El Grupo Municipal Socialista de Talavera de la Reina ha decidido dar un paso más en la polémica que desde hace meses rodea a las contrataciones de las ferias de la ciudad y ha puesto en conocimiento de la Fiscalía Provincial de Toledo los procedimientos seguidos para contratar diferentes servicios y suministros vinculados a San Isidro y San Mateo durante el actual mandato municipal.
La denuncia política deja ahora en manos del Ministerio Fiscal la documentación sobre unos contratos que ya habían provocado reiteradas advertencias de la Intervención Municipal y sobre los que el PSOE había pedido explicaciones tanto al alcalde, José Julián Gregorio, como a la concejala de Comercio, Ferias y Festejos, María Pilar Guerrero, ambos del PP.
La viceportavoz socialista, Flora Bellón, ha explicado este miércoles que solamente durante 2025 las facturas reparadas por Intervención relacionadas con Festejos alcanzaron los 413.283 euros. No se trataba únicamente de discrepancias sobre cuestiones menores. El informe conocido el pasado mes de marzo señalaba expresamente la "omisión de tramitación de procedimiento de licitación y concurrencia" y añadía que ese reparo se venía repitiendo desde ferias anteriores.
Las cantidades de 2025 permiten hacerse una idea del alcance de las advertencias. Según los datos conocidos entonces, en las Ferias de San Isidro fueron reparados 193.600 euros correspondientes a conciertos y otros 44.900 euros relacionados con iluminación y sonido de los escenarios. En San Mateo fueron 129.833 euros por conciertos y otros 44.950 euros por escenarios y sonido. En total, los mencionados 413.283 euros en un solo año.
De 779.305 euros a "casi un millón"
El PSOE sostiene ahora que, sumando los reparos acumulados desde las primeras Ferias de San Mateo organizadas por el actual Gobierno municipal en septiembre de 2023 y los correspondientes a las ferias de 2024 y 2025, la cantidad se acerca ya al millón de euros.
Existe, sin embargo, una diferencia que conviene señalar. Cuando los socialistas denunciaron públicamente estos hechos el pasado mes de marzo, cifraron el acumulado desde septiembre de 2023 en 779.305 euros, cerca de 800.000 euros. El comunicado difundido este miércoles eleva ahora esa cifra hasta "casi un millón", aunque no incorpora un desglose que permita conocer qué cantidades explican la diferencia respecto al cálculo ofrecido cinco meses atrás.
Más allá de la cifra total, el elemento que ha llevado al PSOE a acudir a Fiscalía es precisamente la reiteración de las advertencias. Bellón ha reconocido que la existencia de reparos de Intervención no resulta excepcional en una administración pública. Lo que los socialistas consideran difícil de justificar es que las advertencias sobre determinados procedimientos de contratación se hayan sucedido durante varias ferias sin que, según denuncian, se modificase completamente la forma de tramitar esos gastos.
El argumento del Grupo Socialista es que podía comprenderse que en septiembre de 2023, apenas unos meses después del cambio de Gobierno municipal, existiesen dificultades para preparar a tiempo algunas licitaciones. Esa explicación, sostienen, pierde fuerza cuando los reparos vuelven a aparecer en ejercicios posteriores y la propia Intervención deja constancia de que determinadas advertencias ya se habían realizado anteriormente.
La concejala defendió la "absoluta legalidad"
La polémica tuvo uno de sus momentos de mayor tensión el pasado marzo. Después de conocerse el informe relativo a 2025, María Pilar Guerrero respondió con dureza al PSOE y defendió la "absoluta legalidad" de las contrataciones realizadas desde su concejalía. La edil calificó las acusaciones socialistas de "barbaridad" y "gravísimas" y sostuvo que la existencia de reparos es habitual en los ayuntamientos y que estos no implican por sí mismos la existencia de una ilegalidad.
Guerrero explicó entonces que para las cinco ferias organizadas hasta ese momento se habían solicitado presupuestos a tres promotoras diferentes y que se había escogido la propuesta económicamente más ventajosa. En el caso de los artistas, aseguró que se contrataba a la promotora que disponía de su exclusividad.
La concejala llegó incluso a anunciar acciones judiciales contra el PSOE por considerar que se estaba poniendo en duda su honorabilidad. "Nos vemos las caras en los juzgados", afirmó entonces, acusando a los socialistas de "intoxicar" y crear alarma sobre el destino del dinero público.
Cinco meses después, el conflicto ha recorrido el camino inverso. El PSOE ha optado por trasladar la documentación a la Fiscalía Provincial de Toledo para que sea esta institución la que valore si la forma de proceder recogida en los informes municipales puede tener alguna relevancia jurídica.
Los socialistas ponen también el foco sobre el alcalde, José Julián Gregorio, al que recuerdan que habían trasladado previamente sus advertencias tanto públicamente como durante diferentes plenos. El Ayuntamiento continúa gobernado por la coalición formada por PP y Vox, con Gregorio como alcalde y el dirigente de Vox David Moreno como primer teniente de alcalde, mientras Guerrero ocupa la tercera tenencia de Alcaldía y mantiene las competencias de Comercio, Ferias y Festejos.
La decisión del PSOE no significa por sí misma que Fiscalía haya apreciado la existencia de delito ni que haya concluido que las contrataciones fueran ilegales. Será el Ministerio Fiscal quien deberá estudiar ahora la documentación remitida y decidir si considera necesario realizar diligencias o cualquier otra actuación.
Bellón insiste en que su grupo no pretende determinar la existencia de una infracción penal, sino poner a disposición de Fiscalía una documentación oficial que, a su juicio, refleja una sucesión de advertencias que el Gobierno municipal de PP y Vox no corrigió pese a repetirse durante varios ejercicios.
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