Todo iba sobre ruedas en Andalucía entre el PP, Cs y Vox… hasta el pasado jueves 22 por la mañana. Fue el día en que el inesperado y agresivo discurso de Pablo Casado en el Congreso contra Vox y su líder nacional Santiago Abascal vino a agitar el hasta entonces bastante plácido oasis andaluz, con una ultraderecha no literalmente entregada al Gobierno de Juan Manuel Moreno, pero sí lo bastante mansa como para no despertar inquietudes relevantes en San Telmo.

Ese mismo jueves 22, Vox Andalucía suspendió la reunión prevista con la Consejería de Hacienda que dirige Juan Bravo para ir cerrando flecos del acuerdo que le garantizaba al Ejecutivo autonómico la aprobación del “mayor Presupuesto de la historia de Andalucía”, por encima de los 40.000 millones de euros.

Los ultras dijeron que la suspensión de la reunión se debió a motivos meramente técnicos: había que ultimar detalles de los documentos que ambas partes tenían previsto intercambiarse. ¿El encuentro se postergaba al lunes, como había sugerido Hacienda? Vox no lo aclaró. Una semana después no hay fecha para reunirse.

Incumplimiento de plazos

El aplazamiento unilateralmente decidido por Vox ya tiene una consecuencia política tasada: el incumplimiento por parte del Gobierno andaluz del Estatuto de Autonomía, cuyo artículo 190 señala en su punto 4 que “el Proyecto de Ley del Presupuesto y la documentación anexa deben ser presentados al Parlamento al menos con dos meses de antelación a la expiración del Presupuesto corriente”. Puesto que las cuentas actuales expiran el 1 de enero de 2021, la Junta debería llevar sus cuentas a la Cámara antes del 1 de noviembre.

El Gobierno de Moreno empieza a pagar el precio de un discurso de Casado que Abascal interpretó como una afrenta, pues el presidente del PP incluyó en su intervención duros ataques personales que iban mucho más allá de la mera justificación de su voto negativo a la moción de censura contra el presidente del Gobierno presentada por Vox.

El cabo de las Tormentas

Los ultras andaluces, sin autonomía propia en un partido fuertemente jerarquizado, están por ahora haciéndose los remolones y dando largas a una negociación presupuestaria que para el Ejecutivo andaluz es crucial. En San Telmo son conscientes de que si obtienen la luz verde de Vox a las cuentas de 2021 habrán doblado el cabo de las Tormentas de esta legislatura, pues en el peor de los casos llegarían a 2022, su cuarto y último año de mandato, con el Presupuesto prorrogado.

Que Vox se fuera progresivamente distanciando del PP a lo largo de 2021 entraría dentro de lo habitual en los acuerdos de investidura, cuando la cercanía de las elecciones suele enfriar los compromisos contraídos al inicio de la legislatura. Que se distancie sin tener aprobadas las cuentas es más problemático.

El justificado temor en San Telmo es que las nuevas exigencias de Vox para aprobar el Presupuesto lleven un sello ideológico ultraderechista tan marcado –despidos en el sector público, más recortes en memoria histórica, nuevos ataques a las políticas de igualdad de género– como para desacreditar la imagen de moderación que Juan Manuel Moreno intenta asentar en una opinión pública andaluza donde todavía son mayoritarios y muy acusados los recelos sobre la derecha.

¿Andalucía o Vox?

Para Podemos Andalucía, en palabras de su coordinadora Martina Velarde, es "muy grave" que la Junta de Andalucía haya comunicado que la presentación del Proyecto de Ley de Presupuesto se retrasará una semana más debido a las exigencias de Vox, que "ha subido el precio del apoyo" tras la derrota de la moción de censura.

Velarde ha hecho un llamamiento explícito a Moreno para que sea "valiente" y elija: "¿Andalucía o Vox?". En todo caso, los morados no van a permitir "retrocesos en la lucha contra la violencia de género, en la defensa del medio ambiente y en nuestro Estado social y de bienestar, ya minado por una década de políticas de recortes, privatizaciones, austeridad y políticas de empobrecimiento".