Castilla-La Mancha ha situado la igualdad real entre hombres y mujeres como uno de los ejes centrales de su acción política en los últimos años, en un contexto marcado por el avance de discursos que cuestionan abiertamente las políticas públicas en esta materia. La región ha identificado como prioridades mejorar los mecanismos para que las víctimas de violencia de género recuperen su independencia económica y social, reforzar la prevención y detección de la violencia sexual y seguir combatiendo la precariedad y parcialidad laboral que afecta de manera estructural a las mujeres.
Estos retos han quedado reflejados en el balance del II Plan Estratégico para la Igualdad de Oportunidades entre Hombres y Mujeres de Castilla-La Mancha 2019-2024, que ha sido desgranado en rueda de prensa por la consejera de Igualdad, Sara Simón. Un documento que ha servido para radiografiar los avances logrados y, al mismo tiempo, las desigualdades que persisten en la región, especialmente en ámbitos como el empleo, la educación o la representación institucional.
El plan ha puesto el foco en la infrarepresentación de las mujeres en los espacios de poder, especialmente en el ámbito local y económico, donde su presencia apenas ha alcanzado el 30%. Un dato que ha evidenciado que, pese a los avances, siguen existiendo techos de cristal que condicionan la participación plena de las mujeres en la toma de decisiones. Una realidad que contrasta con los discursos del Partido Popular y Vox, que han cuestionado reiteradamente la necesidad de políticas específicas de igualdad, minimizando una desigualdad que los datos oficiales han vuelto a poner negro sobre blanco.
Acabar con la desigualdad en las aulas
Otro de los ejes destacados ha sido la desigualdad en las aulas, entendida no solo como un problema educativo, sino como un factor que puede derivar en situaciones de violencia y discriminación en etapas posteriores de la vida. El plan ha señalado la necesidad de reducir el abandono escolar temprano, que sigue afectando en mayor medida a las mujeres en determinados contextos sociales, así como de abordar el consumo elevado de psicofármacos entre mujeres, una problemática vinculada a la sobrecarga laboral, emocional y de cuidados.
En el marco de este plan, el Gobierno regional ha puesto en marcha 1.066 acciones que han contribuido, según ha defendido el Ejecutivo autonómico, a "avanzar hacia una sociedad más justa e igualitaria". Un volumen de actuaciones que ha desmontado el relato de quienes califican estas políticas como superfluas o ideologizadas, una narrativa habitual en los sectores más conservadores y que Vox ha llevado incluso a las instituciones donde ha tenido capacidad de influencia.
La consejera de Igualdad ha subrayado que el documento estará disponible en la web del Instituto de la Mujer y ha expresado su confianza en que sea analizado con detenimiento, especialmente por quienes, "desde la ignorancia" o el interés político, niegan la existencia de la desigualdad y la violencia machista. Un mensaje que ha apuntado directamente a las formaciones que han convertido el cuestionamiento de estas políticas en una bandera ideológica, alineándose con postulados que ya se han traducido en recortes allí donde gobiernan.
Trabajo colectivo y esfuerzo presupuestario
Desde el Ejecutivo castellano-manchego se ha defendido que el plan ha sido el resultado de años de trabajo colectivo y esfuerzo presupuestario, materializados en logros concretos que han tenido impacto real en la vida de miles de mujeres. Frente a ello, el discurso del PP y Vox ha seguido orbitando en torno a la deslegitimación de las políticas de igualdad, obviando los datos y el diagnóstico social que evidencian que la desigualdad sigue siendo estructural.
La titular de Igualdad ha sido especialmente contundente al señalar que los verdaderos "chiringuitos" no están en las políticas públicas de igualdad, sino en los discursos machistas que niegan la realidad de la violencia contra las mujeres y pretenden desmontar los avances logrados. Una afirmación que ha puesto de manifiesto la brecha ideológica existente entre un Gobierno regional que ha apostado por reforzar la igualdad y unas derechas que, lejos de aportar soluciones, han optado por cuestionar su propia existencia.