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Castilla-La Mancha será la primera comunidad autónoma en firmar con el Ministerio de Vivienda el convenio del Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, según ha avanzado este martes el consejero de Fomento, Nacho Hernando. La Junta ya ha recibido el documento y se encuentra a la espera de cerrar con el Gobierno central la fecha para formalizar un acuerdo que el Ejecutivo autonómico prevé suscribir en las próximas semanas.
“Creo que vamos a poder ser los primeros en firmar ese acuerdo con el Ministerio”, ha señalado Hernando, que ha explicado que la rúbrica permitirá dar el “pistoletazo de salida” a las nuevas líneas de ayudas vinculadas al plan.
El acuerdo contempla al menos 280 millones de euros para Castilla-La Mancha durante el periodo de vigencia del programa. De esta cantidad, 168 millones serán aportados por el Estado y un mínimo de 112 millones corresponderán a la comunidad autónoma, que podrá incrementar su contribución con recursos propios.
A partir de este convenio se desplegarán alrededor de una docena y media de convocatorias dirigidas a diferentes ámbitos de la política residencial, entre ellos el aumento del parque de vivienda protegida y asequible, la rehabilitación, la movilización de vivienda vacía y medidas para facilitar el acceso de determinados colectivos al alquiler y a la compra de su primera vivienda.
Hernando ha defendido que la firma permitirá dar continuidad a las políticas que ya desarrolla Castilla-La Mancha y ampliar el número de personas beneficiarias, de forma que las nuevas líneas puedan ponerse en marcha sin tener que esperar a futuras fuentes de financiación.
Más vivienda protegida
El consejero ha aprovechado el anuncio del convenio para poner en valor la evolución de la vivienda de protección pública en Castilla-La Mancha. Según los datos que ha ofrecido, de las 6.000 viviendas de protección pública iniciadas en la última década, alrededor de 4.000 se han impulsado en los últimos tres años y medio, tanto en régimen de alquiler asequible como destinadas a la compraventa.
A esta evolución se suma el comportamiento de la obra nueva. Hernando ha señalado que en la última década se han construido más de 41.000 viviendas en la región y que unas 21.000 han comenzado a ejecutarse en los últimos tres años y medio.
El titular de Fomento ha defendido que todavía queda trabajo por hacer, pero ha vinculado la capacidad de seguir aumentando la oferta a la disponibilidad de recursos públicos. “Queda mucho por hacer, pero si contamos con los recursos vamos a poder llevar a cabo la tarea que supone el crear más oferta, oferta asequible, pública y protegida”, ha afirmado.
En este contexto, ha utilizado una expresión especialmente contundente para reclamar una respuesta de mayor alcance ante las dificultades de acceso a la vivienda. “Se ha acabado la hora de la homeopatía y hay que ir a cirugía mayor”, ha asegurado.
El consejero también ha puesto sobre la mesa el aprovechamiento de suelo dotacional para generar nueva oferta residencial y ha señalado específicamente el caso de Ciudad Real, donde antiguos edificios administrativos podrían transformarse en viviendas asequibles.
La Junta niega que cierre la puerta a las zonas tensionadas
Hernando también ha respondido a las preguntas sobre la declaración de zonas de mercado residencial tensionado, una herramienta que permite aplicar medidas específicas sobre los alquileres. El consejero ha rechazado que su ausencia en Castilla-La Mancha responda a una negativa de la Junta a utilizar este mecanismo.
Según ha explicado, aunque la comunidad autónoma tiene la competencia para aprobar finalmente una declaración de este tipo, son los ayuntamientos quienes deben iniciar el procedimiento y presentar el expediente correspondiente. Hasta ahora, ha asegurado, el Gobierno de Emiliano García-Page no ha recibido ninguna solicitud municipal para poner en marcha una declaración de zona tensionada. “En el momento que tengamos ese expediente, la comunidad autónoma planteará la aprobación de esas zonas si el expediente es correcto”, ha señalado.
Hernando ha puesto como referencia el procedimiento seguido en Bilbao, donde el Ayuntamiento desarrolló previamente los trámites necesarios de exposición pública y participación. En este sentido, ha rechazado que pueda atribuirse la ausencia de zonas tensionadas en Castilla-La Mancha a una decisión de la Junta de no aplicar esta herramienta. “No es así”, ha recalcado.
