La Asociación Vecinal de Arganzuela (EVA), con una larga trayectoria de actividad comunitaria que se ha visto reforzada durante la pandemia, lleva a los tribunales el “acoso” que el Ayuntamiento de Madrid, liderado por José Luis Martínez-Almeida, les ha propinado al negarles la concesión de una prórroga de las instalaciones que están usando para destinarlas a fines comerciales, las cuales se les concedieron el 23 de enero de 2017.

Gracias a la difusión del mensaje de ‘El Gran Wyoming’ a su favor y como ha podido saber en exclusiva ‘El Plural’, el espacio del que hacen uso en el Mercado de Legazpi supuestamente estaría destinado a los equipos de emergencia del SAMUR, algo que la asociación desmintió dado que este espacio tiene otras zonas en desuso de las que ambos servicios podían beneficiarse. Según los dictámenes del Ayuntamiento, la comunidad vecinal debería abandonar las instalaciones el próximo 8 de febrero.

Ante la situación de la pandemia, EVA reforzó su personal para dar alimento y otras necesidades básicas a los vecinos de la zona, ofreciendo suministro a alrededor de 230 familias, creando así una “despensa solidaria”, al igual que otras muchas asociaciones de la capital, para reforzar las labores de los servicios sociales, que también se ven colapsados la precaria situación económica de muchas personas que han recurrido en su ayuda. 

“El Ayuntamiento de Madrid ha pedido ayuda a los colectivos vecinales en las situaciones de emergencia, como cuando en el temporal Filomena nos pidió que nos organizásemos para retirar la nieve de las calles, o cuando en los meses más duros de la pandemia, los servicios sociales municipales, desbordados, derivaban a las familias a las despensas solidarias. Merecemos más respeto y consideración por parte del Ayuntamiento; que se preocupe de conocer la actividad imprescindible que realizamos en estos espacios, en lugar de intentar desmantelar el tejido vecinal de la ciudad”, afirma Leticia Alegre, delegada en representación de la asociación.

En este sentido, aseguran que ningún representante del Ayuntamiento ha dado señales de vida para plantear soluciones al respecto. El golpe sobre la mesa de los vecinos de Arganzuela se ha traducido en una manifestación el 7 de febrero a las 11:30h para “frenar el acoso de la administración municipal a las iniciativas colectivas, centros sociales y redes de apoyo de la ciudad”. Con el hashtag #EVAsigue, la asociación está moviendo cielo y tierra en redes sociales para hacer un llamamiento de unión a la ciudadanía.

Acciones legales contra el Ayuntamiento de Martínez-Almeida

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 31 de Madrid ha aceptado el trámite presentado por la asociación para que se cancele la desinstalación del inmueble, al menos hasta que finalice el estado de alarma vigente por la situación del coronavirus en el país, “para poder mantener al menos la despensa solidaria que alimenta a cerca de un centenar de familias en situación de pobreza extrema, a las que los servicios sociales no pueden atender con carácter inmediato porque se encuentran colapsados”, reclama EVA en un comunicado de prensa.

En este sentido, el Ayuntamiento de la capital debe responder en un plazo de 20 días ante la medida cautelar de suspensión de la resolución recurrida por el juzgado, dando una solución práctica al problema planteado por los vecinos de Arganzuela.