El contencioso será largo. UGT Andalucía acudirá a los tribunales para defender que utilizó correctamente el dinero para cursos de formación que le transfirió la Junta en el año 2007 y por los que el Gobierno autonómico le reclama ahora por vía administrativa la devolución de 18 millones de euros, cantidad en la que se incluyen los intereses de demora.

Tras adelantar ayer la cadena SER la decisión del Gobierno andaluz, UGT anunció en un comunicado que “llevará este caso al juzgado de lo Contencioso Administrativo, al entender que ha demostrado de forma fehaciente y reiterada que todos los cursos del programa se realizaron, y todos los alumnos recibieron la formación programada”.

Añadía el sindicato que, “en concreto, este programa, Forman XX, de 2007, iba destinado a desempleados y desempleadas. Se impartieron 341 cursos a 4.530 alumnos. Tuvo un porcentaje de inserción laboral del 58%: 2.620 alumnos consiguieron trabajo, de ellos más de un millar con contratos de más de seis meses. Esos cursos de formación les sirvieron además –informaba el comunicado sindical– para puntuar en oposiciones o bolsas de trabajo, y en todos los casos contaban con módulos de Prevención de Riesgos Laborales, Orientación Laboral, y Sensibilidad Medioambiental”.

Era la respuesta al rechazo por parte de la Junta del recurso de reposición que UGT-A presentó el 19 de octubre de 2015, contra el expediente de reintegro por valor de 12,5 millones de euros, referente a ese Programa Forman XX del año 2007. Los intereses de demora hacen que la resolución ascienda a 18 millones de euros.

Los tres principales argumentos de defensa de UGT-A son estos: 1) que ninguno de los motivos por los que se exige el reintegro guarda relación con la no ejecución de los cursos; 2) que todos y cada uno de los cursos se han realizado, no cuestionándose en ninguno de los documentos remitidos por la Administración la impartición de los mismos, en su totalidad; y 3) que los motivos para desestimar el recurso de reposición interpuesto se fundamenta en cuestiones formales de carácter administrativo, cuestiones jurídicamente interpretables y que fundamentan que se vaya a iniciar la vía judicial.

El sindicato recuerda también en su réplica que ha impartido, a través de su Instituto de Formación (IFES) 21.420 cursos, de los que se beneficiaron casi 270.000 personas, trabajadoras y desempleadas.