Castilla-La Mancha llega a la nueva etapa de la Ley de Dependencia con un sistema que ha ampliado de forma notable su capacidad de atención durante los últimos once años. El balance de la Junta sitúa en 82.708 las personas atendidas y en 123.820 las prestaciones y servicios activos, frente a las 34.688 personas beneficiarias y las 47.160 prestaciones contabilizadas en 2015, cuando terminó la etapa de Gobierno del PP, con María Dolores de Cospedal al frente de la Junta.
El cambio también se refleja en los recursos económicos y en la valoración del propio sistema. El presupuesto destinado a dependencia ha pasado de 372 millones de euros en 2015 a 692,2 millones en 2026, mientras que Castilla-La Mancha ha pasado de obtener 4,6 puntos sobre diez en el Observatorio Estatal de la Dependencia a situarse actualmente con 8,25 puntos. El último dictamen coloca a la región en primera posición y le concede la máxima valoración en 15 de los 20 criterios analizados.
El momento coincide además con la aprobación definitiva en el Congreso de la reforma de las leyes de Dependencia y Discapacidad. El nuevo marco incorpora cambios como la reducción del plazo máximo de resolución a tres meses, el refuerzo de la teleasistencia, la ampliación de la ayuda a domicilio, la regulación de la asistencia personal o la incorporación de productos de apoyo al catálogo del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD).
La consejera de Bienestar Social, Bárbara García Torijano, ha defendido este viernes en Alcázar de San Juan que Castilla-La Mancha llega a esta nueva etapa con parte del camino ya recorrido. Lo ha hecho durante la inauguración del Seminario Tecnodependencia Castilla-La Mancha, organizado coincidiendo con el 20º aniversario de la aprobación de la ley estatal. “No es casual que se realice este seminario en un año en el que celebramos los 20 años de la aprobación de la Ley de Dependencia”, ha señalado la consejera, que ha reivindicado los años de trabajo desarrollados en la comunidad autónoma. A su juicio, la reforma estatal permite comprobar que la región “va por el buen camino”, puesto que “no partimos de cero”.
Del sistema que dejó el PP a una red con más de 123.000 prestaciones
Son 48.020 personas atendidas más que en 2015 y un incremento de más del 160% en el número de prestaciones. El crecimiento, además, se mantiene en el tiempo, ya que solo durante los siete primeros meses de 2026 se incorporaron más de 5.120 nuevas prestaciones al sistema, a un ritmo cercano a 25 altas diarias.
La ampliación de la atención ha ido acompañada de una red de recursos cada vez más diversificada. La teleasistencia llega actualmente a más de 35.000 personas, mientras que la ayuda a domicilio atiende a más de 15.400 beneficiarios y los servicios de promoción de la autonomía personal y SEPAP-MejoraT superan igualmente los 15.400 usuarios. La red residencial pública cuenta, además, con más de 13.000 plazas para personas dependientes.
El refuerzo del sistema también se refleja en la gestión de los expedientes. En julio de 2015 había 26.919 expedientes con el Programa Individual de Atención pendiente y fuera de plazo, frente a los 1.397 contabilizados en junio de 2026, lo que supone una reducción del 95%.
Una reforma que incorpora líneas ya desarrolladas en la región
Uno de los aspectos que García Torijano ha destacado es precisamente que varias de las medidas que ahora adquieren mayor peso en la legislación estatal ya cuentan con experiencia previa en Castilla-La Mancha.
Es el caso de la teleasistencia pública, universal y gratuita, que supera las 88.100 personas beneficiarias y llega al 93% de los municipios de la región, con una cobertura superior al 99% de la población. También existe un Servicio Público de Productos de Apoyo, gratuito y mediante préstamo, con más de 5.000 usuarios y alrededor de 7.600 productos activos.
A esta red se suman recursos destinados a facilitar que las personas puedan permanecer en su entorno habitual. Entre ellos figuran las 174 Viviendas de Mayores existentes en la región, que ofrecen 1.720 plazas, especialmente en municipios rurales.
La consejera ha insistido en que estos recursos no son exactamente equivalentes a todas las nuevas figuras contempladas en la reforma estatal, pero sí responden a una misma orientación hacia los cuidados de proximidad. “Muchas de las iniciativas que vienen incorporadas en esa ley nuestra Comunidad Autónoma ya las estábamos llevando a cabo”, ha afirmado.
Menos espera y el reto de mejorar la calidad
El crecimiento del sistema no se limita al número de prestaciones. También se ha producido una reducción de los tiempos de tramitación y de los expedientes pendientes de resolución. Castilla-La Mancha registra actualmente un tiempo medio de respuesta de alrededor de 165 días, frente a los 302 días de media estatal manejados por la Consejería.
La evolución resulta especialmente significativa al comparar los expedientes con el Programa Individual de Atención pendiente y fuera de plazo, que en julio de 2015 eran 26.919 y en junio de 2026 se habían reducido a 1.397, un 95% menos.
El Gobierno de Emiliano García-Page ha situado entre sus prioridades el crecimiento del sistema de Dependencia y la cifra prevista ya ha quedado ampliamente rebasada. “Un objetivo que nos marcamos a principio de esta legislatura de alcanzar las 100.000 prestaciones, lo estamos superando con creces”, ha señalado García Torijano.
La consejera ha advertido, no obstante, de que el siguiente paso no pasa únicamente por continuar aumentando las cifras. “Queremos que siga siendo así, pero no solamente en números, sino también en calidad de estas prestaciones”, ha defendido.
Más recursos estatales para reforzar la dependencia
Junto al desarrollo de nuevos servicios, la financiación será otro de los elementos determinantes de esta nueva etapa. Hasta ahora, Castilla-La Mancha asumía más del 71% del coste del sistema, mientras que la reforma establece que el Estado alcanzará el 50% de la financiación del sistema de dependencia, un cambio que supondrá para la región 47,1 millones de euros adicionales y permitirá reforzar la atención a las personas dependientes, sus familias y los profesionales del sector.
García Torijano ha recordado la reivindicación que la comunidad autónoma había mantenido durante años. “Veníamos trabajando y luchando desde el Gobierno de Castilla-La Mancha por ese 50% corresponsable”, ha señalado, destacando que una mayor participación estatal permitirá a las comunidades autónomas disponer de más recursos para desarrollar sus políticas y mejorar los servicios.
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