La Audiencia Provincial de Palma de Mallorca ha solicitado este jueves al juzgado que abra juicio oral por corrupción contra el presidente del Consell Insular Ibiza del Partido Popular (PP), Vicent Marí, a razón de la adjudicación de un contrato de 250.000 a la empresa de una exconcejala de su partido durante la pandemia.
En este sentido, la Audiencia Provincial ordena que se continue con el procedimiento para la apertura de juicio oral contra el máximo dirigente de Ibiza, por ese contrato a la empresa Fuera Escena Ibiza S.L., cuya administradora única era una exconcejala suya en su etapa como alcalde del municipio de Santa Eulària. Así, en un auto dictado el 22 de diciembre de 2025, la Audiencia aprecia “indicios suficientes para que la causa deba continuar”, a la vez que anula el sobreseimiento provisional de la causa acordado en diciembre de 2024 por el Juzgado de Instrucción número 4 de Ibiza.
En este orden de cosas, la Sala ha estimado parcialmente el recurso presentado por el PSOE y ha solicitado que el procedimiento continúe, insistiendo en que “si las relaciones personales existentes entre el Sr. Vicente Marí y las personas que formaron parte de Fuera de Escena S.L. tuvieron o no relación directa con la adjudicación del contrato, será una cuestión a dilucidar en el seno del juicio oral”. Asimismo, según el auto de la Audiencia Provincial, en la contratación no consta la documentación mínima exigible para justificar la adjudicación directa, Por su parte, la Sala destaca que “no consta ese control respecto de Fuera de Escena S.L.” y, por el contrario, existen indicios de una adjudicación realizada “sin seguir los trámites esenciales del procedimiento administrativo”.
Cabe recordar que los hechos se remontan a 2020, cuando, por decreto de Presidencia de Vicent Marí, el Consell Insular de Ibiza adjudicó un contrato para la grabación de un vídeo de la campaña turística ‘La vida islados’ por un importe que ascendía a 249.018 euros a la empresa Fuera Escena Ibiza S.L., justificando la ausencia de concurso público por la situación de emergencia derivada del estado de alarma de la Covid-19. Tras ello, la interventora general del Consell Insular emitió en agosto de 2020 un informe de objeción suspensiva del pago de las facturas del contrato advirtiendo de “numerosas irregularidades” y solicitaba la incoación de un procedimiento de “nulidad” del contrato. Sin embargo, Marí levantó dicha objeción con la aprobación de otro decreto de Presidencia, recriminando además a la interventora las objeciones de esta al pago de las facturas manifestando que actuaba “desde la tranquilidad de su despacho y con un buen sueldo”.
Por su parte, la empresa adjudicataria tenía como administradora única a una exconcejala del Ayuntamiento de Santa Eulària des Riu en la etapa en que Vicent Marí fue alcalde, entre 2007 y 2011. En este punto, cabe remarcar que hasta el 2019, después de que la exconcejal del PP dejara el cargo y asumiera la administración única de la empresa, facturó más de 1,24 millones de euros en contratos adjudicados sin libre concurrencia por dicho ayuntamiento, siendo Vicent Marí alcalde.
Con todo ello, la adjudicación del contrato del Consell Insular a Fuera de Escena S.L. fue investigado por la Oficina de Prevención y Lucha contra la Corrupción de Baleares -organismo que PP de Marga Prohens ordenó cerrar en 2023 nada más llegar a la presidencia del Gobierno balear-. La Oficina, al apreciar indicios de delito tras revisar la documentación del contrato, trasladó los hechos a la Fiscalía Anticorrupción de Illes Balears. En agosto de 2022, la Fiscalía Anticorrupción presentó una querella contra Vicent Marí por los presuntos de delitos de prevaricación, tráfico de influencias y coacciones a la interventora general del Consell Insular. Después de dos años de instrucción, el Juzgado emitió en diciembre de 2024 auto de sobreseimiento provisional de la causa, ahora revocado por la Audiencia Provincial. Además, la Audiencia también acepta el recurso presentado por la interventora contra Vicent Marí por coacciones y acoso laboral tras sus informes negativos a la contratación.
