Este martes se ha vuelto a tumbar una medida que buscaba frenar la especulación de la vivienda en las Islas Baleares. Los responsables de incentivar que se recurra a la vivienda como negocio han sido nuevamente el Partido Popular y Vox al cerrar filas en el Parlament balear contras las iniciativas que buscan frenar la mina de oro inmobiliaria.
Los votos en contra de las derechas han llevado a que la propuesta para limitar temporalmente la compra de viviendas en zonas tensionadas a aquellas personas no residentes y grandes tenedores o personas jurídicas sea reclinada en la Cámara. La iniciativa inmobiliaria también pretendía fortalecer la fiscalidad ante las operaciones de lujo y a los multipropietarios. La decisión tomada en el Parlament ha demostrado una vez más que tanto los populares como los de extrema derecha se abstienen luchar contra la especulación percibiéndola como un recurso de mercado.
Desde Més per Mallorca, a través de Lluís Apesteguia, han defendido la importancia de regular la adquisición de viviendas por parte de no residentes. El portavoz ha aprovechado su intervención durante el pleno para exponer una serie de datos que respaldaban necesidad urgente de tomar acciones ante la crisis de la vivienda. “No tenemos un problema de escasez, sino de uso y de especulación”, ha anunciado Apesteguia aclarado que el problema no se encuentra en la falta de viviendas.
Y es que las Islas Baleares se encuentran en un marco donde el mercado inmobiliario se ha visto gravemente afectado. La voracidad de los fondos de inversión y la compra masiva por parte de grandes capitales foráneos han disparado los precios, dejando a los residentes en una situación de vulnerabilidad extrema. Como consecuencia de esta especulación descontrolada y la turistización, el fenómeno de vivir en caravanas o viviendas precarias se ha normalizado ante la imposibilidad de competir con el alto poder adquisitivo de inversores europeos.
En este contexto, cabe destacar que el archipiélago encabeza el listado de compraventas inmobiliarias por parte de compradores extranjeros. Un reflejo de esta situación se muestra en los datos que compartió el pasado mes el Consejo General del Notariado donde mostraban que el 38% de inmuebles que se han adquirido entre los años 2007 a 2025 pertenecen al sector extranjero.
En otro momento del Pleno, el político de Més per Mallorca ha retratado a los populares y los de Vox al recordarles que los símbolos que recurren como forma de profetizar su nacionalismo no sirven a la hora de solucionar la crisis inmobiliaria. “No habrá banderas lo suficientemente grandes para tapar la vergüenza de quien hoy vote en contra de esta proposición de ley”, ha añadido refiriéndose a aquellos que salen con banderas a la calle exigiendo un cambio.
De igual forma, Apesteguia ha enfatizado en que el problema se encuentra en el mercado: “Esto no va de banderas. Esto va de qué uso damos a la vivienda y de si quien compra es para vivir o para especular”. Con motivo de finalizar su intervención lanzado una frase que sentenciaba tanto a los del PP como a la formación de extrema derecha: “Quizá su patria es la especulación y sus compatriotas, los especuladores”.
Por otro lado, Carol Marqués, diputada del PSOE, ha querido debatir la garantía del uso social de la vivienda. Marqués ha declarado que no están debatiendo el “texto definitivo” sino que están abriendo el camino del debate. Asimismo, la socialista ha reprochado que las derechas no han considerado ni si quiera las iniciativas al no escuchar todas las propuestas frente al Govern.
En paralelo, el portavoz de Més per Menorca, Josep Castells, ha subrayado que la fuerte dependencia del turismo ha terminado impactando en el conjunto del mercado de la vivienda “y ya no solo en los chalés de las urbanizaciones”. Siguiendo la misma línea, el diputado de Unidas Podemos, José María García, ha denunciado que la vivienda se haya transformado en un refugio para la especulación y ha reprochado al Govern de la popular Marga Prohens que no adopte medidas para frenar esta situación.
Desde el bando contrario, la portavoz de Vox, Manuela Cañadas, ha sostenido que la proposición de ley no ataja el problema y que, por el contrario, introduce un modelo de intervención que resulta “jurídicamente frágil, económicamente contraproducente y políticamente incoherente con la defensa del interés nacional”. De igual forma, la diputada de los populares Margalida Pocoví ha calificado la iniciativa de oportunista y ha cuestionado por qué no se promovió ninguna actuación similar durante la legislatura pasada. “Ante la situación límite optaron por la pasividad, la inacción y por mirar hacia otro lado”, ha expresado. “No podemos apoyar una propuesta que es inconstitucional, contraria al derecho europeo, técnicamente inviable, y que interviene en la libertad y el derecho de los residentes de Balears”, ha añadido.
La forma de frenar la especulación inmobiliaria
Siguiendo el patrón anterior, PP y Vox también han tumbado otra proposición de ley destinada a frenar la especulación inmobiliaria a través de la vía fiscal, defendida por el diputado de Podemos y el de Més per Mallorca Ferran Rosa. La iniciativa planteaba un endurecimiento progresivo del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados para las grandes operaciones inmobiliarias y para los compradores que ya concentran varias viviendas. Etsa medida tenía el objetivo de acabar con las operaciones de grandes tenedores y sociedades que buscan hacer mercado con la vivienda.
Durante su intervención, el diputado de Podemos ha insistido en que la finalidad de la medida no es recaudatoria, sino redistributiva: emplear la fiscalidad como instrumento de política económica para “desincentivar la acumulación masiva de viviendas” y contribuir a moderar los precios en un mercado claramente tensionado.
Por su parte, el diputado del PSIB-PSOE Carles Bona ha manifestado que “cuando la vivienda se convierte en un bien especulativo, perdemos la ciudad. Se están transformando barrios en pueblos fantasma” y que por ese motivo a pesar de no estar de acuerdo sienten la necesidad de actuar.
Desde Més per Mallorca, han concluido en que la culpabilidad de la crisis que esta atravesando la vivienda esta en manos del Govern que se niega a proponer soluciones.
