El Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso ha permitido a los colegios privados concertados que segregan por sexo seguir recibiendo dinero público hasta 2027. A pesar de que el Tribunal Constitucional ha avalado esta semana que los centros que diferencian niños de niñas no sean financiados por la Administración, el PP aprobó en 2021 un decreto que extendía de seis a diez años los conciertos ya vigentes en cualquier tipo de centro para así neutralizar antes de su entrada en vigor los efectos de la Lomloe, la conocida como 'Ley Celáa'.
De esta forma, 11 colegios que segregan a sus alumnos por sexo en la región recibirán cerca de 36 millones de euros anuales de aquí hasta el curso 2026-2027, aumentando la factura de 500 millones recibidos desde el curso 2011-2012, según datos oficiales. De no ser por la maniobra de Isabel Díaz Ayuso, esos conciertos habrían acabado a finales de este curso, dejando sin dinero público a este tipo de centros. La sentencia del Tribunal Constitucional no obliga a romper los conciertos vigentes, pero sí impedirá que la Comunidad de Madrid los renueve.
En noviembre de 2022, el Gobierno regional envió a la Asamblea un listado con el coste que supone para la administración madrileña financiar a estos colegios que segregan para el curso 2022-2023. Recogía 17 centros y 51 millones de gasto total. Sin embargo, un portavoz gubernamental asegura a El País que esa información quedó desactualizada porque hasta seis centros notificaron a Educación cuando ya había comenzado el curso que habían abandonado esa práctica, y que en realidad este curso solo la aplican 11 (36,2 millones de gasto), todos de un marcado carácter religioso, y varios de ellos vinculados al Opus Dei.
Ayuso, comprometida con la segregada
En diciembre de 2020 Isabel Díaz Ayuso sacaba pecho de regar y financiar a las escuelas que segregan por sexo. “Hemos decidido que para dar mayor seguridad a las familias que optan por la educación concertada vamos a alargar estos conciertos hasta 10 años”, indicaba cuando tan solo quedaba el visto bueno del Senado para que la 'Ley Celaá' viera la luz en el BOE. De esta forma, desde Sol se dieron prisa y tramitaron rápidamente el decreto que afecta directamente a la financiación de los centros privados concertados, segreguen o no, por la vía de urgencia. De hecho, las prisas de Ayuso le valieron la llamada de atención de la asesoría jurídica regional, que indicaba que sobre el decreto que "la declaración de urgencia no está suficientemente justificada”. Sin embargo, de no ser así, Ayuso no habría podido sortear la nueva ley de educación.
El decreto que aprobó la Comunidad de Madrid vio la luz en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM) el 13 de enero de 2021. Seis días después, el 19 de enero, hace lo propio la 'Ley Celaá' en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
De hecho, en la argumentación de motivos, la Comunidad de Madrid explica que publican el decreto "con el fin de dotar de certeza y previsibilidad en la regulación del régimen jurídico de los conciertos educativos a los titulares de los centros y a las familias que han elegido escolarizar a sus hijos en centros concertados en la Comunidad de Madrid". Según la administración, "se considera oportuno ampliar la vigencia de los conciertos educativos a los 10 años que comprende la enseñanza básica”.
El enésimo golpe contra el Gobierno central en materia educativa. Según recuerda el citado medio, durante el mes de noviembre se supo que el Ayuntamiento de la capital y el Gobierno de la Comunidad, ambos gobernados por el PP, habían cedido a coste cero dos parcelas valoradas en más de 11 millones de euros para construir dos colegios privados concertados que iban a ser explotados durante al menos 40 años. Sin embargo, esa concesión podría llegar a los 75 años.
El Ejecutivo regional no culminaba una concesión de este tipo desde el año 2013, cuando puso en marcha el colegio Pasteur Arroyomolinos para el curso 2013-2014. En 2018, detallan en la Consejería de Educación, se licitó otro concertado, pero la tramitación no llegó a terminarse. Finalmente, en 2022, el actual Ejecutivo reactivó un concierto durmiente (concedido pero no ejecutado) de 2005 en Villalbilla.
Ayuso abandonaba la senda de Cifuentes y Garrido de no apostar por más colegios concertados. La política de Esperanza Aguirre regresaba con fuerza conscientes del rédito electoral que les proporciona en las urnas.
De hecho es una de las tesis del PP para conseguir votos. Donde hay colegios privados concertados aumenta su intención de voto. Madrid es la región española con más estudiantes en centros privados puros (15,8%) y tiene un 29,6% en concertados. Sumando las dos (45,4%) solo es superado por el País Vasco (48%).
