Tras la admisión a trámite por parte de la Audiencia Nacional del recurso contencioso-administrativo presentado por la Junta de Castilla-La Mancha contra la “inacción” del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico en la revisión de las reglas de explotación del trasvase Tajo-Segura, el Gobierno regional mantiene su posición sobre la necesidad de modificar el actual sistema de gestión del agua.

El Ejecutivo de Emiliano García-Page sostiene que el sistema vigente estaría generando impactos ambientales relevantes en la cuenca del Tajo y en espacios protegidos, y continúa con su estrategia judicial contra el Ministerio en relación con la revisión de las reglas de explotación del trasvase.

La consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, ha advertido de que la situación no puede considerarse resuelta pese a la evolución de las precipitaciones en los últimos meses, y ha cuestionado la interpretación que reduce el problema a un episodio coyuntural.

“Se están provocando graves daños a la Red Natura 2000 con las actuales reglas de explotación del Trasvase Tajo-Segura y que, además, se piensa que como este año ha empezado con lluvias en la primavera ya está todo solucionado, pero no es así”, ha señalado.

En este sentido, el Gobierno regional considera que el debate sobre el trasvase no responde únicamente a una cuestión de disponibilidad hídrica puntual, sino a la necesidad de revisar el marco normativo que regula las derivaciones de agua desde la cabecera del Tajo hacia el Levante.

La Junta sostiene que el actual modelo de explotación no garantiza la protección adecuada de los ecosistemas fluviales ni el cumplimiento de los caudales ecológicos exigidos por la normativa ambiental.

En el marco del procedimiento judicial abierto, el Ejecutivo autonómico ha presentado un informe técnico con el objetivo de respaldar su posición y acreditar los impactos que atribuye al sistema vigente.

“Por lo tanto, hemos presentado un informe justificativo en esta demanda que viene a demostrar que esos daños existen y que, en algunos casos, pueden ser reversibles si realmente se acomodasen los caudales ecológicos a las necesidades reales de nuestra Red Natura”, ha explicado Gómez.

La batalla judicial por el trasvase

El Gobierno de Castilla-La Mancha mantiene su recurso contra el Ministerio para la Transición Ecológica con el objetivo de lograr una modificación de las reglas de explotación del trasvase Tajo-Segura, una cuestión que considera clave para la recuperación ambiental del río.

La consejera ha vinculado además la posición del Ejecutivo autonómico con resoluciones judiciales anteriores que, según ha señalado, ya han reconocido la existencia de daños en el ecosistema del Tajo derivados de la planificación hidrológica.

“Esto también viene determinado en la última sentencia que salió en el año 2025, que venía a decir que efectivamente había un impacto claro en la Red Natura 2000 y en los espacios acuáticos como consecuencia de esta mala praxis dentro de la planificación hidrológica de la cuenca del Tajo”, ha recordado.

Gómez ha insistido en que la estrategia del Gobierno regional no es coyuntural, sino que responde a una demanda sostenida de revisión del modelo de gestión del agua que afecta a la cuenca del Tajo desde hace décadas.

En este contexto, ha cuestionado la idea de que la mejora de las lluvias en primavera pueda considerarse una solución estructural al problema.“Se piensa que como este año ha empezado con lluvias en primavera ya está todo solucionado, pero no está solucionado”, ha afirmado.

El Ejecutivo autonómico defiende que la admisión a trámite de su recurso judicial refuerza su posición y puede ser un elemento relevante para avanzar hacia la modificación de las reglas del trasvase, aunque advierte de que mantendrá su presión institucional si no se producen avances.

“Han pasado más de dos años desde que este cambio se debería haber hecho”, ha añadido, en referencia al retraso en la actualización de las reglas de explotación.

Según ha explicado la consejera, el objetivo es que el proceso derive en una actualización del marco normativo vigente. “Esa es la situación que nosotros hemos puesto encima de la mesa, han admitido a trámite nuestra demanda y lo que esperamos es que, cuanto antes, se nos presente una modificación de las reglas de explotación”, ha concluido.