dinámicas cortoplacistas y de los vaivenes de los ciclos políticos que, en el pasado, han lastrado el desarrollo regional.
El presidente ha puesto también el acento en la evolución de la productividad, destacando que Castilla-La Mancha se ha situado entre las comunidades que más han crecido en este ámbito. Un dato que, según ha explicado, no responde solo a grandes cifras macroeconómicas, sino a una mejora real del rendimiento del trabajo y de la gestión empresarial, con resultados que superan a los de otros territorios.
Un pacto con ocho grandes ejes
El pacto se articula en ocho grandes ejes, con una distribución de recursos que refleja una apuesta equilibrada entre crecimiento económico, cohesión social y sostenibilidad. Destacan los 2.742 millones de euros destinados a economía productiva, los 2.065 millones para personas trabajadoras y capital humano y los 1.326 millones para investigación e innovación. A ello se suman 761 millones para cohesión territorial, 909 millones para sostenibilidad y agua, 3.950 millones para agricultura, ganadería y desarrollo rural, 4.065 millones para la sociedad del bienestar y 20 millones para transición digital.
En este contexto, se ha recordado que el pacto actualmente en vigor, correspondiente al periodo 2021-2024 y que se ha prorrogado hasta el 31 de diciembre, ha alcanzado ya un grado de ejecución del 116%, con 8.700 millones de euros invertidos, un dato que refuerza la credibilidad del nuevo acuerdo y su capacidad real de transformación.
La consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, ha señalado que el pacto firmado ha reflejado un compromiso conjunto que demuestra que el avance es posible cuando las instituciones y los agentes sociales caminan en la misma dirección. Un compromiso que, ha afirmado, se traduce en una región más próspera, más igualitaria, más inclusiva y con mayores niveles de bienestar para la ciudadanía.
Apoyo de los sindicatos y la patronal
Desde el ámbito sindical, la secretaria general de UGT Castilla-La Mancha, Lola Alcónez, ha calificado el plan como una herramienta clave para seguir avanzando en desarrollo, cohesión social y empleo de calidad, subrayando que el crecimiento debe llegar a toda la población, especialmente a quienes más lo necesitan. Aunque ha reconocido la mejora de la situación socioeconómica regional, ha advertido de que persisten retos pendientes en materia de derechos laborales, salarios, jornada laboral, vivienda y negociación colectiva.
En la misma línea, el secretario regional de CCOO, Javier Ortega, ha definido el pacto como una auténtica hoja de ruta para construir una comunidad moderna, con empleo estable, inclusivo y de calidad, capaz de garantizar el bienestar laboral con independencia del lugar de residencia. Ortega ha defendido la utilidad del acuerdo como instrumento para suplir carencias, atender problemas estructurales y mejorar la vida de la gente a través de políticas de empleo digno, formación, orientación y atención a colectivos especialmente vulnerables.
Por su parte, el presidente de Cecam, Ángel Nicolás, ha puesto en valor el clima de concertación social existente en Castilla-La Mancha, señalando que lo que en la región se ha normalizado, en otros territorios resulta impensable. Un clima de tranquilidad, previsibilidad y estabilidad que, a su juicio, ha sido clave para avanzar hacia consensos amplios y objetivos compartidos, favoreciendo el desarrollo empresarial, la actividad de autónomos y la creación de empleo.
