El Gobierno de Castilla-La Mancha continúa a la espera de recibir la documentación técnica prometida por el Ministerio de Hacienda para analizar la propuesta de reforma del sistema de financiación autonómica. Mientras aguarda a que se concrete una reunión bilateral con el departamento que dirige Arcadi España, el Ejecutivo de Emiliano García-Page ha reiterado su disposición al diálogo, aunque ha dejado claro que mantiene una posición "diametralmente diferente" a la que inspira el acuerdo alcanzado entre el Gobierno central y ERC.
El consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, Juan Alfonso Ruiz Molina, ha asegurado este martes que la Junta está dispuesta a sentarse con el Ministerio en cuanto se convoque el encuentro y ha llegado incluso a ofrecer plena disponibilidad para encajar la cita en la agenda institucional.
"Estamos a la espera de que podamos conciliar fechas para reunirnos. Incluso estoy dispuesto a anular toda mi agenda porque para mí lo prioritario es explicar el modelo que defiende Castilla-La Mancha", ha afirmado.
La posición del Ejecutivo autonómico llega en un momento de creciente debate sobre la reforma del sistema de financiación, después de que el Ministerio anunciara una ronda de reuniones bilaterales con las comunidades autónomas para abordar una cuestión que lleva años pendiente de actualización.
La Junta reclama más información al Ministerio
Ruiz Molina ha explicado que el pasado 1 de junio el Ministerio comunicó a las comunidades su intención de iniciar estos encuentros y que al día siguiente Castilla-La Mancha respondió mostrando su disposición a participar.
Sin embargo, el consejero ha lamentado que la información facilitada hasta ahora por el Gobierno central resulte insuficiente para realizar un análisis riguroso de la propuesta.
Según ha explicado, la Junta únicamente dispone del documento de presentación distribuido públicamente por el Ministerio y sigue esperando información técnica detallada que permita evaluar el impacto real del nuevo sistema.
El responsable regional de Hacienda ha reclamado acceso a los cálculos utilizados por el Ejecutivo central y a las previsiones de evolución del modelo hasta 2027 para conocer cómo afectaría a la financiación de servicios esenciales como la sanidad, la educación o los servicios sociales.
Más allá de la propuesta del Ministerio, Ruiz Molina ha aprovechado para reivindicar la posición que Castilla-La Mancha viene defendiendo desde hace casi una década. "No nos hemos movido un ápice desde 2017", ha asegurado.
El consejero ha recordado que el Gobierno regional ha mantenido el mismo planteamiento ante todos los responsables de Hacienda con los que ha negociado durante estos años, independientemente de su color político. "Lo hicimos con el ministro Montoro y con la ministra Montero y no tengo inconveniente en explicarlo de nuevo", ha señalado.
Según ha defendido, la propuesta castellanomanchega es conocida desde hace años y responde a una idea sencilla: garantizar que todas las comunidades dispongan de recursos suficientes para prestar servicios públicos de calidad en condiciones de igualdad.
El coste real de los servicios, eje de la propuesta regional
El principal punto de discrepancia entre Castilla-La Mancha y el modelo que estudia el Gobierno central se encuentra en los criterios utilizados para repartir los recursos.
Ruiz Molina ha insistido en que el sistema debe construirse sobre el coste efectivo que asumen las comunidades autónomas para prestar los servicios que tienen transferidos y no sobre la capacidad fiscal o tributaria de cada territorio. "Los servicios públicos los reciben y los pagan los ciudadanos y no los territorios", ha remarcado.
Desde la Junta consideran que factores como la dispersión geográfica, el envejecimiento de la población o la extensión territorial generan sobrecostes que deben ser tenidos en cuenta a la hora de diseñar el sistema de financiación.
Por ello, el Ejecutivo regional defiende que el reparto de recursos debe responder a las necesidades reales de gasto y no a la mayor o menor capacidad recaudatoria de una comunidad autónoma.
Rechazo al modelo acordado con ERC y la igualdad como línea roja
El consejero ha mostrado su rechazo al planteamiento que se deriva del acuerdo alcanzado entre el Gobierno central y Esquerra Republicana de Catalunya.
A juicio del titular regional de Hacienda, se trata de una negociación bilateral entre el Ejecutivo y una formación política concreta, al margen de un debate multilateral con el conjunto de comunidades autónomas.
Ruiz Molina ha advertido de que este modelo introduce elementos de trato diferenciado para determinados territorios y debilita el principio de igualdad que debe regir el sistema de financiación autonómica. Además, ha señalado que la propuesta conocida hasta ahora no garantiza que todos los ciudadanos reciban servicios públicos equivalentes con independencia de su lugar de residencia.
El Gobierno regional sitúa la igualdad en el acceso a los servicios públicos como eje central de su posición. En este sentido, defiende que cualquier reforma debe asegurar prestaciones equivalentes en todo el país, con independencia del territorio o la capacidad económica de los ciudadanos.
Por ello, Castilla-La Mancha sostiene que el sistema debe basarse en criterios objetivos ligados al coste real de los servicios, evitando acuerdos políticos que puedan alterar el equilibrio entre comunidades autónomas.
Pese a las discrepancias, el consejero ha reiterado la disposición del Ejecutivo autonómico a participar en las reuniones convocadas por el Ministerio de Hacienda con voluntad de diálogo y acuerdo.
No obstante, ha subrayado que la Junta mantiene su posición sin cambios desde 2017 y seguirá defendiendo un modelo basado en la igualdad y en la suficiencia financiera de los servicios públicos.
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