El ex teniente de alcalde y exportavoz de IU en el Ayuntamiento de Sevilla Antonio Rodrigo Torrijos se considera una víctima de la ‘justicia de Alaya’, la juez que prolongó indebidamente durante ocho años la instrucción del caso Mercasevilla en el que el político de izquierdas y otros nueve procesados más fueron absueltos.

Tras darle la razón el Consejo General del Poder Judicial, abriendo así la puerta a solicitar al Estado que lo indemnice con 73.500 euros, Torrijos intentará que ese dinero lo pague personalmente la juez instructora, quien, por cierto, firmó la imputación formal de Torrijos en plena campaña electoral de las locales de 2011.

Sentenciado en 2017 con absoluciones confirmadas en 2019, el caso había arrancado en 2009 con una denuncia del exjuez compañero de Mercedes Alaya y entonces portavoz del PP en el Ayuntamiento de Sevilla, Juan Ignacio Zoido

El resumen del dictamen del Poder Judicial es inequívoco: Mercedes Alaya no hizo bien su trabajo, incurriendo en dilaciones indebidas e injustificadas. "No queda acreditada –dice el informe del CGPJ– la complejidad del procedimiento penal que justifique el dilatado período temporal que provocó dilaciones indebidas y llevó a que la tramitación del procedimiento llegara alcanzar un exceso indebido de tiempo, debiendo entenderse como excesivo y del que es dable apreciar un anormal funcionamiento de la Administración de Justicia".

Aun así, el órgano de gobierno de los jueces se pone en perfil a la hora de opinar sobre el alcance de los daños ocasionados por Alaya: el CGPG, dice el dictamen, no tiene "potestad" valorar "la existencia del daño anudado causalmente a aquel anómalo proceder" o la evaluación económica del mismo.

En declaraciones a la periodista de La Razón Noelia Acedo, que adelantó el contenido del informe del Poder Judicial, Rodrigo Torrijos dice que estudiará “lo que se llama un procedimiento de repetición, que consiste básicamente en hacer que la Justicia determine la responsabilidad del funcionario en cuestión, y así demandar a la persona que ha provocado el daño, en este caso, la jueza Mercedes Alaya, de tal manera que no paguemos los españoles lo que es responsabilidad suya”.

Recuerda también el ex líder de IU de Sevilla que el propio informe del Poder Judicial recuerda que el Ministerio Fiscal ya avisó en el procedimiento de las dilaciones indebidas pero la instructora hizo oídos sordos las advertencias.

Rodrigo Torrijos difundió tras su absolución un comunicado en el que lamentaba que el fallo, ya firme, hubiera llegado tan tarde: "Tras ocho años de soportar calumnias de todo tipo, acusaciones infundadas y un feroz juicio paralelo que han ocasionado un daño irreparable a mi persona, los tribunales me dan la razón y confirman lo que he expuesto, de manera firme y clara, antes y durante la instrucción y las sesiones del juicio: que no tuve nada que ver con ningún supuesto amaño de aquel concurso público ni con venta fraudulenta alguna".