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Emiliano García-Page ha vuelto a situar la financiación autonómica entre sus principales líneas rojas frente al Gobierno de España y ha cuestionado que la capacidad económica de un territorio pueda determinar su posición final en el reparto de recursos públicos.
El presidente de Castilla-La Mancha ha aprovechado este miércoles su entrevista en RNE para cargar contra el modelo planteado por el Ejecutivo central, al considerar que está "pensado solo para Cataluña" y que introduce una filosofía contraria a la que lleva meses defendiendo su Gobierno.
La crítica de Page se centra especialmente en el principio de ordinalidad, que busca que las comunidades que más recursos aportan al sistema mantengan una posición similar después del reparto. Para el presidente castellanomanchego, esa lógica entra en contradicción con el objetivo redistributivo que debería tener un sistema de financiación autonómica.
La posición del Ejecutivo regional es que la financiación no debería preservar la posición de los territorios en función de su capacidad fiscal, sino garantizar que todas las comunidades dispongan de los recursos suficientes para prestar en condiciones equivalentes servicios básicos como la sanidad, la educación o la dependencia.
"La financiación de las autonomías no tiene que ver con los costes que tenemos las autonomías para la sanidad, sino que está en función de la renta", ha criticado Page durante la entrevista.
El dirigente socialista ha cuestionado así que una comunidad con mayor capacidad económica pueda mantener una posición de ventaja después del reparto. Una filosofía que Castilla-La Mancha viene rechazando desde que comenzó a conocerse la nueva propuesta de financiación autonómica.
La Junta sostiene que factores como la superficie, la dispersión geográfica, el envejecimiento o el número de pequeños municipios tienen que tener un peso mayor a la hora de calcular cuánto cuesta realmente prestar servicios públicos.
No cuesta lo mismo, según viene defendiendo el Gobierno regional, mantener una red sanitaria, educativa o de servicios sociales en una comunidad densamente poblada que hacerlo en Castilla-La Mancha, con más de 79.000 kilómetros cuadrados y una población repartida entre centenares de localidades.
Page ha insistido en que el criterio principal debería ser precisamente ese coste efectivo de los servicios y no la riqueza previa de cada territorio.
Para el presidente regional, el modelo plantea además un problema político de fondo al considerar que está condicionado por las exigencias de los partidos independentistas catalanes y que se ha diseñado pensando especialmente en las demandas de Cataluña. "Está pensada solo para eso", ha afirmado al referirse a esa comunidad.
La posición de Castilla-La Mancha pasa, por tanto, por reclamar un sistema que mida las necesidades reales de cada territorio y que garantice una financiación suficiente para prestar los mismos servicios públicos con independencia de dónde viva cada ciudadano.
El Ejecutivo regional viene defendiendo que la igualdad entre españoles no puede depender de la capacidad tributaria de cada comunidad y que la financiación tiene que servir precisamente para corregir esas diferencias, no para consolidarlas.
Una batalla que el presidente de Castilla-La Mancha ha vuelto a colocar este miércoles en primera línea y que amenaza con seguir marcando la relación entre el Gobierno regional y el Ejecutivo central durante los próximos meses.
