Su nombre es Miguel Romero, está indignado y ha querido hacer pública su indignación a través de una carta en la que apela directamente al presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno Bonilla, para que explique por qué le han negado a su padre, de 95 años, la calificación de dependiente pese a que “no es capaz de acostarse solo, hay que ponerle el pañal con frecuencia, lo tiene que lavar y duchar una persona todos los días, no es capaz de calentarse siquiera el café y mucho menos de hacerse la comida…”.

La carta

El texto íntegro de la carta abierta es el siguiente:

“Mi padre Emiliano Romero Jurado, cumplió en marzo 95 años, y la pensión que tiene después de trabajar toda la vida en el campo es de 677€. El 10 de mayo de 2018, solicitamos por segunda vez reconocimiento de situación de dependencia. Con fecha 9 de agosto de 2019 (15 meses después) le contestan que no tiene derecho a ayuda alguna.

Mi padre no es capaz de acostarse solo, hay que ponerle el pañal con frecuencia, lo tiene que lavar y duchar una persona todos los días, no es capaz de calentarse siquiera el café y mucho menos de hacerse la comida, ya no digo lavar la ropa o tenderla, anda con dos garrotas porque con una no es suficiente, de la vista también anda mal y se tropieza con frecuencia, tiene artrosis degenerativa desde hace bastantes años, su cabeza la tiene perfecta, como siempre la ha tenido, y por eso es más consciente del atropello que la Junta está haciendo con él y quizás con muchas personas más. Todo esto y más se aportó en su día al expediente que tramitó la asistente social con el informe médico.

Es vergonzoso que después del producto dado con el trabajo a su patria, esta le niegue derechos. Pido a estos políticos que tanto tienen la palabra España en la boca, que dejen de utilizarla en vano, y se dediquen de una vez a solucionar los problemas de sus ciudadanos, como es el caso que nos afecta.
Por supuesto que mi padre no se va a quedar sin atender porque no lo atienda la Junta de Andalucía, faltaría más, aunque sus dos hijos con casi 70 años lo tengamos que cuidar y yo me haya tenido que venir de Sevilla donde vivía para cuidarlo (la primera vejez cuidando de la segunda) con la ayuda de una mujer que pagamos.
Esta Junta de Andalucía no cree en el Estado del Bienestar, y por ende en los servicios sociales, y aunque raquítico, traten de reducirlo a la mínima expresión para beneficiar a las empresas privadas.

Me pregunto y le pregunto al Sr. Presidente de la Junta, Sr. Bonilla, si aún le viven sus padres, y si es así, de lo cual me alegraría, qué haría en mi situación: ¿dejaría de trabajar para ir a cuidarlos o se los llevaría a su despacho en San Telmo? Porque con los 677€ que cobra mi padre, no tiene ni para pagar la calefacción en invierno ni el aire acondicionado en verano. ¿O por el contrario los dejaría abandonados a su suerte, por no tener para pagar a una persona que los cuidase?

Yo acuso al presidente de la Junta y a todos sus consejeros como órgano colegiado de abandono de sus mayores, de no dar respuestas rápidas a sus problemas, y de falta de empatía y sensibilidad social con los mismos. Ustedes tienen transferidas las competencias en sanidad y dependencia, no culpen a nadie de sus vergonzosos recortes. Son ustedes los únicos responsables. Como también lo son y también los acuso de querer destruir el incipiente Estado del Bienestar en España. La patria se construye haciendo camino al andar como decía el poeta. Demuéstrenlo”. Firmado: Miguel Romero Cejudo.

La resolución

La resolución de la Junta relativa a Emiliano Romero es terminante, aunque puede recurrirse: “No reconocerle situación de dependencia alguna, de conformidad con los hechos y fundamentos de derecho de la presente resolución”.

El Servicio de Valoración de la Dependencia de la Delegación Territorial de Igualdad Córdoba ha tenido en cuenta, a la hora de emitir su dictamen negativo, "los informes sobre la salud de la persona interesada y sobre el entorno en el que vive".

Lo que dice la ley

Según la denominada Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, de 2006, son tres los grados de dependencia que pueden resultar de la valoración de los solicitantes y que dan derecho a distintos tipos de prestaciones.

Asimismo, el Real Decreto 174/2011, de 11 de febrero, por el que se aprobaba el baremo de valoración establecido por la Ley, define la dependencia en estos términos:

"La dependencia es el estado de carácter permanente en que se encuentran las personas que, por razones derivadas de la edad, la enfermedad o la discapacidad, y ligadas a la falta o a la pérdida de autonomía física, mental, intelectual o sensorial, precisan de la atención de otra u otras personas o ayudas importantes para realizar actividades básicas de la vida diaria o, en el caso de las personas con discapacidad intelectual o enfermedad mental, de otros apoyos para su autonomía personal".

La Ley describe así los tres grados de dependencia:

Grado l. Dependencia moderada: cuando la persona necesita ayuda para realizar varias actividades básicas de la vida diaria, al menos una vez al día o tiene necesidades de apoyo intermitente o limitado para su autonomía personal.

Grado II. Dependencia severa: cuando la persona necesita ayuda para realizar varias actividades básicas de la vida diaria dos o tres veces al día, pero no requiere el apoyo permanente de un/a cuidador/a o tiene necesidades de apoyo extenso para su autonomía personal.

Grado III. Gran dependencia: cuando la persona necesita ayuda para realizar varias actividades básicas de la vida diaria varias veces al día y, por su pérdida total de autonomía física, mental, intelectual o sensorial necesita el apoyo indispensable y continuo de otra persona o tiene necesidades de apoyo generalizado para su autonomía personal.

La batalla política

Las ayudas a la dependencia no han sido ajenas a la controversia política con la llegada del nuevo Gobierno de PP y Ciudadanos. La consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, Rocío Ruiz (Cs), acusaba en junio al anterior Ejecutivo del PSOE, apoyado por la formación naranja, de haber paralizado deliberadamente el acceso al sistema de la dependencia "esperando a que hubiera fallecimientos" para permitir "nuevas entradas". Los socialistas negaron las acusaciones y exigieron la destitución inmediata de la consejera.

Según Ruiz, el anterior Gobierno también ocultaba a 35.000 andaluces que estarían en lista de espera, pero no aparecían en las cifras oficiales. En esas mismas fechas la consejera anunciaba la activación de un plan de choque dotado con 77 millones de euros.

Desde que accedió al cargo, Rocío Ruiz se venido mostrando singularmente severa con la gestión de sus antecesores socialistas en materia de dependencia, aunque nunca se le ha escuchado reproche alguno al hecho de que, durante la etapa de Mariano Rajoy, el Gobierno de España incumpliera sistemáticamente su obligación, prescrita por la ley, de costear el 50 por ciento del gasto en dependencia: la Junta ha llegado a financiar el 82 por ciento, frente al 18 por ciento asumido por el Gobierno.

En junio de 2018 en una sesión de control del Parlamento, la entonces presidenta Susana Díaz argumentaba así el compromiso de su Gobierno: “En Andalucía hemos mantenido a pulmón la dependencia a pesar de los recortes y de no recibir lo que nos corresponde, porque con el Gobierno de Rajoy han desaparecido 733 millones que deberían haber sufragado el sistema”.