La sanción impuesta por la Inspección de Trabajo a Conservas El Cazador, empresa de La Solana, por vulnerar la normativa laboral ha provocado una reacción política que ha ido mucho más allá del ámbito estrictamente administrativo. Lejos de adoptar una posición de prudencia institucional o de respeto a la resolución oficial, la alcaldesa de La Solana, Luisa Márquez, ha publicado varios comunicados en su perfil personal de Facebook en los que sale en defensa del concejal del PP Santiago López, vinculado a la empresa sancionada, y carga implícitamente contra quienes han denunciado las irregularidades.

La Inspección de Trabajo ha acreditado que la empresa superaba el límite anual de horas extraordinarias, que carecía de un registro obligatorio de jornada y que la plantilla, formada por alrededor de 50 trabajadores, rebasaba de forma habitual la jornada máxima anual de 1.790 horas. Además de la sanción, la resolución obliga a la empresa a regularizar la situación y compensar las horas extra, ya sea económicamente o mediante descansos.

Pese a ello, la alcaldesa ha optado por un discurso de respaldo político y personal al edil, a quien lo presenta como víctima de una supuesta persecución y cuestionando de forma velada la actuación sindical y administrativa. Un posicionamiento que ha generado un profundo malestar en el ámbito sindical, al entenderse como un ataque directo a la defensa de los derechos de los trabajadores.

En sus mensajes, la alcaldesa habla de una supuesta "cobardía organizada", de "inspecciones convertidas en castigo" y de una estrategia de acoso y desprestigio contra quien, a su juicio, "trabaja con honestidad", deslizando que la actuación sindical y administrativa respondería a intereses políticos y no a la existencia de irregularidades reales. Un relato en el que presenta al concejal del PP vinculado a la empresa sancionada como víctima de una persecución y cuestiona de forma implícita la legitimidad de la Inspección de Trabajo.

"Flaco favor a la lucha de la clase obrera"

Desde UGT, sindicato que interpuso la denuncia que dio lugar a la actuación inspectora, han sido contundentes. Consideran que "defender políticamente a un concejal sancionado por una ilegalidad laboral supone un flaco favor a la lucha de la clase obrera y a la dignificación de los derechos de los trabajadores". A juicio del sindicato, no se trata de una cuestión personal ni política, sino de hechos constatados en una resolución oficial de la Inspección de Trabajo.

UGT lamenta especialmente que desde la Alcaldía se señale al sindicato como responsable del malestar personal del concejal, cuando su actuación ha tenido como único objetivo evitar que los trabajadores sigan sufriendo abusos e incumplimientos. En este sentido, desde la organización sindical subrayan que gracias a la denuncia se han activado medidas correctoras que ahora obligan a la empresa a cumplir la ley.

Desde el sindicato advierten además que “no parece serio que esto esté ocurriendo en un estado de derecho y que nos riamos de las ilegalidades”, en referencia al tono empleado en los mensajes difundidos por la alcaldesa. Unas declaraciones que evidencian el choque entre el respeto a la legalidad laboral y la defensa partidista de un cargo público.

El caso adquiere mayor dimensión política si se tiene en cuenta que Santiago López es concejal del PP en el Ayuntamiento de La Solana y gestiona áreas tan sensibles como Economía, Turismo y Comercio, además de Cultura, Festejos y Tradiciones. Aunque formalmente la empresa figura a nombre de su padre, es López quien ha venido ejerciendo la dirección efectiva, una realidad reflejada en numerosas entrevistas y actos públicos en los que ha sido presentado como "gerente", pese a que ahora intente desvincularse de la gestión laboral.

La reacción del Gobierno municipal del PP, lejos de reforzar la ejemplaridad institucional, ha colocado al Ayuntamiento en una posición incómoda, al respaldar públicamente a un concejal sancionado por vulnerar derechos laborales y cuestionar el papel de quienes han actuado para que se cumpla la ley. Un episodio que vuelve a evidenciar la distancia entre el discurso del Partido Popular y su práctica real cuando las irregularidades afectan a los suyos.