Mientras la capital de España se lleva el foco mediático nacional, con la compra -y venta- del Ático de Ayuso en la Comunidad de Madrid, en Andalucía la discusión se sitúa sobre las cesiones de Moreno Bonilla a Vox. Contabilizando, alcanzamos a situar las relacionadas con la violencia de género, donde la ultraderecha, que reniega públicamente de ese concepto, pasará a gestionar las Unidades de Valoración Integral de Violencia de Género, o el nombramiento de un hombre, Emmanuel Toro, al frente del Instituto Andaluz de la Mujer, que ha generado otra profunda polémica. Por último, también conviene resaltar que quien ha alzado la voz en relación a acoger menores migrantes de la crisis humanitaria de Ceuta también ha sido Vox, el vicepresidente Gavira, que se ha mostrado tajantemente en contra.
Sin embargo, la vivienda también es un tema relevante en estos momentos en Andalucía. No solo porque sea la principal preocupación para los andaluces y andaluzas (22,2%), según el Centra, sino porque el nuevo partido que integra la Junta de Andalucía, Vox, también gozará del privilegio de las "casas gratis", como vino a llamarlas despectivamente el PP cuando estaba en la oposición en Andalucía.
"Casas gratis"
El término "casas gratis" fue utilizado por el PP de Moreno Bonilla cuando estaba en la oposición de Andalucía. Venía a referirse a las indemnizaciones para el alquiler de vivienda de la que gozan los altos cargos del Gobierno andaluz que viven a más de 60 kilómetros de la capital andaluza. Una medida impuesta por el PSOE en el año 2.000.
En ella, se establece un complemento salarial que ronda los 1.900 euros mensuales para poder gastarlos en vivienda. Además, el verano pasado, el Gobierno andaluz redactó un nuevo decreto por el que ahora también se compensaría el coste de transporte.
Mientras, no hace mucho, como decíamos, el término "casas gratis" fue el caballo de batalla de los populares en la oposición. Especialmente virulentos se volvieron sus argumentos durante el último gobierno de Susana Díaz al frente de la Administración. Entonces, el "sobresueldo" (otra término que esbozaban los populares) alcanzaba los 1.357 euros.
En el primer trimestre de 2026, hasta un total de 77 altos cargos de la Junta de Andalucía disfrutaron de estas ayudas por indemnización del alquiler. El importe total de estos tres meses supuso un coste de hasta 390.354,82 euros. Para situarnos, el último gobierno de Susana Díaz gastó 59.000 euros en el último trimestre de 2018.
Vox
Aquí es donde entra en juego Vox. El partido ultra no se ha mostrado públicamente en contra de estos "sobresueldos". Sin embargo, su llegada a la Junta de Andalucía, también al escenario político autonómico y nacional, llegó cargado de estridentes propuestas cuyo objetivo era "reducir el gasto superfluo" de la administración.
Sin ir más lejos, en el punto 13 del acuerdo firmado entre PP y Vox para conformar el Gobierno andaluz se habla, precisamente de este "gasto superfluo". Aunque, entre estos gastos se refiere a subvenciones a sindicatos y organizaciones empresariales "sin utilidad pública" o a la "eficencia en el uso de los recursos públicos", entre cuatro medidas más.
El acuerdo de Gobierno entre formaciones también ha traído consigo un engrosamiento en esos altos cargos, que suman 13 más que durante la pasada legislatura, pese a que el Gobierno mantiene las mismas consejerías. En total, serán 314. Un número que es controvertido después de que ambas formaciones explicitaran en su pacto de Gobierno la necesidad de aplicar una profunda "simplificación burocrática" y una racionalización del sector público. Entre las prioridades firmadas destacaban explícitamente la "eficiencia presupuestaria, el buen uso del dinero público y la optimización de los recursos", dedicando un apartado específico a la eliminación y reducción del denominado "gasto superfluo", como comentábamos.
Sin embargo, la primera reestructuración de calibre en el seno del Gobierno autonómico se traduce en la ampliación de su estructura. Las voces críticas no han tardado en señalar la paradoja que supone defender la agilización de la tramitación administrativa y la eliminación de trabas burocráticas al mismo tiempo que se incrementa la nómina de puestos de libre designación y altos cargos institucionales.
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