La celebración de la vigésima edición de los Premios Escaparate, que tuvo lugar el pasado 17 de septiembre en la emblemática Plaza Virgen de los Reyes de Sevilla, ha dado el salto definitivo de la polémica política a los tribunales. El partido extraparlamentario Iustitia Europa ha presentado una denuncia formal ante la Sección de Instrucción de Guardia del Tribunal de Instancia de Sevilla contra responsables del Ayuntamiento de Sevilla, la Junta de Andalucía y la Diputación Provincial por supuestos delitos de prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos. La acción judicial pone en el punto de mira una compleja red de financiación cruzada y el uso de espacios protegidos para un evento de carácter privado que congregó a unos 400 invitados a los pies de la Giralda.
El núcleo de la denuncia penal, interpuesta por el letrado y presidente de la formación, Luis María Pardo, cuestiona la secuencia administrativa que permitió ocupar un enclave blindado por la propia normativa municipal. El artículo 11.1 de la Ordenanza Reguladora de la Ocupación de los Espacios Públicos del Conjunto Histórico prohíbe de forma expresa el uso de las plazas Virgen de los Reyes y del Triunfo para este tipo de eventos. Sin embargo, la maniobra que investiga la justicia radica en cómo el Ayuntamiento de Sevilla, a través de la empresa municipal Congresos y Turismo de Sevilla (Contursa) y bajo el gobierno local del Partido Popular, asumió la coorganización del acto. Según las declaraciones públicas de la propia delegada municipal de Turismo, una empresa privada carecía de legitimación para solicitar el uso de la plaza, pero la administración sí podía hacerlo, un subterfugio que la acusación popular en potencia considera un uso torticero de las potestades públicas para sortear la ley.
A esta intervención logística se suma un engranaje de fondos públicos que supera los 36.000 euros conocidos de manera directa. Por un lado, el Ayuntamiento de Sevilla y Contursa destinaron 14.900 euros más IVA (alcanzando los 18.029 euros), una cifra idéntica a la aportada por la Junta de Andalucía a través de la Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía mediante un contrato menor de patrocinio. Este departamento autonómico depende de la Consejería de Turismo, Justicia, Desregulación y Administración Local, dirigida por Vox en virtud del pacto de gobierno regional. La denuncia también subraya la participación de la Diputación Provincial de Sevilla, presidida por el PSOE, tras trascender que el promotor del evento, Mario Niebla, barajó la utilización de dependencias de la Casa de la Provincia como camerino para los artistas. Sin embargo, la participación del ente provincial que anunció Niebla para que finalmente se atañen a un borrador de acuerdo, sin que finalmente llegara a materializarse, según han apuntado fuentes del ente. Para Iustitia Europa, la fragmentación de contratos y la implicación transversal de administraciones gobernadas por distintas siglas políticas evidencia un desvío de recursos públicos hacia una gala privada cuyo coste global estimado rondó los 150.000 euros.
La Junta acumula 44.058 euros en contratos para los galardones desde 2023
La financiación pública de los premios organizados por la revista Escaparate no se limita al ejercicio actual, sino que responde a una línea continuada de patrocinio institucional. La Junta de Andalucía, a través de sus entes públicos, ha destinado desde el año 2023 un total de 44.058 euros (IVA incluido) en contratos menores de patrocinio adjudicados a favor de estos galardones. Esta reiteración en la inyección de fondos públicos que abarca las ediciones de 2023, 2025 y 2026 ha sido objeto de requerimientos parlamentarios en la Cámara andaluza para fiscalizar la falta de concurrencia competitiva. Entre los episodios más cuestionados de esta serie contractual figura el expediente correspondiente a 2023, en el que la adjudicación oficial del patrocinio se publicó en los boletines oficiales cinco días después de haberse celebrado la propia gala, evidenciando un patrón de contratación que la denuncia sitúa bajo sospecha de fragmentación y arbitrariedad.
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