El Gobierno regional ha aprobado el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales de la Junta de Comunidades para 2026, que asciende a 12.903 millones de euros, lo que supone una variación del 1,5% con respecto al año anterior. Un presupuesto “totalmente comprometido con las personas y el progreso de Castilla-La Mancha” que mantiene el principal hilo conductor de la gestión del Ejecutivo autonómico desde el 2015.

Así lo ha expuesto el consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, Juan Alfonso Ruiz Molina, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno en el Palacio de Fuensalida, en Toledo, y en la que, acompañado por el director general de Presupuestos, Isidro Hernández, ha presentado el proyecto de Ley de Presupuestos para 2026. Después se ha registrado en las Cortes regionales para su preceptiva tramitación parlamentaria, a fin de que pueda entrar en vigor el 1 de enero del próximo año.

Una montante total al que si se le restan los fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR), que tienen “un carácter extraordinario y temporal”, y se elimina la parte que está directamente relacionada con la deuda pública, el gasto no financiero disponible para cumplir con los compromisos adquiridos con la ciudadanía asciende a 10.777 millones, una variación del 7,2%, y en términos absolutos supone disponer de 720 millones más que en el ejercicio 2025, es decir, los recursos financieros para el cumplimiento de los compromisos.

Un presupuesto que, según Ruiz Molina, se ha elaborado en un “escenario de normalidad y estabilidad política e institucional en la región”, frente a un ambiente de clara incertidumbre nacional, sin presupuestos generales y sin objetivos de estabilidad y deuda pública para 2026. Unas cuentas que son el principal instrumento del Gobierno para cumplir los compromisos adquiridos para mejorar la calidad de vida de la ciudadanía.

Que van a “permitir avanzar en la senda de progreso y prosperidad iniciada en 2015”, y que se refleja en los últimos datos económicos publicados, enmarcando a la región en un “escenario muy positivo”. En este sentido, ha explicado que las agencias internacionales de rating, Fitch y Moody´s han elevado la categoría crediticia de la región. El Banco de España ha publicado los datos Deuda Pública del II Trimestre de 2025 y Castilla-la Mancha “aparece como la tercera que más ha reducido el peso de la deuda con respecto al PIB” desde que Page es presidente.

El Instituto Nacional de Estadística (INE) ha publicado los últimos datos de Contabilidad Regional de España que constata que “somos la tercera comunidad con tasa de crecimiento desde Pandemia”; y el último informe de empleo ha situado a la región con la menor tasa de paro desde 2008 y más de 800.000 afiliaciones a la Seguridad Social. Datos que se sintetizan en el Índice de Confianza Empresarial que vuelve a situar a la región a la cabeza del ranking nacional.

Gasto social, equilibrio presupuestario y reducción fiscal

Ruiz Molina ha explicado que el presupuesto para 2026 se caracteriza por que el gasto social constituye el principal eje de estas cuentas, fundamentalmente el relacionado con el Estado del Bienestar. Una prioridad en este gasto que se hace compatible con el equilibrio presupuestario, déficit cero, que no incrementa el endeudamiento de la comunidad, y con la aprobación de reducciones fiscales, tal y como lo anunció el presidente en el Debate del Estado de la Región.

Se trata de unas cuentas con las que se pretende hacer partícipe al conjunto de la ciudadanía de la riqueza que, como sociedad “somos capaces de generar”, esto es, un compromiso que se va a llevar a cabo, fortaleciendo la cohesión social con la consolidación del Estado del Bienestar; contribuyendo al crecimiento económico de la comunidad mediante el impulso de la actividad empresarial y la creación de empleo.

Impulsando la transición ecológica y la transformación digital para consolidar el nuevo modelo económico de la región, basado en la sostenibilidad y la competitividad; y haciendo frente al reto demográfico, como uno de los “ejes transversales” de la política presupuestaria del Gobierno de Emiliano García-Page, a fin de facilitar el desarrollo integral de las zonas rurales.

Se destinan 7.555 millones de euros para el Estado del Bienestar

En relación con el gasto social, se van a destinar 7.555 millones de euros, 3.054 millones más que lo presupuestado en 2015 para financiar los servicios públicos fundamentales, como son la sanidad, la educación y los servicios sociales, es decir, apuntalando la cohesión social en Castilla-La Mancha.

Cumpliendo un año más el compromiso adquirido por el presidente Page de destinar el 72% del gasto no financiero. Una importante inversión que va a permitir disponer de más profesionales; más infraestructuras y equipamiento; más servicios y ayudas, además de avanzar en innovación y digitalización.

Dentro de este importante volumen de recursos, y como ha adelantado el consejero, en sanidad se va a superar por primera vez la barrera de los 4.000 millones, “siendo de nuevo la partida de gasto más grande de nuestro presupuesto”, creciendo un 7,5%, lo que va a permitir, ampliar la plantilla de profesionales sanitarios, teniendo en cuenta que se va aprobar una nueva oferta de empleo público para 2025 y que se va a disponer de una de las mejores ofertas de formación para especialistas, para retener talento en la región, configurando uno de los sistemas de salud más atractivos.

Proseguir con el plan de infraestructuras sanitarias comprometidas, tanto en hospitales como en centros de salud; potenciar la capacidad resolutiva de Atención Primaria, apostando por la tecnología más puntera, así como robustecer la red de atención en salud mental, garantizando la continuidad asistencial especialmente en el ámbito domiciliario y comunitario; y apostar por la prevención, mejorando el calendario vacunal y ampliando el cribado neonatal hasta las 36 enfermedades. 

En el área de Educación, Cultura y Deportes se van a destinar 2.500 millones de euros, un 5,3% más que en el presupuesto anterior, excluyendo los fondos MRR, y un incremento con respecto a 2015 de más de un 68%. Esta área permitirá ampliar la plantilla docente para bajar ratios, extensible a toda Primaria, mejorar horario lectivo del profesorado e impulsar la FP y reforzar la inclusión educativa.

Además, se va a proseguir con el plan de infraestructuras; la gratuidad de las plazas de 2-3 años a todos los municipios en el curso 2026-2027 y dotar de más plazas de transporte escolar; ampliar la oferta de plazas en comedores escolares y ayudas a las familias de los alumnos para que puedan usarlo y cumplir con los contratos de programas de las dos universidades públicas que operan en la región, consolidando la gratuidad de la matrícula para el primer curso.

El área de servicios sociales se supera por primera vez los 1.000 millones, un aumento con respecto a 2025 del 7,7%, excluyendo fondos MRR. Un presupuesto con el que se pretende incrementar la red de recursos asistenciales a personas mayores y con discapacidad, con más residencias, centros de día y viviendas; potenciar la atención a la dependencia; consolidar el Plan de Autonomía Digital; incrementar la plazas del Termalismo Social hasta las 8.400 y ampliar la oferta de Turismo Social para mayores de 55; y ampliar el número de servicios de atención temprana.

Las actuaciones de carácter económico contarán con 1.356 millones más que en 2015

En relación con las políticas de gasto dirigidas a incentivar el desarrollo económico y a la generación de riqueza y empleo, desde una perspectiva de sostenibilidad, Ruiz Molina ha detallado que se destinarán 3.232 millones de euros, un 68% más que en 2015, que 1.475 millones se va a canalizar vía transferencia a las empresas.

Con objetivos como el fomento de la actividad empresarial tanto nacional como internacional; modernizar el tejido productivo, en innovación y tecnología; impulsar el empleo, para promover en la región un mercado laboral más dinámico, de calidad y estable; proseguir con el apoyo firme al sector primario; acelerar la transición ecológica, para seguir avanzando en sostenibilidad medioambiental; mejorar la red de carreteras y transportes; y promover, en el marco de las competencias regionales, un parque inmobiliario accesible, “con importantes incentivos fiscales”.

Actuación decidida ante el reto demográfico

Durante su exposición, el consejero se ha detenido en el apartado dedicado al reto demográfico y ha especificado que en 2026 el proyecto de presupuestos va a reflejar el compromiso del Ejecutivo autonómico de actuar de manera decidida en este ámbito, y que se plasma en las políticas recogidas en la Estrategia Regional frente a la Despoblación que va a disponer de 2.116 millones, con un crecimiento del 4% respecto al anterior ejercicio.

Y que, si se compara con la presupuestada en el año 2023, el primero en el que se cuantificaron estas partidas, supone un incremento del 23,5%, 402,2 millones más, consolidando a Castilla-La Mancha como una comunidad autónoma “pionera” a la hora de abordar el reto demográfico.

Por su parte, las operaciones de capital, es decir, las inversiones que se destinan a favorecer la actividad productiva y de ampliación de infraestructuras en el ámbito de los servicios públicos, cuentan con 1.560 millones de euros, lo que supone una variación del 16,3% respecto a 2015, multiplicando por 2,5 su cuantía en los últimos diez años.  

El consejero ha indicado que este volumen de recursos va a consolidar y modernizar, en ámbito de la transformación digital la red de infraestructuras vinculadas a los servicios públicos; incentivar la inversión en sectores productivos; promover las infraestructuras básicas que refuercen la competitividad empresarial; impulsar el sector de la vivienda, con un impacto directo en la calidad de vida y el bienestar de la ciudadanía; y reforzar la conservación y protección del medio ambiente para garantizar un desarrollo sostenible de la región.

Ingresos no financieros y beneficios fiscales

En cuanto a los ingresos no financieros, el responsable de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital ha explicado que el 68%, 7.814 millones, provienen de las aportaciones a la región por el Sistema de Financiación Autonómica; en segundo lugar, de las transferencias del Estado y la UE, que asciende a 2.166 millones, y lo restante de los tributos cedidos que se gestionan desde la región, como es el Impuesto de Sucesiones y Donaciones.

En esta línea de ingresos, y en referencia al endeudamiento, el consejero ha mencionado el esfuerzo que se viene realizando en relación con la magnitud con la que se evalúa a la Comunidad Autónoma, que es el porcentaje de deuda con respecto al PIB, en cuyo caso ha señalado que se pone de manifiesto el esfuerzo realizado, para “cumplir el compromiso adquirido con la ciudadanía”, y que deja claro de nuevo el interés del Gobierno regional en que salga adelante la condonación de la deuda, por la que se reduciría el porcentaje de deuda sobre el PIB.

En relación con los beneficios fiscales, esto es, los ingresos que la Administración deja de percibir por las deducciones y bonificaciones fiscales ya aprobadas, el consejero ha señalado que el Gobierno regional no sólo ha “mantenido su compromiso de congelar la presión fiscal desde 2015”, sino que también ha reducido “el esfuerzo fiscal con la aprobación de nuevas desgravaciones fiscales que benefician a familias, jóvenes, para incentivar la actividad empresarial o luchar contra la despoblación”. Unos beneficios fiscales, que se han incrementado un 118,5% desde 2015, con un incremento en términos absolutos de 211 millones.

Y ha destacado que, para este año se estima un volumen de beneficio fiscal de 389,2 millones, con una variación del 17% respecto al año anterior; que las desgravaciones vigentes en materia de vivienda van a suponer un ahorro de 84,3 millones, en materia de despoblación se estima un 60 millones, mientras que las desgravaciones que benefician a personas con discapacidad serán de 21,3 millones.

Es, por tanto, y así ha concluido el consejero, un ejercicio de transparencia, con el que se quiere explicar a la ciudadanía la forma en la que se devuelven los impuestos que pagan, como bienes y servicios, y hacerlo para facilitar la vida a quienes lo tiene más difícil. Y se quiere hacer desde “el rigor y la responsabilidad”, siendo un presupuesto “comprometido con las personas y el progreso de Castilla-La Mancha”.